La instrumentalización del ANE
Hace unos días se dieron a conocer los puntos en que la CEOE basaba y justificaba su ausencia temporal de la comisión de seguimiento (C. de S.) del Acuerdo Nacional sobre Empleo (ANE). Para los conocedores del texto de este acuerdo, de las competencias de su C. de S., de las responsabilidades que cada una de las partes -Administración, CEOE, CC OO y UGT- adquirieron al suscribirlo, es bastante sencillo constatar que las quejas de CEOE poco tienen que ver con supuestos incumplimientos de contenidos concretos del ANE.Es por ello que, más que entrar en los aspectos formales, me parezca oportuno intentar aquí un esbozo del problema de fondo, que no es otro que el propósito de instrumentalizar el ANE por parte de la derecha económica como arma política contra los partidos de izquierda, contra los sindicatos, contra la política económica del Gobierno -también contra su política, a secas- y hasta contra determinados sectores de UCD. Cuando en lo sucesivo me refiera a la CEOE, aclaro que pienso en la cúpula de dirección de esta organización patronal, y no en el empresariado en su conjunto. Y esa distinción no responde a un pueril intento de enfrentarla con sus bases, sino que el giro hacia funciones de partido que se ha asignado a sí misma la dirección de CEOE me consta que no es compartido por una serie de empresarios, aunque sus dependencias económicas y financieras, así como ciertas coincidencias con el programa económico de este nuevo partido, les aconseja no exteriorizar ante 14 opinión pública sus discrepancias.
El acuerdo no gustó a la CEIDE
De entrada hemos de recordar que a la CEOE ni le ha gustado el ANE ni su pretensión era que se negociara un acuerdo de esta naturaleza,. No quería que se negociara porque el ANE rompía con dos de los ejes de la estrategia patronal, configurados en el período anterior, especialmente a partir de la primavera de 1979. El primero de ellos está ligado al llamado modelo de relaciones industriales defendido por la CEOE, cuya plasmación más significativa fue el Estatuto de los Trabajadores, en cuanto marco legal de ese modelo.
En su dimensión puramente sindical, el interés de la CEOE era y es impedir el desarrollo del sindicalismo preconizado por CC OO. También propiciar la división y el enfrentamiento sindical, contribuyendo a romper lo que significaran bases para la unidad de acción entre los sindicatos. El AMI, aparte la valoración que pueda merecernos su contenido, fue una aplicación práctica de la concepción de ese modelo deseado por la CEOE, pues, entre otras cosas, sirvió para ahondar en la división sindical que el propio debate del Estatuto había puesto en marcha. Es quizá una cierta falta de previsión sobre las consecuencias del enfrentamiento que el AMI iba a producir una de las autocríticas que los dos sindicatos más importantes de España nos podamos hacer.
En concreto quiero subrayar que el modelo dé relaciones industriales por el que ha apostado la CEOE tiene una de sus bases en la división -que no es lo mismo que pluralidad- sindical. También tiene el propiciar la debilidad de los sindicatos. Contrariamente a ciertas declaraciones sobre el deseo de sindicatos "fuertes y responsables", lo que desde el principio se ha buscado es sindicatos débiles para hacerles colaboracionistas. Que la CEOE no quiere sindicatos fuertes y que sus aspiraciones para la domesticación de éstos no van bien puede ilustrarlo la irracional campaña en torno al tema de los ochocientos millones de subvención a los sindicatos -que por cierto, es ajena al ANE-, absolutamente absurda para quienes sabemos que las ayudas institucionales son habituales en los países europeos, por la función social, formativa y asistencial que desarrollan los sindicatos, y completamente injusta si tenemos en cuenta lo que ha supuesto la sustracción del patrimonio sindical a los trabajadores, que ha obligado a los sindicatos a partir de cero para montar una infraestructura desde la que atender los intereses de todos los trabajadores, a aliados o no.
El ANE contradice la aspiración de mantener y ahondar en la división y debilidad de los sindicatos, pues favorece la unidad de acción entre CC OO y UGT, facilita la consolidación institucional de las centrales y su presencia en organismos del Estado -INEM, IMAC, INSS, Inserso, Insalud, ISTIL, etcétera- y supone que a la hora de definir su política económica el Gobierno esté condicionado por los compromisos que ha negociado también con los sindicatos.
La segunda ruptura
Lo anterior empalma con la segunda ruptura de la estrategia de la patronal.
Sabido el que ante la crisis económica y sus salidas vienen pugnando desde hace tiempo, en España y en Europa, dos tipos de concepciones. Una es la que llamamos salida solidaria, democrática y, por tanto, negociada con los interlocutores sociales. La otra, cuya encarnación puede representarla la política de Margaret Thatcher en el Reino Unido, se caracteriza por la ausencia de negociaciones con la izquierda, por la aplicación, en ocasiones brutal, de las medidas que la derecha económica y política considera oportunas y, en suma, por la imposición de una filosofía económica, sean cuales fueren los costes sociales. A estos efectos no está de más decir que en un solo año, entre mediados de 1980 y 1981, el número de parados en el Reino Unido ha aumentado en 1.200.000, situándose ya en torno a los tres millones.
El ANE, aun con sus indudables insuficiencias, se inscribe en esa concepción de salida negociada y solidaria a la crisis. Es decir, contradice la política de imposición defendida por la CEOE.
Si a pesar de todo ello, el ANE fue suscrito por la patronal, hay que atribuirlo a la concurrencia de factores excepcionales existentes en nuestro país en el momento de su negociación y de su firma. De entre esos factores podemos entresacar el hecho de que nuestro país está colocado en el grupo de cabeza de los que mayor índice de paro tienen en el Occidente capitalista, lo que ha ido creando una presión social extraordinariamente fuerte en favor de iniciativas que frenaran su crecimiento y sentaran las bases para una futura inflexión de su signo. También hemos de retener que, siendo el paro un elemento objetivamente desestabilizador para una democracia sin suficientes raíces, el intento golpista del 23 de febrero colocó como prioritario el enfrentar más decididamente el problema, so pena de hacer sospechar que la opción de ciertas fuerzas económicas y políticas era favorecer nuevas intentonas. La investidura de Calvo Sotelo en ese trasfondo golpista vino acompañada de la oferta de una concertación sobre algunas grandes cuestiones, entre ellas la socioeconómica. El ANE era también para el nuevo presidente una necesidad de credibilidad ante el pueblo español. En cuanto a los sindicatos, especialmente CC OO, el ANE significaba y significa un paso para el avance de una alternativa de mayor envergadura, como es su plan de solidaridad contra el paro y la crisis, apuntado ya en su Congreso de 1978.
Poco después de su firma, la CEOE debió considerar que se daban condiciones favorables para el contraataque. El ANE parece ser uno de los instrumentos, aunque, sin duda, no es el único.
El ataque a los socialdemócratas
El primer dato de esebontraata que fue dirigido al ala socialdemócrata de UCD, que contribuyó, sin duda, a la dimisión de Fernández Ordóñez. Vino luego el discurso de Ferrer Salat en el momento de su reelección como presidente de la CEOE el pasado septiembre. En ese discurso, además de vituperar a los partidos de izquierda, a los sindicatos y a los ayuntamientos dirigidos por el PSOE y PCIE, además de poner en solfa a la clase política del país, se arremetió con tra el propio Gobierno y el partido en que se apoya, salvándose sólo en ese momento Calvo Sotelo. Inmediatamente después se produce el abandono de la C. de S. del ANE, que, por cierto, no le debe gustar a la CEOE que haya funcionado tan eficazmente como lo viene haciendo. A continuación se participa activamente en las elecciones gallegas apoyando a Fraga. Al hilo de todo esto se desata una campaña contra los Presupuestos Generales del Estado y contra los sindicatos que negociaron el patrimonio sindical acumulado y las asignaciones a cuenta de la parte que un día pueda corresponderles de ese patrimonio.
El objetivo parece claro. Además de intentar incidir en el debate parlamentario sobre los presupuestos, además de persuadir al Gobierno y a UCD de que deben ajustar su política a los intereses de los poderes económicos, está el ir creando las condiciones para impedir el triunfo de la izquierda en las próximas elecciones legislativas. Para todo ello es necesario decantar al país entre derecha e izquierda y crear un clima de insegutidad ante el cambio que favorezca el triunfo electoral de la derecha. El ANE, repetimos, no es más que una de las piezas que debe jugarse para conseguirlo.
