Protección del Monte de El Pardo

La proposición de ley de protección del Monte de El Pardo y su entorno es el resultado de una iniciativa de verdadera base popular, que arranca de no pocos grupos de estudio y comisiones de ecologistas, biólogos, economistas, sociólogos, etcétera, que de una u otra forma, en el curso de los últimos años, manifestaron su inquietud por este espacio verdaderamente único de Madrid y de España entera. Sin embargo, las sucesivas preocupaciones expresadas, a pesar de sus muy meritorios propósitos e indudables aportaciones, no llegaron a plasmarse en ningún documento final con incidencia efectiva en la realidad. Y fue teniendo en cuenta tales experiencias como el 8 de enero de 1980 se formó, en el marco del Ayuntamiento de Madrid, un nuevo grupo de trabajo, constituido por multitud de participantes, que, renunciando a cualquier clase de formalismos burocráticos, tomó en consideración los intereses públicos en presencia y asumió todos los antecedentes. Y, al tiempo de emprender su labor, se fijó el firme propósito de culminarlo en una proposición de ley de protección del Monte de El Pardo y su entorno que, en su día, pudieran suscribir los grupos parlamentarios con representación por la provincia de Madrid en el Congreso de los Diputados.A lo largo de las numerosas sesiones celebradas por el grupo de trabajo, los representantes de las diversas entidades contribuyeron con su esfuerzo decidido y generoso. Muestra de ello es la documentada memoria, justificativa de la proposición, de 152 páginas, en la que se hace un estudio a fondo del espacio a conservar: la amplia superficie, de 56.530 hectáreas, que desde la Casa de Campo, en Madrid capital, llega, al norte, a la divisoria de aguas (La Cuerda Larga), que separa los valles de los ríos Manzanares y Lozoya, en plena sierra de Guadarrama.

El grupo de trabajo desarrolló su actividad sin interrupción durante nueve meses. Y, finalmente, la proposición de ley quedó lista el 3 de octubre de 1980, tras recogerse casi un centenar de observaciones presentadas por las distintas entidades que participaron en el estudio: leona, Diputación Provincial, Coplaco, Patrimonio Nacional, Universidades Complutense y Autónoma de Madrid, Adelpha, Aepden, Fepma, grupos ecologistas del PCE y del PSOE e Instituto de Ingeniería Civil de España.

Después, durante un tiempo también largo -y en medio de los avatares de la vida política-, el director y el coordinador del estudio (el profesor Fernando González Bernáldez y quien firma este artículo, respectivamente) mantuvimos varias reuniones con los portavoces ecológicos de los Grupos Parlamentarios de UCD, CD, PSOE, PCE y Grupo Mixto. A la postre, no conseguimos que UCD ni CD suscribieran la proposición, pero es casi seguro que la apoyarán a la hora de su toma en consideración.

Y vayamos al motivo de la proposición finalmente presentada el 28 de octubre de 1981: asegurar la protección, por razones ecológicas y medioambientales, del territorio del Monte de El Pardo y su entórno, que fuera de toda duda constituye una unidad natural que, por una serie de razones geográficas e históricas, se ha visto escasamente afectada hasta ahora por el proceso de urbanización.

El espacio así delimitado, la villa de Madrid y otros municipios (Colmenar Viejo, Hoyo de Manzanares, Las Rozas, etcétera), están íntimamente relacionados, al menos desde que, en el siglo XIV, el Monte de El Pardo se convirtió en coto de caza real por sus excepcionales condiciones para la actividad cinegética.

En este sentido, no es aventurado afirmar que la propia capitafldad de Madrid se debe a la existencia y proximidad del monte.

Aún hoy es posible leer en el paisaje de la vertiente sur de la sierra la unidad que desde el Ventisquero de la Condesa y La Pedriza se extiende, primero en forma de riscos y alta montaña, pasando después a los pastizales, a las dehesas y manchas forestales, hasta llegar a la Casa de Campo. Son tierras situadas a uno y otro lado del Manzanares, verdadero eje vertebrador de todo un corredor verde que constituye la base fisica por la que discurren arroyos y ríos, y por la que sopla el viento del Guadarrama. Por ahí llegan aire limpio y agua potable al denso conglomerado urbano madrileño, de cinco millones de habitantes, que se ve cada día más agobiado por contaminaciones de todas clases y por toda suerte de amenazas medioambientales.

Es preciso defender ese gran espacio seminatural de Madrid para evitar los impactos negativos y las amenazas que sobre él pesan, que podrían representar, a no tan largo plazo, su disgregación en manchas inconexas y su destrucción irreversible, con consecuencias de gravedad incalculable. Ello es especialmente cierto si sabemos apreciar cómo en el norte del área urbana madrileña han surgido nuevos barrios y urbanizaciones, que ahora-más que nunca hacen indispensable una gran zona de protección como la que se define en la proposición de ley, que comenzando en la misma trama de la ciudad (la Casa de Campo, El Pardo, el polígono de Valverde, etcétera) permita contener y preservar el amplio espacio antes definido, defender sus valores históricos y naturales y garantizar el libre movimiento de aires y aguas limpias entre la sierra y el contorno urbano. Con la importante particularidad adicional de que un corredor verde como éste podrá ser zona de protección -y en sus áreas visitables, de disuasión-para frenar la dramática erosión humana que padece la ya muy castigada Sierra de Guadarrama.

Por otra parte, al grupo de trabajo nos pareció que, siendo la vocación del Monte de El Pardo y su entorno la propia de un espacio de uso y disfrute protegido, debe servir, al tiempo, de marco para la educación ambiental de la población. Ciencia y naturaleza deben ir siempre de la mano. Destaquemos, por último, lo esencial de la proposición de ley:

- La clara delimitación del ámbito territorial a proteger, para acabar definitivamente con invasiones destructivas.

- La zonificación de su espacio, a fin de dar su función específica a las distintas zonas, conservando su riqueza natural, artística y rural.

- La fijación de restricciones generales, para evitar toda suerte de erosiones que son pérfectamente controlables antes de quedarnos con el solo recurso del lamento.

- El establecimiento de las bases de un plan director territorial de coordinación, así como la constitución de un patronato representativo, con las máximas competencias, y cuyo presidente de honor sería el Rey.

- La clara definición de previsiones sobre financiación, para no caer en la eterna excusa hispana del no hay dinero.

- La determinación de las bases para el plan rector de uso y gestión, garante del buen aprovechamiento de un patrimonio único, que por ello mismo debe ser respetado por todos.