Dos dirigentes peronistas, secuestrados en Buenos Aires

El secuestro de dos dirigentes de la Intransigencía Peronista (ala izquierda de ese partido político, el de mayor fuerza de Argentina) ha causado un gran impacto en Buenos Aires. El Gobierno niega que la policía haya detenido a los desaparecidos, mientras que los peronistas exigen que sus dirigentes aparezcan "con vida". Julio Bárbaro (ex diputado nacional por el sector juveníl del peronismo) y Juan Carlos Gallegos fueron secuestrados el miércoles, aquí, por, al menos, una docená de individuos armados que vestían de paisano y dijeron que eran policías.

Este incidente es el más serio de esta índole que ocurre en Argentina desde hace más de un año, y se produce inmediatamente después del regreso del canciller Oscar Camilión de un viaje a Estados Unidos, que aparentemente ha concluido con éxito. La Administración Reagan se empeña en convencer al Congreso de que saque a Argentina de la lista negra por sus violaciones de los derechos humanos.

Apenas conocida la noticia del secuestro de los dos dirigentes izquierdistas del peronismo, ese sector convocó a una conferencia de Prensa que dirigió Nilda Garre, esposa del ex secretario general del peronismo, Juan Manuel Abal Medina, asilado en la Embajada de México desde hace cinco años sin que se le permita abandonar el país.

El ex senador Vicente Saadi, enrolado en esa corriente interna del peronismo, declaró que Bárbaro y Gallegos deben ser devueltos con vida por el Gobierno militar, "cuya obligación es velar por la seguridad de los habitantes del país".

Saadi añadió que el secuestro de los dirigentes políticos "es obra de un servicio de seguridad del Gobierno".

Todos los grupos defensores de los derechos humanos han comenzado ya una campaña conducente a la liberación de los secuestrados, incluido el servicio de paz y justicia, del que es líder Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz 1980, y las autodenominadas «madres de la plaza de Mayo", apodadas "locas de la plaza de Mayo" por las autoridades, quienes se manifiestan periódica y pacíficamente en la plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada (palacio de Gobierno), reclamando información sobre el paradero de sus hijos desaparecidos-detenidos por razones políticas.

Esos organismos enviaron telegramas al servicio de Justicia y Paz del Vaticano, al nuncio apostólico, a la Junta Militar de Gobierno, al ministro del Interior, al Parlamento Europeo, a la Internacional Socialista, a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la Comisión Interamérica de Derechos Humanos (CIDH).