Serenidad en la discusión

El debate sobre la OTAN, reiteradamente ensayado en los atriles parlamentarios o en otras tribunas desde 1977, empieza a conocer una definitiva aplicación. Las espadas están en alto, a la espera de lo que ocurra en el Congreso de los Diputados y en el Senado, pero las posiciones se van perfilando cada vez con más nitidez.En el discurso de investidura, Calvo Sotelo dejó clara la actitud de su futuro Gobierno respecto a la adhesión de España a la OTAN, y anunció alguna de las dificultades que se iban a presentar. «El Gobierno que aspiro a presidir», dijo el 19 de febrero de 1981, «reafirma su vocación atlántica, expresamente manifestada por la Unión de Centro Democrático, y se propone iniciar las consultas con los grupos parlamentarios a fin de articular una mayoría, escoger el momento y definir las condiciones y modalidades en que España estaría dispuesta a participar en la Alianza». Y agregaba: «No toleramos que terceros países, concretamente la Unión Soviética, se arroguen el derecho de vetar la entrada de España en la OTAN, ni aceptamos, por tanto, las doctrinas de la congelación en sus actuales dimensiones de las alianzas existentes, o de que nuestra soberana voluntad de acción en este campo suponga un gesto agresivo susceptible de quebrar el equilibrio de fuerzas en Europa». La postura atlantista del presidente era inequívoca ya entonces, como lo había sido la de UCD desde 1977. La inserción de España en la OTAN ha sido defendida también, en diversas ocasiones, por Coalición Democrática y otros partidos. Justo en los antípodas hay que situar, en cambio, al PCE, acorde con la posición de recelo u oposición a la Alianza Atlántica de los partidos comunistas. Una vía más matizada es la del PSOE, cuyo secretario general, Felipe González, acaba de declarar: los socialistas no estamos contra la OTAN, sino contra el ingreso de España.

La polémica en torno a la adhesión de España a la Organización del Tratado del Atlántico Norte es una lógica consecuencia de la madurez del pueblo español. Los partidos políticos, preocupados por escuchar y hacerse oír, han organizado actos de distinto tipo, paralelos a los planteamientos de los medios de comunicación o las iniciativas de distintas instituciones o personalidades intelectuales o políticas. A fin de cuentas, todo ha de confluir en los debates parlamentarios porque, como dijera Felipe González en 1977 (EL PAIS, 23 de febrero), el ingreso «es una decisión que debe asumir el pueblo a través de sus representantes legítimos».

El tono de las campañas tiene rasgos diversos. Los socialistas, responsables, por lo común, en los temas de Estado y capaces de buscar el acuerdo con el Gabinete Calvo Sotelo en materias que consideran fundamentales para la estabilidad de la democracia, han marcado distancias respecto al Ejecutivo en el tema de la OTAN. Las diferencias de opinión de los socialistas respecto al Gobierno son legítimas, y no deben causar sorpresa, pero en la campaña del PSOE, significativamente alejada de los problemas de fondo y orientada, probablemente, con afanes dilatorios, hacia las cuestiones de procedimiento, se están deslizando algunos errores o contradicciones. Permítaseme que haga referencia sólo a tres cuestiones: la consulta al Consejo de Estado, la iniciativa popular respecto al referéndum y la oportunidad o inoportunidad de que sea planteado en estos momentos el ingreso de España en la OTAN.

La consulta al Consejo de Estado no es, como alguien ha dicho, una habilidad del poder ejecutivo, sino un imperativo legal predeterminado en la Constitución y desarrollado en una ley orgánica de reciente promulgación. En efecto, el artículo 107 de la Constitución dispone: «El Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo del Gobierno. Una ley orgánica regulará su composición y competencia». La ley orgánica número 3/80, de 22 de abril, establece, en su artículo 22, que el Gobierno debe solicitar el dictamen del alto cuerpo consultivo en «todos los tratados o convenios internacionales sobre la necesidad de autorización de las Cortes Generales con carácter previo a la prestación del consentimiento del Estado». Se trata, por tanto, del cumplimiento de una exigencia constitucional y legal, y no de realizar una pirueta más o menos habilidosa.

Es también la Constitución, la propia Constitución interpretada por el Consejo de Estado, la que señala el artículo 94.1 como aplicable a la posible adhesión de España a la OTAN. El artículo 93 fue hecho expresamente pensando en la entrada de España en organizaciones supranacionales, y más concretamente, en la CEE. El caso de la OTAN es distinto, porque nuestro ingreso en la Alianza no supone transferencia de soberanía. Con su proverbial acierto, precisó la cuestión mi amigo el senador socialista Fernando Morán en los debates constitucionales. Refiriéndose al artículo 94 y al 93, entonces respectivamente 93 y 92, números que se corrieron en una fase posterior, y utilizando, por tanto, la numeración actual, el senador Morán dijo: «Me quedé, después de intervenir en comisión, con la duda de si ciertos miembros de la comisión entendieron exactamente a qué me refería. Me refería, fundamentalmente, a los tratados, como dice el texto, que afectan a los órganos de soberanía establecidos en la Constitución. Muy diferente es otro supuesto de tratados que podríamos llamar clásicos, previstos hoy en el artículo 94, apartados 1 y 2. Este segundo caso sería, por citar un ejemplo, la integración de España en un sistema de defensa a escala atlántica. En este caso no se está en el supuesto del tratado a que me refiero, tratado de transferencia de la soberanía.

Como saben los señores senadores, la participación de España en la OTAN no significa ninguna transferencia de soberanía. Se trata de un tratado militar y político clásico, y la prueba de ello es que, al retirarse del sistema integrado Francia, no fue necesario derogar ningún tratado especial, y todo el procedimiento se efectuó a través de canjes de notas diplomáticas».

Tampoco se comprende muy bien el punto de vista del PSOE sobre la iniciativa popular respecto al referéndum. El artículo 87,3 de la Constitución no deja lugar a dudas: «Una ley orgánica regulará las formas de ejercicio y requisitos de la iniciativa popular para la presentación de proposiciones de ley. En todo caso se exigirán no menos de 500.000 firmas acreditadas. No procederá dicha iniciativa en materias propias de ley orgánica, tributarias o de carácter internacional, ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia». A la vista del precepto constitucional, resulta sorprendente una campaña de recogida de firmas que no tiene eficacia final y contradice la letra misma de la Constitución.

Queda, por último, la cuestión de la oportunidad. ¿Es o no oportuna la decisión gubernamental de plantear ahora ante el Parlamento el ingreso de España en la OTAN? Pese a que algún partido ha calificado de oportunismo la iniciativa del Ejecutivo, y a pesar de las reticencias de otros sectores o la declarada oposición socialista a que se afronte el tema en fecha inmediata, las razones del Gobierno son convincentes. El presidente Calvo Sotelo hizo, como ya he dicho, una expresa declaración de intenciones al respecto en su discurso de investidura. Con ella se culminaba el propósito repetidas veces manifestado por UCD o los Gobiernos anteriores. En cuanto a los socialistas, aunque no se han manifestado ni antes ni ahora partidarios de la entrada de España en la OTAN, en otras épocas han reconocido que los años 1980 o 1981 eran fechas idóneas para plantear la cuestión en el Parlamento. En unas declaraciones a EL PAIS, el 4 de junio de 1978, Luis Yáñez decía: «Nuestra actitud primera es que el debate debe iniciarse después de la Constitución, para el año 1980 o 1981, a la vista también de la caducidad de los acuerdos con Estados Unidos. Por ello, hoy por hoy no tenemos la intención de lanzar ningún tipo de campaña sobre la OTAN».

El debate está abierto. Somos muchos los llamados a participar en él, y es necesario que participemos. Sin embargo, me parece indispensable prevenirse frente a dos peligros. El primero es la mitificación de la OTAN. El «OTAN, sí; OTAN, no» puede significar que, para unos, la OTAN es un talismán y, para otros, la fuente de todos los males. Nada más lejos de la consideración serena y racional que el tema exige. El otro peligro es más grave. Se oyen voces que apuntan a un maniqueísmo de izquierda frente a derecha. En la OTAN están, desde la primera hora, grupos o personas destacadas de la izquierda democrática, y el recuerdo de Indalecio Prieto o Jiménez de Asúa no es inútil; pero también representantes de la derecha y del centro evolutivo que Occidente ve ahora como solución de muchos males. Que los parlamentarios sepamos responder con altura de miras al desafío que se nos presenta.