Disidentes letones piden a la CSCE un referéndum en los Estados bálticos
El grupo clandestino Movimiento Independiente de Letonia-Comité Democrático de Jóvenes Letones, con mayoría de intelectuales, ha hecho llegar a Occidente un documento, dirigido a los 35 Estados participantes en la CSCE de Madrid, solicitando el estáblecimiento de una "comisión internacional" que investigue con detalle las condiciones nacionales de los Estados bálticos (Estonia, Letonia y Lituania) antes de la "invasión soviética" (1941) y supervise y controle un "referéndum nacional" en los mencionados Estados sobre su soberanía.Informaciones procedentes de los Estados bálticos, llegadas en la reapertura de la CSCE en Madrid, explican que el contagio de la crisis polaca es notable en los paises bálticos y Ucrania, dentro del territorio de la URSS. En base a esto, la policía política soviética (KGB) ha recrudecido sus medidas contra la oposición.
Los líderes del Partido Socialdemócrata de Letonia (clandestino), Juris Bumeistars y Dainis Lismanis, fueron condenados el pasado mes de junio a 15 y 10 años de prisión, respectivamente, por repartir panfletos. Asimismo, el recrudecimiento de la medidas contra los católicos de Lituanla se interpreta como una respuesta de Moscú a los acontecimientos polacos, dada la similitud en las pos¡ciones políticas de la jerarquía católica en Polonia y Lituanía.
En los tres Estados bálticos y Ucrania, aseguran exiliados de estos paises, se están constituyendo sindicatos libres que mantienen estrechas relaciones con el SMOT (sindicato independiente de la URSS), aunque no está suficientemente probada su activa participación en las huelgas del invierno pasado en Estonia y Lituania.
Según esas mismas fuentes, pertenecientes al Comité de Solídaridad con el Este, con sede en Suecia, el KGB ha tenido éxitos en la disolución de los Grupos Helsinki en la URSS, excepto en Ucrania. La mayor parte de sus líderes están encarcelados, como los rusos Yun Orlov y Anatoll Charanski y los estonianos Mark Niklus y Veljo Kalep.
Ante la CSCE se denuncia también el que los familiares de los soldados muertos en Afganistán (unos 600 bálticos) no tengan derecho a ver los cadáveres ni dar publicidad de las muertes, "lo que llega a estar penado con 10 años de cárcel".
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