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La CEE exigirá a España un largo período de transición agrícola

La total integración agrícola de España a las comunidades europeas no será posible sin un largo período de transición, durante el cual la agricultura española precisará adaptarse a las exigencias íntegras comunitarias en la materia, incluido el estricto respeto a los principios de base de la política agraria común (PAC), según se desprende del dictamen preceptivo elaborado por el Consejo Económico y Social de las comunidades europeas.Dicho dictamen, hecho público ayer en Madrid por sus autores, el órgano consultivo de la CEE, se muestra firmemente partidario de la integración española en las comunidades europeas, pero es particularmente duro a la hora de enumerar las modificaciones estructurales que tendrá que experimentar la agricultura española antes de obtener la integración total en la CEE.

Así, el dictamen preceptivo del Consejo Económico y Social, un órgano consultivo de la CEE, especifica que España tendrá que aceptar íntegramente el acerbo (acquis) comunitario en materia agrícola y, a la vez, tendrá que respetar estrictamente los principios de base de la política agraria común (PAC), en particular "la unicidad de precios, la preferencia comunitaria y la responsabilidad financiera común".

"La unicidad de precios -dice el dictamen- se deberá realizar progresivamente en el transcurso de un período de transición de duración apropiada, pero la puesta en práctica, de la preferencia comunitaria y del igualamiento de las disciplinas de producción y comercialización deberá ser inmediata e integral".

El dictamen del consejo contempla como grave amenaza para los países de la CEE la integración agrícola española. Según el órgano consultivo comunitario, la entrada libre de productos españoles provocaría fuertes desequilibrios en los mercados de la CEE y, a la vez, favorecería la aparición en España de un potencial de expansión en algunos sectores, como las frutas, las verduras, el vino y el aceite de oliva, en los que nuestro país es ya excedentario.

Otro grave peligro que contempla el Consejo Económico y Social es la repercusión sobre terceros países. En este sentido, el dictamen señala que "la adhesión corre el riesgo de producir un efecto de sustitución, ya que, al reorientar España hacia la comunidad la parte de sus exportaciones que hoy día se dirigen a otros destinos, se pondrían en peligro las actuales corrientes de exportaciones de los países mediterráneos hacia la comunidad".

A su vez, el dictamen también resalta el peligro que para los intereses españoles supondría la plena integración.

Ante estos problemas, el proteccionista informe del Consejo Económico y Social de la CEE recomienda que las autoridades y medios españoles afectados inicien contactos con los intereses comunitarios, a la vez que se establezcan programas de reconversión y reestructuración productiva, velando para que a partir de la adhesión no se pueda acordar en España ninguna ayuda a las nuevas plantaciones.

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