El poder judicial anuncia una persecución rigurosa del fraude

El Consejo General del Poder Judicial anunció ayer, mediante una nota oficial suscrita por el presidente de la Audiencia Nacional, que garantizaba que los jueces y tribunales competentes van a poner el máximo celo, diligencia y rigor, para esclarecer totalmente la adulteración del aceite de colza.

La nota, que suscribe el titular de la Audiencia Nacional, Rafael de Mendizábal, y va dirigida a la opinión pública, indica que «la complejidad del tema, el elevado número de víctimas, así como el de presuntos responsables, ha determinado que, hasta la fecha, el volumen del sumario supere los 10.000 folios, desglosados en piezas separadas por cada una de las provincias, con cuatro ramos de situación, responsabilidad, intervención judicial y administración».Asimismo precisa que «es propósito de la Audiencia Nacional seguir una línea de transparencia informativa, sin otro límite que el secreto sumarial, consagrado en la legislación vigente y cuyo quebranto pudiera afectar al éxito de la investigación».

«Entre las personas que han declarado hasta la fecha y las citadas para días inmediatos», dice la nota, «se habrán producido ante el juzgado quinientas declaraciones, antes del día 22 del presente mes. Hay que hacer constar igualmente que en la investigación de tales hechos auxilia intensamente al juzgado un grupo especial del Cuerpo Superior de Policía. Hasta el día de hoy se han producido doce procesamientos de personas, de los que se ha acordado prisión provisional, sin lugar a admitir fianza».

Los procesados son: Ramón Ferrero, Elías Ferrero, Cándido Fernández Galán, José Luis Garrote Rojas, Juan Miguel Bengoechea Calvo, Fernando Bengoechea Calvo, Juan Antonio Pastor Ruiz, Jesús Portillo Orgaz, Alfonso Molina García, Miguel Par Barcells, Florencio Feijo Sánchez y Emilio Gil Vidaurreta. Todos estos procesados se encuentran repartidos entre las prisiones de Alcalá de Henares, San Sebastián, Badajoz, Toledo y Barcelona.

Tras señalar que se ha exigido por el juzgado instructor un total de 10.100 millones de pesetas, al objeto de garantizar las indemnizaciones que puedan determinarse en su día en favor de las víctimas, y el embargo de bienes para cubrir tal cantidad, la nota pone de manifiesto que «la Audiencia Nacional se propone continuar informando, puntual y periódicamente, a la opinión pública de la situación del proceso», y ofrece la seguridad de que «la investigación sumarial llegará hasta el fondo del asunto, exigiendo cuantas responsabilidades pudieran resultar de tal proceso, hasta el pleno y absoluto esclarecimiento de los hechos».

«El Consejo General del Poder Judicial», dice, «desea hacer llegar la absoluta seguridad de que los jueces y tribunales competentes van a poner el máximo celo, diligencia y rigor para el total esclarecimiento de los hechos, el amparo efectivo y real de todas las personas perjudicadas, y la persecución de los responsables ».

Por último, índica que está ejerciendo sus competencias para que les sean facilitados al órgano jurisdiccional «cuantos medios, actualmente insuficientes, sean precisos a fin de que pueda desarrollar su función con máximas cotas de eficacia y rapidez».