Solchaga: "El Gobierno ha traicionado el espíritu del Acuerdo Nacional sobre Empleo"

El Gobierno «ha traicionado el espíritu de concertación que informa el Acuerdo Nacional de Empleo», manifestó ayer Carlos Solchaga, diputado socialista vasco, en la defensa de la enmienda a la totalidad de su grupo al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 1982. Argumentó tal traición en el mayor peso para las clases menos potentadas de los costes de financiación de los acuerdos del ANE.

Los ministros de Economía y Comercio y de Hacienda, Juan Antonio García Díez y Jaime García Añoveros, replicaron al diputado socialista e intercambiaron acusaciones con el mismo sobre falta de responsabilidad y demagogia.Solchaga, que enmarcó la discusión de los Presupuestos en la situación actual, se refirió a que nunca había coincidido debate tan importante con debilidad mayor del Gobierno y con mayores acosos a las instituciones por los enemigos de la democracia. Y todo eso, dijo, cuando existe el mayor orden ciudadano y un comportamiento popular ciertamente ejemplar. «Y esta es, sin duda, la causa del desasosiego que la discusión de estos Presupuestos en comisión ha causado a muchos». No se trata de que haya o no un enfrentamiento entre el Gobierno y la oposición sobre cómo se recauda el dinero del Estado y cómo se ha de gastar éste; « se trata de comprobar si todos, Gobierno y oposición, estamos aquí en nuestros papeles y defendiendo con dignidad nuestras posiciones».

El diputado vasco aseguró que su grupo va a ejercer un estos debates, en el Pleno, el papel responsable que como primer partido de la oposición le corresponde. Manifestó, concretando ya su enmienda, que estos Presupuestos respondían a una clara política de derechas y que era notoria la falta de sensibilidad del Gobierno hacia determinados problemas sociales. «Estos presupuestos no van a servir para luchar seriamente contra la crisis económica que atraviesa España, y no reflejan en su conformación el único medio que tenemos para afrontarla: la solidaridad de todo el pueblo y el reparto justo de las cargas sociales».

Contra la corriente de la historia

«Esperar que por los mecanismos simples del mercado la crisis se solucione mediante la supervivencia de los más aptos es, en las condiciones actuales de este país, simplemente suicida. Decir que no se puede llegar a una mayor magnitud del sector público para luchar contra este estado de cosas, es sencillamente hipócrita. Afrontar con temor la expansión del sector público es ir contra la corriente de la historia, alargar las condiciones críticas en el tiempo y aumentar los sufrimientos de los más menesterosos».

A continuación se refirió a la falta de responsabilidad del Gobierno. Recordó que el año pasado había prometido un crecimiento de la economía del 2,5% al 3% y que éste no va a llegar al 1%. Y resaltó que esta diferencia se traduce en 40.000 o 50.000 parados de más. Las cifras de déficit público prometidas entonces por el Gabinete también están claramente desbordadas. En estas condiciones, añadió Solchaga, «no podemos, creer que con estos Presupuestos se vayan a cumplir en 1982 -lo que no ha ocurrido en años anteriores- las previsiones de crecimiento económico, déficit público y creación de empleo ».

Solchaga manifestó que de nada sirve la moderación salarial si no va acompañada de una expansión decidida de la inversión pública. En los tiempos de crisis los objetivos de política económica, en especial los de crecimiento y empleo, «deben garantizarse por la política fiscal y presupuestaria ». Esto no sucede, a juicio de Solchaga, en los citados Presupuestos; en los gastos fiscales; se favorece claramente a las clases más potentadas y a los grandes empresarios en detrimento de los trabajadores y de las clases más modestas. El déficit va a crecer en 1982, no porque aumente excesivamente la inversión pública, sino porque «este Gobierno que pidió de los trabajadores el sacrificio de la moderación salarial no ha sido luego capaz de solicitar de los ciudadanos y empresas contribuyentes que aporten también su solidaridad en la lucha contra el paro, soportando un nivel superior de presión fiscal».

El ministro de Hacienda, que tras la intervención de Calvo Sotelo había ya justificado los Presupuestos en la crisis económica y en la nueva configuración regional y local del Estado, contestó a Solchaga diciendo que las medidas tributarias adoptadas eran progresivas y que la reforma tributaria no estaba retrocediendo. Sobre la enmienda transaccional de UCD, introducida en la comisión, que reflejaba una nueva tarifa para el impuesto sobre la renta de las personas físicas, ambos diputados manifestaron interpretaciones diferentes. Mientras para el ministro favorecía a las clases más modestas, para Solchaga -según los cálculos de su partido- supone una mayor presión fiscal para rentas del trabajo superiores al millón de pesetas.

El ministro de Economía, por su parte, aseguró que el incumplimiento de los objetivos de los Presupuestos para 1981 se había debido al ligero incremento de los precios energéticos, a la política monetaria norteamericana y a la pertinaz sequía. Respecto a la política de 1982, la centró en las coordenadas marcadas por el ANE.