Probables retrasos y dificultades de la investigación parlamentaria sobre el aceite adulterado

Hasta mediado de octubre próximo no quedará constituida la Comisión de Investigación Congreso-Senado sobre la intoxicación por aceite de colza desnaturalizado, propuesta por el Gobierno y cuya constitución ha sido ya aprobada por los Plenos, de ambas Cámaras. La complejidad derivada del carácter mixto de esta comisión, sin precedente en las actuales Cortes, retrasará la investigación y hará dificil la obtención de conclusiones comunes para Cámaras con distintas mayorías. Junto a esto, la escasa virtualidad de las comisiones de encuesta hasta ahora establecidas acrecienta el escepticismo hacia una iniciativa con apariencia de fórmula dilatoria

El funcionamiento de las comisiones de encuesta, hasta ahora constituidas, no permite albergar grandes esperanzas sobre la eficacia de la investigación parlamentaria, aunque todos los grupos han expresado que en este caso tratarán de dar la máxima celeridad y operatividad. Un primer obstáculo es el precepto reglamentario que exige secreto sobre las reuniones y deliberaciones de la Comisión, que ya fue reiteradamente esgrimido por los centristas con ocasión de otras investigaciones parlamentarias, y destacadamente a propósito de los trabajos sobre Radiotelevisión.La máxima eficacia de estas comisiones estuvo representada por el trabajo realizado desde diciembre de 1977 por sendas comisiones de encuesta creadas en el Congreso y en el Senado sobre la situación en las cárceles españolas. Los informes elaborados por ambas Cámaras sirvieron de base al proyecto de ley General Penitenciaria, promovido por el entonces director general, Carlos García Valdés, quien colaboró activamente en la investigación.

Menos resultados obtuvo la Co

cieron frente común para impedir que prosperaran las exigencias de responsabilidad política solicitadas por la izquierda, y que alcanzaban al presidente de la Diputación, Francisco Cabezas, y al gobernador civil de Málaga, Enrique Riverola.

En septiembre de 1978, el Gobierno solicitó al Senado la creación de una Comisión de investigación sobre escuchas telefónicas en las consejerías del Consejo General vasco. La petición gubernamental -único precedente de la solicitud del actual Gobierno- se amplió, con carácter general, a las escuchas telefónicas. Ante la comisión informaron el subdirector general de Seguridad, José Sáinz, y el entonces senador Juan María Bandrés. La disolución anticipada de las Cortes impidió a la Comisión redactar el correspondiente informe.

Otras comisiones de encuesta, creadas en 1979, no han rendido todavía sus resultados ante el Pleno de la correspondiente Cámara. Así ocurre con la hoy llamada Comisión de Derechos Humanos, que a mediados de junio de 1981 tenía elaborado un informe, pendiente todavía de debate en el Pleno. El origen de esta Comisión se remonta a octubre de 1979, cuando Bandrés solicitó que se investigara por el Parlamento los presuntos malos tratos a Mikel Amilibia Uzelay e Izaskuri Arrazola. En noviembre de ese mismo año, los socialistas solicitaron la creación de una comisión sobre «la situación de los detenidos y presos en el País Vasco, y sobre la adecuación del trato recibido por estos a la legislación vigente». La petición socialista pretendía subsumir la de Bandrés y se interpretó que se encontraba en línea con el deseo de ETApm, de que se produjeran medidas de «buena voluntad», como condición para la liberación del diputado centrista Javier Rupérez.

La Comisión se constituyó el día de los Santos Inocentes (28-12-1979), sin debate ni explicación de voto en el Pleno de la Cámara. En junio de 1980, la Junta de Portavoces del Congreso acordó que la Comisión citada asumiera también las investigaciones solicitadas por el socialista Gregorio Peces-Barba y el comunista Jordi Solé Tura, sobre los presuntos malos tratos en la prisión de Herrera de la Mancha. Como denominación genérica, comenzó ya a llamársele Comisión de Derechos Humanos.

Con ocasión de la muerte del presunto etarra Joseba Arregui, cuando se hallaba encarcelado en Madrid, los comunistas solicitaron, a mediados de febrero de 1981, que entrara en funcionamiento la inactiva Comisión de Derechos Humanos. El día 18 de febrero, cinco días antes del intento golpista, se decidió que la Comisión se reuniría el miércoles, día 25, previsión que, obviamente, no se cumplió. Más extraño es que el informe elaborado a finales de junio de este año no haya sido debatido todavía por el Pleno de la Cámara.

La investigación sobre RTVE, sin concluir

Igualmente sorprendente resulta que la Comisión sobre investigación en RTVE no haya concluido su trabajo sobre la auditoría de Hacienda publicada por este periódico en enero de 1980. Hasta el momento ha recabado información de una pequeña parte de la auditoría. Entre las dificultades más sobresalientes figura la incomparecencia de altos directivos de RTVE, que produjeron la dimisión del presidente de la Comisión, el centrista Alberto Estella. Se registraron varios intentos de reconducir los trabajos de esta Comisión hacia la de control parlamentario de RTVE, no competente en materia de auditoría, o al propio Consejo de Administración de RTVE, que tampoco se ha ocupado hasta el momento de esta cuestión. La Comisión formalmente no ha sido disuelta, pero se encuentra en punto muerto.Junto a la inoperancia de estas comisiones, hay otras que ni siquiera se han constituido, como es el caso más reciente y grave de la solicitada en mayo de este año por el grupo comunista sobre la muerte de tres jóvenes en Almería cuando se encontraban detenidos por la Guardia Civil.