Un panfleto político

"HA CONSTITUIDO siempre un axioma la subordinación del Ejército al poder civil. No es preciso gastar mucho tiempo para demostrar la necesidad de que este postulado se cumpla. En otra forma resultaría imposible el gobierno de la nación y la existencia misma del Estado". Estas contundentes frases, escritas por el teniente general Manuel Díez-Alegría, que fue jefe del Alto Estado Mayor a principios de los años setenta y que es uno de los pocos pensadores castrenses que alumbran nuestra historia, bien vale para encabezar nuestro comentario editorial de hoy.El manifiesto hecho público el sábado con la firma de cien oficiales y suboficiales ofrece unas claras connotaciones políticas y partidistas, que ha de impedir el empeño de los firmantes de arrogarse la representatividad de las Fuerzas Armadas y la expresión del ideario militar. Cualquier lector atento y con sentido común no tendrá mayores dificultades en establecer un estrecho paralelismo entre la soflama y los incendiarios artículos, firmados por civiles, que alimentan la ideología golpista y son publicados por la Prensa de ultraderecha. En este sentido, el documento parece, curiosa y paradójicamente, el vehículo a través del cual sectores mínimos y la sociedad civil de la Prensa, vinculados a las tramas golpistas, dirigen su dedo acusador contra el resto de los medios de comunicación que dan testimonio de la libre opinión pública de este país. Eso puede explicar la parcialidad, acritud e injusticia con la que los cien firmantes arremeten contra unas supuestas actitudes injuriosas que ellos se inventan para poderlas combatir. El manifiesto resulta así el compendio y la parodia de ese lavado de cerebro que la Prensa ultraderechista está aplicando, desde hace años, a los cuartos de banderas, a fin de transformar un Ejército disciplinado y profesional en una mesnada armada al servicio de sus intereses. Esa relación no camina en un solo sentido y no se pueden ignorar las conexiones entre aquellos civiles y militares unidos por esa misma ideología ultraderechista. Pero por lo menos ayudará a comprender que la autonomía de la que se jactan los firmantes es inexistente y que el presunto carácter de ideario militar de su proclama se diluye en la ideología político-partidista de un grupo que intenta imponerse a todos los españoles mediante la instrumentalización de las Fuerzas Armadas.

El manifiesto ofrece toda clase de anomalías en su contenido y en la manera de gestarse. La yuxtaposición en las firmas de oficiales y suboficiales parece querer transmitir un mensaje populista, casi tercermundista, de aproximación a los problemas sociales y económicos del pueblo llano. La evidente indisciplina que lleva consigo la preparación y el lanzamiento del documento muestra hasta qué punto sus promotores son insensibles a los valores de jerarquía, disciplina y cumplimiento de las Reales Ordenanzas que ellos mismo invocan.

Dado que los firmantes conocían de antemano las implicaciones disciplinarias de su infracción, no es imposible suponer que los promotores del texto trataran con su acto de encender la mecha de una protesta más general que desbordara la capacidad de respuesta de los mandos y convirtiera en un hecho consumado este tipo de comportamientos, inimaginables en un Ejército digno de tal nombre. La enérgica actitud de la Junta de Jefes de Estado Mayor, llamando a todos los jefes y oficiales a la unidad, y advirtiendo contra eventuales adhesiones al manifiesto, es en ese sentido una medida de autoridad y precaución digna de todo elogio.

Hay, a mayor abundancia, en el manifiesto dos interpretaciones -sobre la guerra civil y el 23 de febrero- nutridas exclusivamente de esa ideología político-partidista, recubierta de ideario militar, a. la que hacíamos referencia. Los firmantes falsean incluso la historia de "los hechos de armas más cercanos" y la actuación de las Fuerzas Armadas. como institución, en nuestro! conflictos internos. La guerra civil de 1936 no fue, aunque los ideólogos de la ultraderecha insistan en ello, el combate de España y su Ejército contra la anti-España, sino una lucha fratricida. que también dividió en dos sangrientamente a nuestras Fuerzas Armadas. Junto a esa visión parcial y partidista que constituye la base para acusar al Gobierno o los ayuntamientos por tratar de poner en paréntesis símbolos conmemorativos -en calles o monumentos- de la victoria de una mitad de España sobre la otra, figura la tentativa de exculpar a los responsables del 23 de febrero y de atribuir a los medios de comunicación el inventarse unos hechos que, para vergüenza de todos, se hallan grabados en una cinta de video y registrados en magnetófonos y fotografÍas al alcance de cualquier ciudadano. La afirmación de que los ataques a los acusados de rebelión se dirigen a toda la colectividad militar "con las consecuencias que ello dé lugar" es una opinión tan unilateral como inadmisible resulta la amenaza que conlleva.

Quienes injurian, atacan, dividen y denigran a las Fuerzas Armadas, para vergüenza de todo ciudadano español, son aquellos de sus miembros que protagonizan actos sediciosos y de indisciplina, calumnian al Rey y empañan con su comportamiento -en ocasiones delictivo- el honor del Ejército y el del uniforme al que sirven. La Prensa tiene, antes que el derecho, el deber de la crítica. Pero ni siquiera se ha ejercido la mayoría de las veces una crítica, sino una descripción de determinados hechos tan lamentables como concretos.

Por lo demás, la idea de que existen asuntos acotados, como la política de defensa o la organización más eficiente de las Fuerzas Armadas sobre los que sólo podrían opinar y decidir los militares, va no sólo contra toda lógica, sino también contra la -propia tradición y fundamento de los Ejércitos modernos. La Monarquía parlamentaria se asienta sobre la soberanía popular, y es a los representantes de los ciudadanos, reunidos en las Cortes Generales, a quienes corresponde decidir sobre todos los problemas y asuntos que conciernen a nuestra comunidad. Son las Cortes Generales las que aprueban los impuestos que luego pagan los ciudadanos y que se aplican, entre otras cosas, a la financiación de nuestra política de defensa. Y los medios de comunicación, transformados por el manifiesto de los cien en el chivo expiatorio del pluralismo político, social e ideológico de nuestro sistema, tienen el deber, más aún que el derecho, de informar y de opinar sobre todas las materias que son competencia de las Cortes Generales.

En resumen, el manifiesto de los cien merece todas las consideraciones de un panfleto político, al servicio de una ideología concreta de ínfima implantación entre los ciudadanos españoles y de claras connotaciones antidemocráticas. Y si hemos comenzado este editorial con unas palabras del general Díez-Alegría, bien merece las cerremos con otras muy precisas sobre la politización del militar: "El que el militar profesional sea apolítico no quiere decir, pues ello resultaría hasta monstruoso, que como individuo no sienta preocupaciones por la dirección de su país y hasta deje de experimentar mayor o menor simpatía por una u otra de las ideologías que se debaten en el campo político de su patria. Lo que no se puede hacer es sustentar esas teorías apoyándose en su condición de oficial, y mucho menos, hacerlas prevalecer reunido con sus compañeros como expresión del pensamiento del Ejército". Que es exactamente lo que han hecho los señores ciudadanos firmantes del escríto.