Santiago Carrillo había advertido que el debate podía convertirse en "el segundo fraude del aceite"

El secretario general del PCE, Santiago Carrillo, realizó ayer una dura crítica al desarrollo del debate, acusando al Gobierno de haber frustrado la verdadera aspiración popular de que se haga justicia, se ayude a las víctimas y se reorganice la Admínistración. Al mismo tiempo, lamentó la mala imagen que, en su opinión, está proyectando el Parlamento. Por UCD, Miguel Herrero dijo más tarde que esas advertencías tenían escasa autoridad.Carríllo sostuvo que el Gobierno ha minimizado el problema del envenenamiento, y aún sigue preocupado de que no haya alarmismo, cuando la cifra de 15.000 afectados ya es estremecedora. El líder comunista añadió que por su comportamiento el Gobierno ha perdido prestigio, fiabilidad y autoridad, y merece por tanto la condena moral que propone su grupo, y que au nque no se pudiera votar por una cuestión reglamentaria, ya está asumida por los afectados y la mayoría de los ciudadanos.

En base a todo ello, Carrillo afirmó que este debate va a ser «el segundo fraude del aceite», por la imagen que se ha dado de una pugna entre los grupos para ver quien se apunta más tantos, disputando los despojos de la catástrofe, para que lo usen los enemigos de la democracia contra la institución parlamentaria; en lugar de haber hecho un debate en que, previa comunicación del Gobierno, se podría haber concertado una resolución adecuada, ya que nadie pretendía aprovechar el problema para censurar a, nadie.

Finalmente, Carrillo acusó a los medios estatales de comunicación de haber magnificado esta imagen negativa, y de haber manipulado la información, concretamente, en la retransmisión del día anterior, que entre otras cosas cortó la afirmación de Felipe González de que había sensación de tongo.

Previamente había fijado su posición el Grupo Vasco, por medio de Andoni Monforte, que calificó de lamentable la imagen pública de algunos ministros, especialmente Sancho Rof, y apoyó la comisión propuesta por el Gobierno, «aunque con cierto escepticismo».

Joaquín Molins, de la Minoría Catalana, cupó a la negligencia en el control y a las lagunas legales, «de lo que todos somos un poco responsables», y afirmó que su grupo apoyaría todas las iniciativas que busquen un castigo ejemplar incluso reformando el Código Penal sobre el delito de fraude, atender a los afectados, mejorar la Admlnistración y recuperar la confianza en el sector alimentario.

También fijaron su posición los miembros del Grupo Mixto Josep Pi i Sunyer, Manuel Clavero -que repartió responsabilidades entre Administraoión estatal y municipal-, Andrés Femández -que pidió la dimisión de los ministros directamente implicados-, Blas Piñar -que se preguntó si el Gobierno va a dar los nombres de quiénes están detrás de las sociedades que han realizado el fraude-, y en ncbmbre del grupo Socialistas de Cataluña, Lluis María del Puig afirmó que la Administración tuvo noticias de lo que ocurría y no dijo nada de que entraba por la aduana aceite tóxico.

En la primera parte de la sesión de la tarde, Ciriaco de Vicente fijó la posición del grupo socialista, argumentando la necesidad y oportunidad de las medidas enumeradas en la proposición socialista para la reforma de la Administración alimentaria y las ayudas a los afectados por el aceite tóxico.

Por UCD, Miguel Herrero dijo que el debate tiene una carga constructiva a la que «casi todos hemos colaborado», y aludió a las quejas de Santiago Carrillo, índicando que es significativo que sólo una voz haya considerado que el debate ha perjudicado a la Cámara, aunque para Miguel Herrero esas advertencias tienen escasa autoridad. Miguel Herrero oyó los pateos de la oposición cuando afirmó que Felipe González se había extralimitado al decir que UCD no es sensible ante las víctímas, y afirmar a continuación que «no está bien patrimonializar el dolor y monopolizar la tragedia».

Cerró esta parte del debate el ministro de Economía y Comercio, Juan Antonio García Díez, que insistió en que el Gobierno ha hecho todo lo posible en las tareas que le eran propias, y afirmó que todo el mundo sabía que había fraude alimentario y que la Administración luchaba contra él, como prueba el que el 30% de la inspección alimentaria estuviera volcada sobre el aceite.