La izquierda censura la actuación del Gobierno en Fidecaya

Los diputados Pérez Royo(PCE) y Granados (PSOE) censuraron ayer como lenta la actuación del Gobierno en el caso de FIDECAYA, después de que el ministro de Hacienda, Jaime Garcia Añoveros, compareciera ante la correspondiente Comisión del Congreso para responder a distintas preguntas. García Añoveros rechazó las acusaciones, reiteró que la prioridad en estos momentos es devolver los ahorros y mantener los puestos de trabajo, e informó que todo el expediente y los nuevos datos que se van conociendo son remitidos al Fiscal, por si hubiera delito. Mientras, avanzan las gestiones de los liquidadores de la empresa y ha trascendido que la sociedad cometió numerosas irregularidades.

García Añoveros señaló varias veces que la Dirección General de Seguros, de cuyas competencias dependen entidades como FIDECAYA, ha actuado con diligencia, prudencia y respeto a la legalidad. Asimismo, a las afirmaciones del diputado comunista en el sentido de que el relevo de consejeros y propietarios en la empresa le recuerda la rueda de timadores practicada en negocios sucios, el ministro respondió que no puede calificarse a nadie de timador mientras no lo haga el juez, y que los cargos puestos por Hacienda en los últimos consejos de FIDECAYA lo fueron para conocer la situación real de la compañía.

Numerosas irregularidades

El ministro indicó que, si bien se sabía desde 1.966 que la empresa llevaba una vida delicada, no se procedió antes a la liquidación porque ello supondría perder medio millar de puestos de trabajo, desprestigio de las entidades financieras del país y perjuicio para el medio millón de depositantes. Cuando se llegó al convencimiento de que era inviable, se decidió la liquidación ordenada con garantías para los ahorradores.

En este sentido, el expediente liquidador, al que ha tenido acceso EL PAIS, pone de relieve la existencia de numerosas irregularidades, por las cuales podía haber sido liquidada la empresa hace tiempo. He aquí algunas:

-Las pérdidas excedían, se miren como se miren, a la mitad del capital social.-La empresa aplicaba a sus operaciones bases técnicas distintas a las aprobadas en junio de 1.977, según el acta de inspección de febrero de 1.980 y el pliego de agosto último. Los intereses pagados no podían pasar globalmente del 5,50% del pasivo total (ahorros, capital y deudas), y a finales de 1.980 llegaban al 8,98%; igualmente, los gastos generales, que debían representar el 1,50%, llegaban al 6,43%.

-Las inversiones que podían considerarse reservas técnicas deberían alcanzar a finales de 1.980 los 16.620 millones, y se cifraban por las mismas fechas en 2.000. Como informó este periódico, las 10 financieras y 30 inmobiliarias filiales de FIDECAYA absorbían unos diez mil millones en préstamos e intereses, la mitad del activo de la empresa.

-Los depósitos de inscripción de valores registrados por la inspección de febrero de 1.980 eran de un millón, frente a los cinco exigidos.

-Incumplimiento de los coeficientes de liquidez, que debían ser del 9% de los depósitos, y eran el 6,13% a finales de 1.980, el 2,9% a finales de junio pasado, el 2,2% a finales de julio, y 0 el día 12 de agosto.

La liquidación y el nombramiento de una comisión liquidadora se basaron en estos datos y fueron decididas por el Consejo de Ministros del 4 de septiembre, cuando se anunció que como máximo el 4 de octubre empezarian las devoluciones de ahorros garantizados por el Estado y que en tres meses habrían sido reintegrados el 25% de los depósitos. Sin embargo, según documentos oficiales, la orden de que FIDECAYA no podía captar más recursos, así como la intervención preventiva de la empresa, habían sido emitidas el 19 de agosto, llegando como motivo que no se consideraba válida la ampliación de capital en 1.500 millones de pesetas prometida por Edmundo Alfaro y exigida por la Administración en varias ocasiones, al igual que se hiciera con el anterior propietario, Miguel Soriano, a quien Alfaro compró FIDECAYA a una peseta por acción mas los compromisos que este tenía en la entidad y en Promobanc(créditos por más de mil millones de pesetas).Los papeles oficiales aceptan que en las dos últimas semanas se había producido la retirada del 10% de los depósitos, a raiz de las noticias del embargo judicial contra Edmundo Alfaro, solicitado por el grupo holandés que financió con unos mil quinientos millones de pesetas la construcción del Puerto Deportivo de Benalmádena.