Corrupción detrás de la colza

LAS REVELACIONES sobre la importación clandestina de aceite de colza comestible (EL PAÍS, 11 de octubre de 1981) sitúan en una perspectiva más amplia el homicidio masivo causado por aceites tóxicos, cuya lista de víctimas -más de 160 fallecidos a la fecha y un número indeterminado de personas con gravísimas lesiones crónicas- no hace sino aumentar. El Pleno del Congreso de septiembre, aparte de votar indemnizaciones para los damnificados y de adoptar algunas medidas imprescindibles con varios meses de retraso, no llegó al fondo del problema por la obstinación gubernamental en rehuir las responsabilidades derivadas tanto de una política de grasas propiciadora del fraude como de una deficiente vigilancia sobre las importaciones y la comercialización interior. Aunque el Gobierno no estuvo a la altura de las circunstancias en el debate del Congreso, también es cierto que el descubrimiento de la amplia red de importaciones ¡legales de colza comestible ha sido realizado por inspectores de aduanas y funcionarios de policía procedentes de la antigua Brigada de Investigación Criminal. De esta forma, ese mismo poder ejecutivo que había dado fa impresión de preferir las medias tintas a la claridad ha asumido después con decoro la tarea de llevar hasta sus últimas consecuencias la investigación. Esperemos que al decoro administrativo siga el político.De confirmarse las, pesquisas de los inspectores de aduanas y de policía, el poder judicial, en cuyas manos están ya los sumarios de los delitos contra la salud pública perpetrados por los mercaderes de los aceites envenenados, tendrá que ocuparse tanto del cohecho cometido por los funcionarios públicos implicados en la importación ilegal de colza comestible como de los delitos realizados por los negociantes que corrompieron a la Administración pública, y que dedicaron esas partidas clandestinas, aunque sin consecuencias tóxicas, a la adulteración de aceites, Pero tampoco en este caso la responsabilidad penal de los comerciantes y de sus cómplices agota el caso. Ese contrabando masivo de aceite comestible, en cuyos intersticios metieron su cuña los vendedores de grasas industriales mortíferas, no habría ido imaginable en el caso de que los departamentos ministeriales implicados en su control hubieran realizado su trabajo con la eficacia que los contribuyentes tienen derecho a exigir a nuestro costoso aparato estatal. Es preciso repetir que el aceite es un producto intervenido, su comercio es de Estado, su producción y precio están protegidos y garantizados y, en definitiva, el Gobierno es responsable de que funcione bien todo el circuito. Eso sin tener en cuenta las responsabilidades sanitarias en los productos alimenticios. Por lo demás, hay bastantes datos para suponer que la cabeza de esta desagradable tenía de corrupción fue engendrada bajo la Administración del franquismo.

La reforma de la Administración pública, su saneamiento, racionalización y modernización es una tarea urgente y prioritaria que los sucesivos Gobiernos de UCD han retrasado y soslayado por presiones de los poderosos altos cuerpos del Estado que nutren a nuestra clase política dominante, o por temor a las resistencias corporativas de buena parte de los funcionarios. Sin embargo, ninguna de las restantes metas del Gobierno, desde la consolidación de la democracia hasta la reducción de los déficit y el recorte del gasto público improductivo, pasando por la protección de la salud pública o de la seguridad ciudadana, podrán llevarse a cabo sin una previa reforma del aparato estatal, heredero de las lacras de la Administración pública del anterior régimen.

La comisión parlamentaria de investigación recién constituida, y para cuya formación no era necesaria la propuesta del Gobierno, ya que el artículo 76 de la norma fundamental atribuye a cualquiera de las Cámaras Ia iniciativa para su creación, tiene ante sí una vasta tarea. El escándalo de los aceites homicidas remite, sin solución de continuidad, a las negligencias y cohechos que hicieron posibles tantas muertes, y al desorden de una Administración pública en ocasiones más parecida en su diseño a un bosque surrealista que a un organigrama racional. La magnitud de los trabajos que aguardan a la comisión choca con la cortina de silencio y desinterés que algunos parecen querer echar sobre este escándalo que afecta a la vida y la muerte de miles de españoles.