Dimiten el presidente y un miembro de la comisión liquidadora de Fidecaya por la complejidad de su labor

El presidente y uno de los cinco miembros restantes de la comisión nombrada por el Gobierno para liquidar la entidad de ahorro Fidecaya han presentado días pasados su dimisión. Aunque no han trascendido los motivos, parecen relacionados directamente con la complejidad de la labor encomendada, que ha provocado retrasos en el inicio de la devolución de ahorros garantizados por el Estado (unos 15.000 millones de pesetas).

Los dos dimisionarios, Luis Reija Guedea, presidente de la comisión, y Fernando Sales Gargallo habían sido nombrados en representación del Ministerio de Hacienda. Continúan en sus cargos el otro representante de Hacienda, Emilio Cano, subdirector general de inspección de Seguros: el del Ministerio de Economía, Fermín Molina, jefe del servicio de Inspección Financiera; el del Banco de España, Manuel Zamanillo, inspector jefe, y el representante del Consejo de Administración de Fidecaya, suspendido en sus funciones hace un mes, Ramírez Pomata.Poco después de recibir las dimisiones, el ministro de Hacienda, Jaime García Añoveros, elevó el pasado viernes al Consejo de Ministros la propuesta de nombramiento de otros dos representantes, que son Jaime Isac Aguilar y José Pérez Pérez. La designación de ambos fue publicada ayer mismo en el Boletín Oficial del Estado, para que el plan ordenado de pagos a los ahorradores (véase EL PAIS de 1 de octubre de 1981) pueda empezar lo más rápidamente posible. Sin embargo, hoy, domingo, cumple el plazo de un mes fijado por el Gobierno el 4 de septiembre y, según fuentes de Fidecaya, no es previsible que comiencen las devoluciones en toda España hasta dentro de varias semanas.

Dificultades de la comisión

Las distintas versiones parciales recogidas por este periódico coinciden en que la tarea de la comisión es difícil. Además de pagar los citados 15.000 millones en un año a los ahorradores, el 25% al menos en los tres primeros meses, debe hacer inventarlo de los bienes de Fidecaya y su grupo de empresas participadas (diez financieras y treinta inmobiliarias), con el fin de realizarlos o venderlos.Pese a que la Dirección General de Seguros tuvo intervenida Fidecaya desde junio de 1965 a julio de 1971 y realizó después cuatro inspecciones (enero de 1974, febrero de 1977, febrero de 1980 y agosto de 1981), nunca hasta ahora se ha podido investigar entre las filiales. La citada dirección no tenía las competencias dadas a este respecto a la comisión liquidadora. No obstante el último balance de Fidecaya refleja, con datos a 30 de junio, que gran parte de las inversiones estaban en las empresas de su grupo.

En efecto, de un activo total o destino de los fondos próximo a los 20.000 millones de pesetas, aquel balance atribuía 4.200 millones a pérdidas acumuladas y ajustes (una auditoría realizada en 1980 cifraba el desequilibrio patrimonial en 5.000 millones de pesetas). Del resto, excepto unos 4.500 millones realizables (1.800 en efectos y préstamos, otros mil en inmuebles y mobiliario, etcétera), todo estaba destinado a sociedades filiales. La contabilidad de estas inversiones hablaba de 9.700 millones de pesetas en préstamos e intereses y, 571 millones en acciones.

Por otra parte, la situación de alguna de las filiales parece no estar clara, a juzgar por palabras atribuidas al presidente dimisionario de la comisión, Luis Reija, en relación con la empresa de artes gráficas Cosol, ubicada en el poligono industrial de Guadalajara, según noticias recogidas por EL PAIS. Un centenar de trabajadores de esta empresa, que se están incorporando a sus puestos tras varias regulaciones de empleo, tratan estos días de saber si están en manos de la comisión liquidadora (varios representantes les han dicho que no son Fidecaya), de Cemesa (el presidente de esta empresa es el actual propietario de Fidecava) o de Miguel Soriano, quien vendió en mayo pasado Fidecaya al presidente de Cemesa a cambio de una peseta por acción y de que éste, Vicente Edmundo Alfaro, asumiera todos sus compromisos frente a Promobanc y Fidecaya (véase EL PAIS de 19 de septiembre de 198 l).

Cosol, propiedad hace años delempresario de Prensa Rodrigo (editor del diario SP), fue embargada por el Banco Coca, a quien la compró Miguel Soriano. Después de editar diversas publicaciones, entre ellas el diario El Alcázar y más tarde Mundo Obrero, y publicaciones de la cadena Eusebio Suárez, la empresa quedó semiabandonada, coincidiendo con los problemas financieros de Soriano.

Vicente Edmundo Alfaro y sus representantes en Fidecaya, uno de los cuales es miembro de la comisión, no se opusieron al expediente de liquidación instruido el 21 de agosto pasado por la Dirección General de Seguros, después de que se registrara una notable retirada de depósitos en Fidecaya a raíz de las noticias sobre el embargo de los derechos de Cemesa en los terrenos ganados al mar por la construcción del puerto deportivo de Benalmádena. En su opinión, si no hubiera sido por esta alarma, la empresa podría haber sido reflotada, o, en todo caso, transformada en una entidad operante en el mercado hipotecario.