Los trabajadores de Echevarría aplazan la marcha que tenían prevista hasta la sede del Gobierno vasco en Vitoria

Los trabajadores de la SA Echevarría, que, con una plantilla de 4.500 operarios, es la mayor empresa del sector de aceros especiales del País Vasco, decidieron ayer aplazar su proyectada marcha hacia la sede del Gobierno vasco en Vitoria, pero prosiguieron el plan de movilizaciones que vienen desarrollando en los últimos días, y que incluye la paralización de la actividad de los bancos y el colapso del tráfico en el centro de Bilbao.

Con estas acciones, los trabajadores pretenden llamar la atención sobre la singular situación creada a raíz del anuncio por parte de la dirección de la empresa de su no aceptación de la decisión de la Secretaría de Estado para el Empleo suspendiendo la aplicación del expediente de regulación, que afecta a 1.561 trabajadores. Por su parte, el consejero vasco de Industria, frente a las acusaciones de pasividad lanzadas por algunos sindicatos, explicó la postura de su departamento ante el conflicto concreto de Echevarría y la reestructuración de todo el sector de aceros especiales.El consejero vasco, Javier García Egocheaga, comenzó por mostrar su extrañeza ante lo que calificó de "desafortunada actuación" de la Dirección General de Empleo, la cual habría optado por una solución "salomónicamente mala, que pone en cuestión acuerdos ya logrados en la negociación". Su anulación por telegrama del expediente de regulación es, según Egocheaga, "una ligereza que aumenta el confusionismo y agrava la lógica inquietud entre los trabajadores".

Fondo de promoción de empleo

Partiendo de esta apreciación, el consejero de Industria consideró que, pese a todas los defectos que se le quieran buscar, el acuerdo logrado puede considerse como un modelo válido para el reflotamiento de otras industrias con grandes plantillas en situación de grave crisis. En resumen, dicho acuerdo contempla la creación de un fondo de promoción del empleo, constituido con aportaciones del consorcio Aceriales -que agrupa a las principales empresas del sector, y en el que participa con un capital de 4.000 millones de pesetas la Administración autonómica-, que pasaría a hacerse cargo de los casi 1.600 trabajadores sometidos a rescisión temporal de contrato.Esos trabajadores renunciarían, por su parte, a las indemnizaciones de despido correspondientes, cuyo importe pasaría a engrosar el fondo. En el plazo de 33 meses en que funcionaría el fondo, hasta 1.200 trabajadores irían siendo recuperados por la empresa, mediante un plan de jubilaciones anticipadas y reestructuración interna. Los 373 trabajadores que, según la estimación realizada, podrían quedar sin empleo al término de los 33 meses quedarían a la expectativa de recolocación en puestos de trabajo creados por el fondo para la promoción del empleo (en industrias auxiliares, etcétera).

En la falta de garantías concretas de cumplimiento de este último punto es donde reside el núcleo del conflicto actual. Egocheaga se mostró partidario, por una parte, de la creación de una comisión paritaria de control del fondo durante los 33 meses y, por otra, del establecimiento de fórmulas por las que todas las partes comprometidas en el acuerdo se obliguen a realizar las iniciativas necesarias, a medida que avanza el proceso, para garantizar la cobertura de esos 373 puestos excedentes.

Prioridad al empleo industrial

Por lo demás, el consejero vasco, antiguo director de Industrias Siderometalúrgicas en Madrid con Rodríguez Sahagún, reiteró la filosofía del Gobierno de Vitoria respecto a la prioridad dada a la defensa del empleo industrial, insistiendo en que el retraso en la transferencia a la comunidad autónoma de competencias en materia de reconversión industrial está dificultando seriamente, por razones administrativas, la solución en el momento adecuado de numerosos problemas.Egocheaga negó que la Administración vasca hubiera mantenido una actitud pasiva ante estos problemas y recordó que el retraso en la integración formal del Gobierno de Vitoria en el Consejo de Administración de Aceriales se debe a problemas políticos relacionados con la negociación del cupo (la participación de 4.000 millones de pesetas de la comunidad autónoma se hacía sobre la base de deducir dicha cantidad del cupo anual previsto).

Como ejemplo de comportamiento anormalmente parsimonioso de la Administración central, el consejero citó el caso de Nervacero, a la espera desde el mes de abril de disponer del 50% del crédito de 2.000 millones de pesetas entonces concedido. Estos retrasos están provocando, según Egocheaga, que el capital necesario para los planes de modernización y relanzamiento comercial tengan que dedicarse a otros fines -como el pago de salarios con la producción paralizada-, con lo que se dificulta todo el proceso y se atrasa la realización de los planes de reflotamiento.