Sancionados trece defensores del 23-F por cuestionar la actuación del juez García Escudero

Trece de los defensores de los militares golpistas procesados por los sucesos del pasado 23 de febrero han sido sancionados por el Consejo Supremo de Justicia Militar en relación con un escrito presentado ante este organismo el pasado día 8 de octubre, en el que se cuestionaba la actuación del consejero togado José María García Escudero, juez especial en la instrucción sumarial del caso. Las sanciones consisten en una multa de 10.000 pesetas a doce de estos defensores y en un correctivo de ocho días de arresto al capitán del Ejército del Aire Antonio Hernández Griñó, representante de tres de los procesados por esta causa.

Los defensores sancionados, además del ya citado capitán Hernández Griñ6, son Angel López-Montero Juárez (teniente coronel Antonio Tejero), Pedro Liñán Lechuga (capitán Francisco Ignacio Román), Antonio Eduardo Pereira (capitán José Cid Fortea), José Luis Sanz Arribas (capitán Enrique Bobis González), Dimas Sanz López (capitán Francisco Acera Martín), José Zugasti Pellejero (capitán Juan Batista González), Guillermo José Salva Paradela (teniente César Alvarez Fernández), Santiago Segura Fern (teniente Vicente Carricondo Sánchez), Jesús Gómez García (capitán José Alvarez-Arenas Pardiñas), Gerardo Quintana Aparicio (general de división Luis Torres Rojas), Antonio Muñoz Perea (capitán de complemento José Pascual Gálvez) y Julio Ortiz Ortiz (teniente Pedro Izquierdo Sánchez).El capitán Hernández Griñó, único defensor militar firmante del escrito, defiende en esta causa a los tenientes Santiago Vecinos Núñez, Manuel Boza Carrasco y Jesús Alonso Hernaiz. Hernández Griñó, por su condición de militar en activo, no ha sido sancionado de igual forma que sus doce compañeros civiles, por lo que le ha sido aplicado un correctivo de ocho días de arresto.

En el auto dictado por el Consejo Supremo de Justicia Militar se considera que los firmantes del escrito han incurrido en una infracción disciplinaria al faltar al respeto debido al juez con la siguiente frase: «Creemos que hasta el más modesto de los oficiales de un juzgado de paz español lo habría hecho mejor, dicho sea en términos de respetuosísima defensa». Este órgano jurídico castrense señala asimismo que «el párrafo trasciende de la crítica de una decisión judicial » y añade que «no admite excusa el menosprecio que refleja la expresión reproducida».

La agencia Europa Press informó ayer de fuentes de estos abogados que en el auto dictado por el Consejo Supremo de Justicia Militar se incluyen términos que, en opinión de éstos, "no aparecen en el mencionado escrito". Angel López-Montero, abogado del teniente coronel Tejero, manifestó a la citada agencia informativa que la primera reacción de los sancionados ha sido de «indignación, ya que creemos que en todo momento hemos actuado conforme a derecho», y precisó que no comprendían el motivo de la sanción.

En este sentido, mediante comunicado, se expresaron también ayer los abogados Guillermo Salva y Julio Ortiz, quienes significaron que la sanción impuesta no les ha supuesto «la más mínima mella, más bien al contrario». El comunicado dice, entre otros aspectos, que «por encima de todo ello están los sagrados intereses de nuestros defendidos», y agrega que, independientemente de que recurran contra dicha corrección, la decisión judicial les resulta «muy desagradable».

Estos abogados, algunos de los cuales fueron advertidos en su día por el juez militar sobre posibles faltas de ética profesional por las filtraciones que se produjeron del ,sumario el pasado verano, han intentado en varias ocasiones obtener la nulidad del proceso, siempre con resultados negativos. Asimismo han tratado de implicar al rey Juan Carlos en la intentona golpista, solicitando que declare judicialmente, contra lo que prevé expresamente la Constitución. Precisamente esto último fue denegado recientemente por el general togado José de Diego, juez instructor del plenario.

La campaña desatada en su día contra el juez García Escudero no tuvo apenas eco en los medios de comunicación, salvo en el periódico ultraderechista El Alcázar, quien, en una información publicada el día 2 de septiembre pasado, a toda plana, bajo el título «El proceso del 23-F es anticonstitucional », decía, atribuyéndole a algunos de estos abogados, que «García Escudero ni siquiera figuraba en el turno de auditoría del Ejército de Tierra o de la Armada y, a su vez, es letrado en activo de las Cortes, lugar donde se produjeron los sucesos y en cuya tribuna de espectadores, al parecer, se encontraba en aquellos momentos». La información continuaba de la siguiente forma: «Por si fuera poco, nos consta que siendo yo designado juez especial, un artículo suyo apareció en el diario Ya prejuzgando que uno de los procesados se había equivocado, y elogiando la dignidad silenciosa de la Cámara».

Citados a declarar once guardias

Paralelamente a este asunto, el Consejo Supremo de Justicia Militar ha dictado una providencia por la que se cita a declarar, en relación con el 23-F, a once guardias civiles, tres de ellos cabos, los próximos días 20, 23 y 25 del presente mes. Estos guardias civiles, cuya declaración la harán en la prueba testifical propuesta por el fiscal togado, participaron en el asalto al Congreso. La relación de nombres es la siguiente: cabos Núñez Burgos, Cantos Galán y García de la Torre, y los números Barriga Agudo, Domínguez Franco, González Díez, Iglesias Posadas, Muñoz Rojo, Peláez Martín y Rapela Ruiz.

El Consejo Supremo de Justicia Militar, cuya presidencia ostenta el teniente general del Ejército Luis Alvarez Rodríguez, lo componen diez consejeros militares y seis consejeros togados, más un fiscal y un secretario.