Ambigua oposición de Minoría Catalana al proyecto de ley

«De entrada, no». Con esta frase, tomada de la campaña socialista sobre el ingreso de España en la OTAN, Ramón Trías Fargas, en nombre de Minoría Catalana, inició el turno de intervenciones en contra del proyecto de ley de Presupuestos del Estado para 1982, en la segunda jornada de debates en el Pleno del Congreso. La ambigüedad del lema, irónicamente escogido por Trías, dejaba en el aire la duda de si a la hora de votar las enmiendas a la totalidad Minoría Catalana lo haría al lado del Gobierno o en contra del mismo.Ramón Trías centró sus críticas fundamentalmente en las previsiones de déficit público, en la financiación de éste y en las medidas fiscales, además de insistir en la necesidad de que se arbitren mayores inversiones para Cataluña. Dijo que estos son unos presupuestos elaborados sin que exista un plan económico del Gobierno; el sector público crece por inercia e incompetencia; que se incrementa el déficit sin compensaciones técnicas que palien sus efectos para la empresa privada, y que se incrementa la presión fiscal sobre la inversión privada y sobre las clases más humildes.

Luis Gámir, en nombre de UCD, replicó -sin contestarle- al diputado de Minoría Catalana. Gámir expuso ante el pleno una lección académica sobre las diferencias entre el paro keynesiano y el paro neoclásico; aseguró que los presupuestos hacían compatible la lucha contra la inflación, la política fiscal y las medidas contra el paro, e insistió en la interdependencia de nuestra economía con las economías de los países occidentales.

Ramón Tamames, por el Grupo Mixto, defendió a continuación su enmienda a la totalidad. Desmontó puntualmente, en su intervención, las afirmaciones del presidente Calvo Sotelo la víspera. Tamames rebatió la acción nuclear, afianzada según Calvo Sotelo, poniendo en duda su bondad y recordando la paralización de Almaraz y Lemóniz. Recordó que la disminución en un punto de la inflación supone 200.000 parados más y el encarecimiento del dinero; manifestó que no hay una política de reconversión industrial y dijo que el INI, en contra de las afirmaciones del presidente, está en franca bancarrota, y que por ello se tiene que recurrir a la deuda para financiarlo. Dudó de las intenciones del Gobierno en reformar la Seguridad Social (recordó. la dimisión de José Varea, que presuntamente abandonó la misma por no permitírsele poner las cuentas en claro), y dijo que lo único que pretende UCD es prepararse con ventaja, haciendo dimitir a Castedo de RTVE y elaborando un nuevo proyecto de la ley electoral, para convocar elecciones. Añadió que la economía se encuentra en una situación muy grave, sin que el Gobierno haga nada ni plantee ningún horizonte de futuro.

José. Manuel García Margallo, en nombre de UCD, descalificó las palabras de Tamames por no ajustarse al contenido de los presupuestos, y reiteró los puntos de vista expuestos por Calvo Sotelo. Juan María Bandrés, de Euskadiko Ezkerra, pidió también la devolución de los presupuestos al Gobierno. por la inexactitud de sus previsiones económicas, por la regresividad de las modificaciones fiscales y por una presunta discriminación en inversiones para el País Vasco con respecto a Navarra y al resto de España.

Municipios y fondo de intercompensación

Ernest Lluch, por el PSC-PSOE, circunscribió sus críticas presupuestarias, fundamentalmente, a los temas municipales y al fondo de compensación interterritorial. Comenzó haciendo una exposición de los presupuestos dedicados por los municipios a la inversión, al pago de personal y a la compra de bienes y servicios. Estos porcentajes, comparativamente con los del Estado, muestran un mayor incremento en inversiones, un menor crecimiento en salarios y una fuerte reducción en las adquisiciones de bienes y servicios. Jaime García Añoveros, titular de Hacienda, replicó al diputado socialista, recordándole que la mayor financiación de la Seguridad Social y de las subvenciones de desempleo impiden al Estado, que tiene que soportar estas cargas, equiparar e incluso mejorar la gestión presupuestaria descrita por Lluch para los municipios.

El diputado del PSC-PSOE, por otra parte, reiteró su apoyo a los pactos autonómicos de su partido con el Gobierno y a la figura del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI). Aunque añadió que no estaba de acuerdo con los proyectos que se habían adjudicado al fondo, por entender que eran meras descentralizaciones de los que ya estaban previstos en los distintos, departamentos. Acusó duramente al Gobierno de falta de política regional y de estar fomentando con su actitud los agravios entre las distintas regiones.