España tendrá que adaptarse a la legislación de la CEE que protege a la Naturaleza

España tendrá que dejar de exportar zapatos a los países de la Comunidad Económica Europea si no deja de emplear aceite de ballena para el curtido de las pieles. Con la entrada en vigor de esta norma comunitaria, adoptada por la CEE para proteger a los cetáceos en peligro de extinción, el Gobierno español comenzará a sentir los efectos del desfase de su política medioambiental

Este ejemplo pone de manifiesto las insospechadas modificaciones que deberá realizar la industria española cuando tenga que adecuar su producción a las normas comunitarias en materia del medio ambiente. Porque, aunque la legislación medioambiental española es aparentemente muy completa, contiene notables lagunas. Así, siguiendo con el tema de los animales salvajes, todavía no hace un año, el Gobierno español amplió por decreto el número de especies protegidas, elaborando un aparatoso catálogo en el que parecen estar todos los animales del mundo. Sin embargo, no sólo no están las ballenas y otras especies seriamente amenazadas, sino que, estando todos los pajarillos, faltan el jilguero y el pardillo. La explicación a este hecho sorprendente es que estos dos pájaros son los que más frecuentemente caen en los cepos y trampas que se les tiende -precisamente en estas fechas- con el fin de comérselos fritos. Esta vergonzante costumbre, que también es motivo de fuertes protestas en el seno de la CEE y por la que mueren anualmente cientos de millones de aves, queda así encubierta por una legislación que a primera vista parece superconservacionista.Pero incluso las leyes medioambientales españolas que están libres de estos sospechosos detalles, tienen el grave problema de que rara vez se llevan a la práctica. Nuestras leyes de protección de las aguas, de la costa, la atmósfera, el ruido, y el suelo, ni se cumplen ni nadie en la Administración las hace cumplir. Y cuando, basándose en el artículo 45 de la Constitución española, se ha querido crear una ley de rango superior que pusiera orden en la legislación y en la estructura de los departamentos de la Administración encargados del medio ambiente, el proyecto se ha topado con que los industriales de este país no admiten unas normas que puedan recortar los beneficios que tradicionalmente vienen disfrutando a costa de contaminar la Naturaleza y expoliar los recursos naturales. El anteproyecto de ley general de medio ambiente, arrinconado definitivamente por el Gobierno, no llegó nunca a discutirse en las Cortes, no por las protestas de los ecologistas, que lo tachaban de poco avanzado, sino por las presiones de la CEOE, que lo consideraba demasiado perjudicial para los intereses de la industria española.

Sin embargo, España no tendrá más remedio que ponerse a la altura de la legislación medioambiental de la Comunidad Económica Europea, si es que algún día piensa incorporarse a ella. La CEE posee un programa de acción de protección del medio ambiente desde el año 1973. En 1977 el Consejo de Ministros comunitario aprobó un segundo programa de acción, vigente hasta 1982, en el que se ampliaban los principios en los que se inspira la CEE para configurar su política sobre el medio ambiente.

Una de las máximas preocupaciones de la CEE es que todos sus países miembros tengan unas disposiciones similares en este tema, con el fin de preservar el principio de la libre competencia dentro de un marco de igualdad entre todos los ciudadanos de la Comunidad. Es evidente que si un país dicta unas norma s anticontaminantes muy rígidas y costosas en cuanto a su aplicación práctica, el sector industrial de ese país se encontraría en desventaja respecto a los otro países donde la ley no imponga esas normas o bien, existiendo, la Administración no obligue a cumplirlas. Por otra parte, la contaminación no conoce fronteras y los atentados ecológicos afectan a muchos países.

Los países de la CEE aún no han logrado esa ansiada uniformidad, pero esa será la tendencia en los próximos años. Hasta ahora, sólo dos países, Inglaterra y Dinamarca, han adoptado para su legislación medioambiental la fórmula de una ley-marco, como la que se pretendía con la frustrada ley general del Medio Ambiente española.

Reformar la Administración

Casi todos los países europeos han procedido a una reorganización de su Administración con vistas a crear ministerios o, al menos, secretarías encargadas del medio ambiente. Sin embargo, como advierte la Comisión de la CEE, en un informe sobre el medio ambiente, «sería inexacto sacar de ello la conclusión de que las leyes-marco y unos órganos centralizados son el signo de una planificación y una legislación muy desarrollada en materia de medio ambiente».

En el caso de Italia, las regiones también tienen poderes muy amplios en este campo, e Incluso se ha visto que la legislación podría adoptarse mucho más rápido a nivel regional que al nacional. La Comisión de la CEE considera que «es posible que el nivel regional sea el más apropiado para asegurar la protección del medio ambiente, ya que, en último lugar, son las autoridades locales las que tienen que aplicar las numerosas directrices comunitarias». Sin embargo, también advierten que «si no se quiere tener un fárrago jurídico de normas locales distintas que se vayan añadiendo a la legislación nacional, resulta necesario que la orientación y coordinación de las políticas se hagan a nivel nacional e, incluso, superior».

En este sentido, es interesante recordar -teniendo en cuenta la aspiración del Gobierno español a entrar en la CEE- que las directrices de la Comunidad se traducen generalmente en leyes nacionales y que, fruto de esta política supranacional, los países europeos están legislando intensamente en determinadas materias que nuestra legislación olvida.

Por otra parte, tanto la Comisión como el Parlamento de la CEE, conceden una extrema importancia al control del acatamiento de las disposiciones en materia del medio ambiente. Incluso están previstos procedimientos aplicables a los Estados miembros que no se atengan a las normas de la Comunidad.

Uno de los campos más recientes de preocupación de los países de la Comunidad son las sustancias químicas. Tanto Francia como Inglaterra han adoptado medidas encaminadas a evitar los numerosos desastres que se producen al lanzar al mercado algunos productos sin que se conozcan sus posibles consecuencias sobre el medio ambiente. Esta preocupación de la CEE contrasta con su actitud en el tema de los residuos radiactivos, que vienen a verterlos frente a las costas españolas a pesar del riesgo que ello entraña para la vida marina. Curiosamente, tal procedimiento, condenado por numerosos expertos, cuenta con el beneplácito de las autoridades españolas.

Sin embargo, a pesar de estos puntos débiles, la legislación medioambiental de los países comunitarios es bastante más exigente que la española, y se cumple en bastante mayor grado que esta última.