El Gobierno federal alemán acusado de xenofobia contra los emigrantes

Las nuevas medidas acordadas ayer por el Gobierno federal alemán de prohibir la agrupación familiar a los hijos de emigrantes mayores de dieciséis años, procedentes de países no pertenecientes a la Comunidad Económica Europea, y restringir la entrada de cónyuges han sido acogidas con indignación por los emigrantes españoles.

El obispo católico de Osnabrueek, Helmut Wittler, encargado de cuestiones de emigración por la Conferencia Episcopal alemana, calificó de "xenófobas", "anticonstitucionales" y "contrarias al Acta Final de la Conferencia de Helsinki" las nuevas medidas adoptadas por el Gobierno federal alemán.Aunque ya se esperaban, el Gobierno de Bonn parece haber ido demasiado lejos en sus planes para limitar el incremento del número de extranjeros residentes en el país. Las medidas que el Gobierno federal -una coalición de socialdemócratas y liberales- recomienda a los Estados federales afecta a hijos y cónyuges de emigrantes procedentes de países no comunitarios. Las medidas acordadas que afectan directamente a los españoles son:

1. No se permitirá establecer residencia en la RFA a los hijos de emigrantes mayores de dieciséis años (hasta ahora el límite eran dieciocho), si residen ahora en los países de origen. Esto significa que si tes están en un colegio en España para hacer el bachillerato no podrán al terminar reunirse con su familia, residente en la RFA.

2. Tampoco se permitirá establecerse en la RFA cuando sólo uno de los cónyuges viva allí, salvo en casos de divorcio, a los hijos que ahora no residan en la RFA. Esta medida afecta a los emigrantes españoles que viven separados por motivos de trabajo, por falta de vivienda o porque la madre está con los niños en España para asistir a la escuela española.

3. En los casos de matrimonio con un cónyuge no residente en la RFA, la nueva normativa exige que se lleve más de ocho años de residencia en el territorio federal y además un año de espera, después de contraer matrimonio. Esto significa que un joven español que vive en la RFA desde hace dos años, si se casa con una chica española residente en España actualmente, tendría que esperar siete años para poder llevar a su esposa a residir a la RFA.

Las medidas, acordadas por el Gabinete ayer en Bonn, se consideran un escándalo, según líderes de las organizaciones españolas de emigrantes. El sacerdote Jesús Hernández, encargado de cuestiones de formación de los capellanes españoles, declaró a este periódico que "aproximadamente, un 20% de familias emigrantes españolas viven en situación de separación, por los motivos más diversos", y quedan afectadas por las nuevas medidas.

La Confederación de Asociaciones Españolas de Padres de Familia en la RFA, que agrupa a 125 organizaciones, con 9.000 familias y 18.000 niños, denuncia que "la familia de extranjeros se ha convertido en pelota de juego de los intereses nacionales y económicos".

El obispo católico Wittler escribió una carta al canciller federal, Helmut Schmidt, en la que dice: "En mi opinión esas medidas atentan contra derechos fundamentales de la familia, contra la dignidad humana, contra el derecho al matrimonio y a fundar una familia y el derecho de los padres a determinar el número de hijos".

El obispo dice que la creciente xenofobia no puede encontrar eco en leyes xenófobas", y denuncia que las medidas "antentan contra derechos fundamentales consagrados en la Constitución, derechos fundamentales del Acta Final de HelsInki.

Portavoces del Gobierno federal justificaron ayer las medidas con expresiones como "aquí no obligamos a venir a nadie" y "se puede aplicar la Constitución a todo el mundo. El ámbito de apliación de la Constitución está restringido a los residentes en el país". Otros decían: "somos el país europeo más liberal con los extranjeros".

Las medidas se aplican a todos los emigrantes de países no comunitarios, por lo que cabe ahora la pregunta del significado verdadero de las tan socorridas expresiones de apoyo de Bonn "a la joven democracia española". El Gobierno federal no consideró oportuno excluir de las medidas a España y Portugal, que están ante la puerta de ingreso en la Comunidad Económica Europea.

Un portavoz de emigrantes españoles se manifestaba ayer en Bonn indignado "ante la hipocresía de este país, que se lamenta y organiza una campaña por una pareja que queda separada en un país del Este y ahora impone por ley la separación a matrimonios emigrantes".

El artículo 6 de la Constitución de la RFA establece que "el matrimonio y la familia están bajo la protección particular del orden estatal", pero este principio parece no tener aplicación para la familia emigrante.