El Fondo de Garantía de Depósitos entra en el Banco de Descuento

El Fondo de Garantía de Depósitos Bancarios, propiedad del Banco de España y de la banca privada, y creado para resolver crisis bancarias, se hizo cargo ayer del Banco de Descuento, entidad con 2.250 millones de pesetas de capital, 330 trabajadores y 26 oficinas.La operación fue anunciada a mediodía, cuando los representantes del Fondo sustituían al anterior consejo de administración, después de una larga negociación. Los anteriores consejeros han atendido los requerimientos para ceder su propiedad al precio de una peseta por acción, a la espera de que una auditoría fije precio definitivo. Asimismo han comprometido un conjunto de garantías personales y reales para cubrir riesgos del banco, según se anunció oficialmente.

El Fondo de Garantía controla así el 80% del capital del Banco de Descuento. Al parecer, un 60%, aproximadamente, procede del grupo empresarial Castellana 13 (domicilio de la sede central del banco), formado por algunos de los consejeros salientes; el resto corresponde a acciones directamente en manos de éstos y acciones de autocartera de la entidad. El otro 20% está repartido entre más de 700 accionistas.

Ahora, la intención de los nuevos consejeros, en su mayoría juristas, según fuentes próximas a los mismos, es meterse a fondo en los problemas del banco y repetir las operaciones habituales en estos casos para aflorar y asumir pérdidas.

En total, los depósitos de clientes del Banco de Descuento ascienden a 16.500 millones de pesetas, según la información facilitada ayer. A finales de septiembre, de acuerdo con los datos proporcionados al Consejo Superior Bancario, el banco tenía 17.325 millones de pesetas de clientes; de ellos 6.000 en cuentas a la vista, y 9.679, en imposiciones a plazo inferior a dos años. En las mismas fechas debía a otras entidades de crédito y ahorro 3.458 millones, mientras que sus disponibilidades de caja y en entidades de crédito y ahorro eran de 1.872 millones. En sus carteras de inversión tenía casi 17.000 millones; de ellos, 4.600 en efectos, 1.500 en títulos y 10.300 en créditos.

Al entrar el Fondo, garantizando el tope actual de 1,5 millones de pesetas por cuenta, el Banco de España solicitó ayer a todos los bancos, cajas y cooperativas de crédito que no actúen restrictivamente con el Descuento, debido a que se ha puesto en marcha la operación de saneamiento.

Un litigio de interés

Uno de los principales objetivos de ésta, según las impresiones recogidas ayer en medios financieros, será recobrar los créditos otorgados por el Descuento para la operación, actualmente en litigio, de recompra y posterior venta a Rumasa, por parte de Castellana 13, de un tercio de las acciones del Banco de Descuento. EL PAIS no pudo ayer conocer el importe de dichos créditos; fuentes del banco y de sus nuevos directivos alegaron secreto bancario, mientras las de Rumasa se limitaron a indicar que el pleito sigue y los representantes legales de Castellana 13 no fueron accesibles.El litigio, al parecer sometido a un pacto de silencio y en el que se juegan unos 4.500 millones de pesetas, tuvo su origen en febrero de 1975, casi dos años después de crearse el banco, al amparo de la legislación de Monreal Luque.

Por aquellas fechas, Rumasa compró a un grupo de personas, por 1.164 millones de pesetas, cerca de un 30% de las acciones. Ocho meses después, el entonces presidente, Jaime Camuñas, hermano del ex ministro y diputado de UCD, llegó a un acuerdo de recompra por 3.356 millones de pesetas (unos 2.200 más que el precio pagado). El paquete fue adquirido por el grupo Castellana 13, que debía pagar 500 millones en aquel momento, y el resto, en letras avaladas por el banco y espaciadas, la última con vencimiento a 9 de octubre de 1979.

Pero Camuñas fue cesado en agosto de 1977, con críticas de "excesivamente personalista", y sus sucesores esgrimieron en abril de 1979 una cláusula del contrato, mediante la cual Rumasa podría, en el último semestre, ser obligada a recomprar el paquete completo y pagarlo en tres anualidades iguales.

El grupo Ruiz Mateos contestó que la cláusula estaba condicionada al pago total del precio pactado, y como no lo había recibido, ejecutó a través de sus bancos las letras del último vencimiento. Unas fueron inicialmente desestimadas por los tribunales, y otras, ejecutadas, dando lugar a embargos, que fueron recurridos por los afectados previo depósito.

En este contexto, a mediados de junio de 1980, los responsables de Castellana 13 y del Descuento alegaron presunta ilegalidad en la primera compra de Rumasa, pues la legislación bancaria prohibe la transmisión de títulos de los bancos de nueva creación durante los dos primeros años, período ampliado en agosto de 1974 a cinco años. Y demandaron judicialmente a Rumasa por presunto enriquecimiento injusto, reclamando 2.706 millones de principal, más intereses.

Ante el eco de la polémica jurídica en la prensa, las dos partes se sentaron a negociar, a invitación del presidente de la patronal bancaria, Rafael Termes, quien expresó preocupación por la imagen del sistema bancario. Desde entonces no ha trascendido nada.