Los ayuntamientos recobran importantes competencias en materia de urbanismo y vivienda

Con la firma, mañana, de los acuerdos sobre vivienda y urbanismo suscritos entre el Gobierno, la patronal CEOE y el PSOE, los ayuntamientos democráticos recuperan una importante capacidad de gestión en la planificación del crecimiento urbanístico de sus demarcaciones. Por lo que se refiere a la edificación de las viviendas previstas en el plan trienal acordado por el Gobierno, con financiación de la banca, también los ayuntamientos pasan a tener un importante papel de control en cuanto a su ubicación y cumplimiento del programa previsto.

Estos acuerdos forman parte del pacto al que llegaron a finales de julio último el PSOE y el Gobierno en materia de régimen local, y vienen a dar respuesta a la reiterada crítica de los empresarios a los ayuntamientos controlados por la izquierda a propósito de la paralización que registra el sector de la construcción ante las cortapisas administrativas por las corporaciones municipales.Medios socialistas, a este propósito, señalan que aquellas críticas, con una base cierta por cuanto los expedientes han sufrido serios retrasos, «pueden darse como buenas si hemos conseguido que la Administración local recobre el protagonismo que en materia de vivienda y urbanismo le corresponde, para acabar o. al menos reducir la especulación del suelo».

Dentro de la mayor autonomía que se concede a los municipios en materia urbanística, la normativa en la que se materializa dicho acuerdo regula y normatiza también los plazos de respuesta de la Administración local y se establece que, superados estos plazos, los ayuntamientos perderán la competencia que la ley les adjudica, con lo que se garantiza la agilidad en los trámites administrativos a los constructores.

De otra parte, ante lo que parecía indudable temor del Gobierno a que los vacíos legislativos de la ley del Suelo se interpreten por los municipios de izquierda a favor de los intereses populares, y las sospechas de los ayuntamientos de que la Administración central «revierta dicho vacío en defensa de los oligopolios del sector», el acuerdo constituye una transacción que introduce la conducta urbanística de la programación inmobiliaria.

Con la nueva normativa, en forma de decreto de inminente publicación, los promotores podrán señalar la cantidad de suelo que están dispuestos a edificar bajo la protección oficial, con lo que el municipio podrá calificar como urbanizable el suelo necesario y no más, evitando o al menos reduciendo la especulación. Al mismo tiempo, esta medida supone un medio a disposición de las administraciones locales para racionalizar el crecimiento urbano.

Por lo que se refiere al capítulo de viviendas, y en base al programa de construcciones previsto por el Gobierno, que se ha comprometido a edificar 90.000 unidades en el período 1981-1983, la Federación Española de Municipios ha adquirido el compromiso de contabilizar, antes de que termine el año, el número de familias consideradas socialmente insolventes (ingresos económicos mensuales por debajo de dos veces y medía el salario mínimo interprofesional), que podrían constituir la demanda principal de las nuevas viviendas.

Asimismo, el Gobierno acepta negociar con los ayuntamientos la ubicación geográfica de las nuevas viviendas, atendiendo criterios de déficit de las mismas e índice de paro. En línea con este compromiso, los empresarios de la construcción admiten establecer un régimen de empleo adecuado para paliar al paro en las zonas a las que van destinadas las viviendas.

Finalmente, los ayuntamientos adquieren también competencias para constituir instituciones municipales para desarrollar, gestionar y construir viviendas sociales en colaboración con el programa gubernamental.