Niegan un crédito para una cooperativa a los trabajadores de Marinaleda

Los diputados provinciales del Partido Socialista Obrero Español se negaron a respaldar la concesión de un crédito de 150 millones de pesetas con destino a cinco cooperativas de obreros agrícolas de Marinaleda, que tienen un proyecto agrario capaz de acabar, en gran parte, con el desempleo existente en esta conflictiva población sevillana. El rechazo de esta iniciativa se produjo, según pudo saber EL PAÍS de fuentes dignas de crédito, en el transcurso de una reunión de los miembros socialistas de la Diputación, celebrada a finales del pasado mes de julio.

Marinaleda, con 2.500 habitantes y a más de cien kilómetros de Sevilla capital, se hizo noticia nacional e internacional en el verano de 1980, cuando sus habitantes protagonizaron una huelga de hambre colectiva en demanda de fondos para el empleo comunitario y soluciones al paro. Posteriormente, en abril de 1981, realizaron una acción semejante que, junto a otras movilizaciones andaluzas, desembocó en la firma de los acuerdos Gobierno-Junta de Andalucía sobre el comunitario. Precisamente en estos días, los jornaleros de Marinaleda se hallan nuevamente en lucha por considerarse discriminados en la distribución de estos fondos. El proyecto agrario mencionado, que curiosamente ha sido auspiciado por el diputado Félix Pastor Ridruejo, de Coalición Democrática, y cuenta con el apoyo de Ignacio Sotelo, miembro de la ejecutiva federal del PSOE, consiste en la adquisición por doscientos trabajadores del campo, habitualmente parados, de una finca de 250 hectáreas, situada a siete kilómetros del pueblo, así como su puesta en regadío y explotación agrícola y ganadera en régimen de cooperativa. De hecho, los promotores han constituido ya cinco cooperativas -su tramitación está muy avanzada-, con el propósito de unificarlas en un futuro inmediato.

Preferencia sobre el empleo comunitario

La compra de la finca y su explotación inicial supondrían un coste aproximado de 150 millones de pesetas. Los trabajadores, afiliados al Sindicato de Obreros del Campo, han acogido favorablemente esta iniciativa porque la prefieren al sistema de empleo comunitario, al que consideran un parche, y porque «la reforma agraria parece que va a tardar bastante», y están dispuestos a hacer horas extraordinarias y trabajar incluso los domingos para que la cooperativa funcione. Se calcula que la finca podría absorber el 80% del paro estacional del pueblo, en el que solamente hay dos meses de trabajo fijo al año, durante la recogida de la aceituna. La reunión anteriormente citada de diputados socialistas tenía por objeto, precisamente, debatir si el partido ayudaba o no a la financiación del proyecto. Se trataba de conceder el préstamo necesario para ello a través de la Caja de Ahorros San Fernando, cuya propiedad corresponde mayoritariamente a la Diputación Provincial. El presidente del Consejo de Administración de esta entidad financiera es José Dorado, alcalde de Utrera y uno de los diputados del PSOE.

Salvo alguna excepción, los diputados asistentes a la reunión, celebrada a iniciativa de Ignacio Sotelo, se pronunciaron de forma negativa sobre la operación. Los argumentos esgrimidos en favor de esta postura pueden resumirse en uno: el PSOE no debía favorecer un proyecto que sería capitalizado por una central -el SOC- enfrentada táctica y estratégicamente a UGT y CC OO. Es de resaltar también que el Ayuntamiento de Marinaleda está gobernado por nueve concejales de la Candidatura Unitaria de Trabajadores, vinculada a la izquierda extraparlamentaria, siendo los dos restantes de UCD y sin que haya representación alguna del PSOE ni del PCE.