La campaña contra el pago de impuestos es un peligro para el Estado y la democracia, según el subsecretario de Hacienda

El Ministerio de Hacienda solicitó ayer la colaboración de la prensa para hacer frente a las campañas "demagógicas" de algún sector del empresario, y advirtió que pondrá todos los medios a su alcance para que se cumplan las previsiones sobre este tributo. "No vamos a consentir que triunfen estas campañas demagógicas, que no sólo suponen la quiebra de la moral tributaria alentada por la Reforma Fiscal, sino que en última instancia podrían suponer la quiebra del Estado y del sistema democrático", manifestó ayer el subsecretario de Hacienda, Arturo Romaní.

De triunfar estas tesis contrarias al pago de impuestos, añadió Romaní, "nos encontraríamos ante un crisis de valores que sería mucho más grave y de peor solución que la propia crisis económica". El subsecretario, para dejar claro que este es un tema de principios sobre el que no se va a transigir, recordó que Hacienda se va a limitar a gestionar la recaudación de la licencia fiscal, pero que el destino de estos gravámenes no es el Tesoro, sino los ayuntamientos y en menor medida las cámaras de Comercio.En la citada reunión, en la que también estuvo presente el director general de Tributos, Alfonso Gota, los altos cargos de Hacienda informaron que, según los cálculos oficiales, están sujetos a la nueva licencia fiscal 2,8 millones de contribuyentes (empresarios y profesionales), que deberán ingresar en el Estado cerca de 30.000 millones de pesetas. También resaltaron la importancia que va a tener este año la declaración fiscal en cuanto que abre la posibilidad de confeccionar un censo actualizado de todos los contribuyentes cuyas actividades estén sujetas al mismo. "Esto tiene un valor en sí mismo, de acusado carácter social, por cuanto va a suponer la desaparición de muchos agravios comparativos", comentó Arturo Romaní.

Prorroga hasta el 5 de noviembre

La reestructuración de la licencia fiscal proviene del decreto sobre Medidas Urgentes de Financiación a las Corporaciones Locales, llevándose posteriormente a los Presupuestos de 1981, y de unas intensas negociaciones con patronales, cámaras de Comercio y ayuntamientos. Las tarifas fueron hechas públicas en junio y cuentan con el dictamen favorable del Consejo de Estado. "La campaña en contra de este impuesto puede atribuirse a los afanes de protagonismo de determinadas organizaciones empresariales minoritarias, que piensan que de este modo van a conseguir más afiliados", manifestó Arturo Romaní a preguntas de los periodistas.

El incremento del cien por cien en las cuotas que se argumenta, añadió Gota, olvida que las mismas están congeladas desde 1960. A la cifra global reseñada para las cuotas, según explicaron, hay que añadir recargos autorizados del 70% al 100% que pueden imponer los ayuntamientos y del 40% que pueden imponer las diputaciones. Hasta el momento, según manifestaron, no llegan al 20% las declaraciones realizadas por licencia fiscal sobre las previsiones iniciales. El dato, sin embargo, a la vista del comportamiento del contribuyente español que aguarda a los últimos días dé plazo para el pago de sus obligaciones fiscales, no es muy preocupante.

No obstante, "como se trata de una modificación histórica", Hacienda someterá al próximo Consejo de Ministros -anunció Romaní- la prórroga hasta el 5 de diciembre del plazo para la presentación de las declaracíones fiscales. Se ha escogido esta fecha de tope, añadió, para que los ayuntamientos puedan hacer uso ya este año, antes de que cierren sus ejercicios, de la recaudación por este tributo Romaní y Gota anunciaron también la edición de un repertorio de consultas sobre dudas en el Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

Voluntad de aplicar la reforma fiscal

"Es dura la tarea de aplicar la Reforma Fiscal. O te pasas o no llegas. Pero tenemos el firme convencimiento de que hay que aplicar la reforma y afianzarla sin ningún tipo de regresividad. Hay que ajustar a las demandas sociales las notas desafinadas que haya puesto en evidencia la práctica de la reforma", afirmó Arturo Romaní respondiendo a las críticas de algunos sectores sobre la excesiva elevación del Impuesto de Tráfico de Empresas (ITE). "Se puede discutir el gasto, pero no los ingresos fiscales. La presión fiscal no puede disminuir en España bajo ningún concepto", añadió el subsecretario de Hacienda.

Romaní reconoció que en algunos casos determinados el nuevo ITE podría rebasar el tipo previsto en el proyecto de ley del Impuesto sobre Valor Añadido (IVA), pero nunca en todos los casos. Por otra parte, añadió Gota, no puede tomarse como dogma el tipo que figura en el proyecto de ley del IVA. Impuesto que Hacienda está dispuesta a implantar cuanto antes.