Felipe González acusa al Gobierno de incumplir sistemáticamente todos los pactos que suscribe

Felipe González, secretario general del PSOE, puso en duda ayer, ante el Pleno del Congreso que debate los Presupuestos del Estado para 1982, la validez de la palabra del Gobierno en los diferentes pactos suscritos por el mismo con su partido, con otros partidos, con las comunidades autónomas, con los sindicatos o con cualquier otra organización. Nicolás Redondo, secretario general de UGT, minutos antes, había amenazado al presidente Calvo Sotelo desde la tribuna de oradores con un inminente otoño caliente si no cambiaba su política y hacía honor a los pactos suscritos. «No hay persona más radical», dijo, «que un moderado engañado»

.La gravedad de estas afirmaciones, inesperadas en una sesión que transcurría de forma mecánica y con el objetivo de culminar el dictamen de los Presupuestos. se produjo tras la iniciativa del Gobierno a asumir una enmienda socialista relativa a una partida de ochocientos millones que figura en el proyecto de ley «para actividades socioculturales y de formación de los sindicatos». Nicolás Redondo pidió que se cambiara el epígrafe por el texto del acuerdo firmado en junio por los ministros de Trabajo, Jesús Sancho Rof, y de Economía y Comercio, Juan Antonio García Díez, con las centrales sindicales UGT y CC OO. Redondo levó el citado acuerdo que es el siguiente:

«La Administración facilitará a la firma de este acuerdo un inventarío de los inmuebles procedentes del patrimonio sindical acumulado, vacantes el día 9 de junio de 1981».

«En el plazo de un mes, la comisión de transferencias de la AISS (antiguo sindicato vertical) negociará con las orqanizaciones firmantes del Acuerdo Nacional sobre Empleo, respectivamente, y asignará en usufructo o cesión de uso a las organizaciones representativas de trabajadores y empresarios de todos los inmuebles citados».

A primeros de septiembre de 1981 estarán entregados todos los locales que se hayan acordado en dicha negociación, siempre que exista acuerdo previo respecto de los que correspondan a las centrales sindicales firmantes. Para aquellos inmuebles que sea necesario liberar se acordará un plazo mayor en la negociación a que se refiere el párrafo segundo, dentro del plazo máximo del 1 de octubre.

En los proyectos de Presupuestos Generales del Estado para cada uno de los años 1982, 1983 v 1984 se consignará una partida de ochocientos millones de pesetas en concepto de subvención a la consolidación sindical en pesetas de 1982. Las centrales sindicales firmantes presentarán una propuesta para la distribución de las citadas subvenciones. Estas tendrán carácter de a cuenta de cualquier futura liquidación del patrimonio sindical acumulado. UGT y CC OO se comprometen a no plantear otras reclamaciones sobre el patrimonio sindical acumulado en un plazo de tres años.

El Gobierno, a través de Sancho Rof y en presencia del presidente, Calvo Sotelo, reconoció la veracidad de tal documento. pero se negó a incluirlo textualmente en los Presupuestos, y dijo que con el epígrafe que aparecían los ochocientos millones en el proyecto de ley consideraban cumplido su compromiso.

Nicolás Redondo, desde la tribuna, insistió en leer una y otra vez el texto para dejar patente el incumplimiento manifiesto del Gobierno «por haber cedido a las presiones de la CEOE», de lo que tan sólo hace cuatro meses había firmado. Estamos a finales de noviembre, y no ha habido negociación sobre la cesión de uso o usufructo de los locales de la AISS, y mucho menos se han entregado dichos locales, dijo Redondo. Los ochocientos millones, por otra parte, figura en el acuerdo como entregas a cuenta del patrimonio acumulado, y ahora», añadió, «se niegan ustedes a reconocerlo. Se ha montado toda una campaña insidiosa, promovida por la CEOE, en la que se ha dicho que el pacto fue secreto y que se pretendía relegar a otras centrales, y ello es incierto. Pero ustedes que saben que es incierto», añadió, dirigiéndose al Gobierno, «y reconocen, porque no pueden hacer otra cosa, que firmaron esos acuerdos, los incumplen ahora de forma descarada y se pliegan a las presiones de la gran derecha».

"Engaño a los sindicatos"

«¿Qué confianza podemos tener en ustedes para poder luchar contra el paro, contra el terrorismo y contra la crisis económica?, señor Calvo Sotelo, usted ha dilapidado un importante activo para el Gobierno. Ha engañado deliberadamente a dos centrales sindicales que estábamos llevando una política moderada y responsable. Preveo un otoño caliente. La radicalización de la derecha conduce inevitablemente a una radicalización del movimiento obrero si de inmediato no se modifica la política" manifestó el lider ugetista.

Jesús Sancho Rof, de nuevo, insistió en que el Gobierno cumplía los pactos con la inclusión que figuraba en el proyecto de ley de Presupuestos. Y aseguró que el Gobierno interpretaba en el texto del acuerdo que el compromiso en cuanto a la expresión «a cuenta de cualquier futura liquidación del patrimonio sindical acumulado» correspondía a los sindicatos, y no al Gobierno. Sancho Rof dijo que tal expresión significaba que la cantidad de ochocientos millones, a conceder por los Presupuestos de 1981 a 1983, deberían ser reintegradas por los sindicatos al Gobierno en el caso de que se procediera a la liquidación del patrimonio acumulado.

UCD, tras pactar con el PNV la inclusión, en el epígrafe polémico del proyecto de ley, del término «centrales sindicales más representativas», para asegurar la presencia del sindicato nacionalista ELA-STV en el reparto de los ochocientos millones, derrotó la enmienda socialista. Nicolás Sartorius, en nombre del PCE, explicó por qué habían apoyado la enmienda del PSOE, y asumió públicamente todo lo dicho por Nicolás Redondo. Sartorius, tras hacer un recuento de los distintos dictámenes a favor de la devolución del patrimonio acumulado, se dirigió al banco azul y preguntó: «¿Qué va a pasar con ese compromiso de cesión de locales si García Díez y Sancho Rof desaparecen la semana que viene del Gobierno?».

En explicación de voto por el Grupo Socialista subió a la tribuna Felipe González, y en un clima de gran expectación, con un lenguaje moderado en el tono, explicó con firmeza que era la tercera vez que se veía obligado a intervenir sobre el tema del patrimonio en las Cortes. Tras referirse a los distintos dictámenes y acuerdos que han reconocido que el Gobierno debe devolver a las organizaciones socioprofesionales el patrimonio sindical acumulado, manifestó que estábamos ante un problema de «fuero, y no de huevo».

«Lo que estamos presenciando es una vuelta atrás del Gobierno. En junio, este mismo Gobierno reconoce explícitamente, igual que las centrales sindicales, que hay una vinculación entre la cantidad y la finalidad para la que se hace la entrega de los ochocientos millones: a cuenta de un derecho». Felipe González dijo que este derecho es lo realmente importante, y no los ochocientos millones. Lo que ocurre es que el Gobierno ha firmado un documento y no lo cumple. Lo ha convertido en papel mojado, y en papel mojado se convierte la credibilidad de un Gobierno que no cumple.

El líder socialista dijo finalmente que un Gobierno que firma un papel y a los cuatro meses éste no sirve, plantea un problema esencial de credibilidad, y puso en duda, ante la presencia callada de Calvo Sotelo, la validez de la palabra del Gobierno en los diferentes pactos.

Tras la intervención de Felipe González, el ministro de Economía y Comercio, Juan Antonio García Díez, tomó brevemente la palabra para asegurar que el Gobierno ha cumplido sus compromisos.

Por otra parte, el Pleno del Congreso, en una sesión muy rápida y con el objetivo de concluir en la misma el dictamen de los Presupuestos, aprobó, con escasas y poco importantes modificaciones, la mayor parte de los presupuestos de las distintas secciones ministeriales. Enrique Tierno Galván, en el debate de la sección de Obras Públicas, defendió una enmienda del PSOE para que se incluyeran las cantidades previstas en los acuerdos municipales para ordenación de planes parciales.