Juicio en la Audiencia Nacional contra el editor de "El libro rojo del cole"

El juicio contra el editor en España de El libro rojo del cole, Luis Martínez Ros, se celebró ayer en la sección primera de lo penal de la Audiencia Nacional, sin que la pasión que desencadenó su publicación en determinados sectores de la sociedad española, hace ahora poco más de año y medio, haya tenido la más mínima incidencia en la vista, desasistida de público y a la que sólo asistieron los familiares del editor procesado, los testigos, una vez que declararon, y periodistas de diversos medios informativos.El abogado defensor, además de hacer hincapié en que el delito de escándalo público del que es acusado el editor, no tiene una tipificación cerrada sino abierta y que, por tanto. debe adaptarse a las pautas sociales de cada momento, intentó llevar al ánimo del tribunal que el procesamiento de su defendido y la polémica que surgió sobre el libro se produjeron en medio de una campaña que tuvo como telón de fondo la tramitación en el Parlamento del estatuto de Centros Docentes y de la ley de Financiación de la Enseñanza. Por su parte, el ministerio fiscal mantuvo su acusación de escándalo público con la argumentación de que el contenido del libro ofendió el pudor y las buenas costumbres de una parte de la sociedad española.

Interrogatorio del editor procesado

La vista comenzó con el interrogatorio del editor procesado y siguió con la declaración de varios testigos citados por la defensa, entre ellos Cristina Almeida, concejala del Ayuntamiento de Madrid y presidenta de la Junta Municipal de Fueiicarral; Enrique del Moral, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Madrid; Carlos París. catedrático de Filosofía de la Universidad Autónoma de Madrid, y Fabricio Calvano, director de Cuadernos de Pedagogía. Cristina Almeida relató cómo El libro rojo del cole fue enviado dentro de unos lotes de libros regalados por la Junta Municipal de Fuencarral a varios colegios nacionales en las navidades de 1979, sin que dicho libro, que se vendía legalmente en las librerías, llegase a conocimiento de ningún escolar, ya que fue retirado tras una llamada de la inspección del Ministerio de Educación. Todos los testigos coincidieron en señalar la existencia de una instrumentalización política de El libro rojo del cole, propiciada desde ciertos sectores: Federación de Religiosos de la Enseñanza y Asociación Católica Nacional de Padres de Alumnos, y los diarios El Imparcial y Abc, para descalificar la posición de los grupos parlamentarios de izquierda en el debate del estatuto de Centros Docentes. El procesado llamó la atención sobre el hecho de que El libro rojo del cole había sido publicado tres meses antes de surcir la polémica. El fiscal mantuvo su petición de cinco meses de arresto mayor, ocho años de inhabilitación especial y 100.000 pesetas de multa, para el editor procesado, mientras que la defensa solicító la absolución, por entender que no existe escándalo público en el contenido del libro, sino «tesis más o menos conflictivas» que deben ser respetadas, aunque no sean compartidas, tal y como lo exige la Constitución.