Un "ultra arrepentido" denuncia actuaciones de miembros del Batallón Vasco Español en Euskadi
Más de doce presuntos miembros del Batallón Vasco Español (BVE) y de otros grupos ultraderechistas de signo violento aparecen identificados con nombre y apellidos en una confesión, escrita puño y letra por un antiguo integrante de la trama negra en Euskadi. El documento se encuentra en poder del correspondiente juzgado central de instrucción, adscrito a la Audiencia Nacional.
Entre los identificados aparece Ignacio Iturbide, Piti, detenido en marzo del presente año y procesado por su presunta participación en seis asesinatos, como militante del BVE. El documento en cuestión fue redactado con anterioridad a la fecha citada, lo que vendría a confirmar el valor general de sus revelaciones sobre presuntos terroristas de extrema derecha. El texto al que ha tenido acceso el PAIS es el mismo que presentó ante un juzgado de San Sebastián, en la primera quincena de mayo último, el senador por la coalición Herri Batasuna (HB) Miguel Castells, según confirmó él mismo a este periódico. Castells se encuentra en la actualidad pendiente del desarrollo de un sumarlo incoado a petición de la fiscalía general del Estado, al haber concedido el pleno de la Cámara alta el suplicatorio necesario para su procesamiento, por la publicación enjunio de 1979 de un artículo en el que calificaba de impunidad la situación de los grupos terroristas de extrema derecha en el País Vasco.
El documento que fue presentado ante el juzgado de guardia está escrito sobre diez hojas de tamaño cuartilla, arrancadas de un dietario del año 1979. La fecha de las hojas es correlativa, desde el viernes 16 de febrero hasta el 9 de marzo, a excepción de la que corresponde a los días 24 y 25 de febrero, que no se encuentra entre las utilizadas.
Del propio texto del documento aludido se deduce que su autor, de ideología nacional-socialista, participó en las actividades violentas de inspiración ultraderechista desde 1974, hasta que fue detenido por un robo de armas.y recluido en la prisión de Burgos. Fue en la cárcel donde, según sus propias palabras, tomó «conciencia de todo» y se dio cuenta de que «en el fondo ese modelo de sociedad, a la cual yo había defendido, era la que me tenía allí pudriéndome».
El ultra arrepentido asegura que en los años 1973 y 1974 comenzó a actuar contra librerías, lo que le permitió darse a conocer. Por mediación de un compañero de estudios en el instituto, perteneciente a Falange, fue presentado en el club Guipúzcoa, sito bajo unos locales del Movimiento Nacional, en el número diez, de la antigua calle de Víctor Pradera, de San Sebastián, hoy Easo. En este inmueble, precisamente, continúa registrado hasta el momento un número de teléfono a nombre de la Jefatura Provincial del Movimiento. En el club se reunían antiguos combatientes de Falange, requetés y miembros de la guardia de Franco.
En el club Guipúzcoa «preparaban atentados la gente joven y la mayor. Allí salía dinero para financiar actos terroristas y de allí salían a pintar la ciudad (...). Allí mismo circulaban las armas, casi todos tenían las suyas, unas legales y otras ilegales». Un policía de la antigua Brigada Político-social frecuentaba el lugar y facilitaba propaganda gubernamental.
Un militar retirado, presunto responsable
El ultra arrepentido atribuye a ,un teniente coronel retirado, nacido en Guipúzcoa y probable militante de Fuerza Nueva, la dirección actual del BVE. Este individuo se trasladó a San Sebastián y propuso al activista, luego arrepentido, ante otros compañeros, formar parte de un comando que él dirigiría y apoyaría desde Madrid. Aunque el redactor del texto no llegó a pertenecer a la organización, por tener que acudir al servicio militar, en abril de 1977, el resto del grupo sí lo hizo. Un emisario se encargaba de la coordinación del comando de San Sebastián y de otro que existía en Bilbao, proporcionándoles desde Madrid armas y explosivos.
El elemento coordinador huyó poco después de que fueran detenidos los autores de la matanza del despacho laboralista de la calle de Atocha, y pasó a ocupar su puesto otra persona, esta vez un vecino de San Sebastián, que mantenía el aprovisionamiento de armas y explosivos, y que participó directamente en la voladura de dos chalés en Vizcaya, pertenecientes a un miembro del Partido Nacionalista Vasco y a un tal Domingo Unzalu. Estos atentados fueron atribuidos por sus autores a Antiterrorismo ETA (ATE). El paradero actual del segundo coordinador es desconocido.
La confesión, redactada en las primeras semanas de febrero, aporta, además de los nombres y apellidos de los tres dirigentes citados, la identidad de otras siete personas, de las que dice pertenecían al mismo grupo. Uno de ellos es Ignacio Iturbide, Piti, detenido en el mes de marzo del presente año, en San Sebastián, Junto a Ladislao Zabala, y acusado de haber participado como miembro del Batallón Vasco Español en el asesinato de, por lo menos, seis personas en la provincia de Guipúzcoa, varios intentos frustrados e innumerables atentados con explosivos e incendio. A Iturbide le califica, el ultra arrepentido, como uno de los elementos «más peligrosos y activos» y se menciona su participación en atentados contra el bar Alaya, de San Sebastián, perpetrado en diciembre de 1975; una tienda de la parte vieja donostiarra, la villa de los padres de Eduardo Moreno Bergareche, Pertur, en Irún; voladura de dos chalés en Vizcaya, y apaleamiento, en Zarauz, de la madre y hermanas de Juan Paredes, Txiki, militante de ETA fusilado en 1975.
También se alude a su residencia durante cierto tiempo en un pueblo vizcaíno bajo la protección de un capitán de la Guardia Civil. Iturbide permaneció cinco meses en prisión, en 1978, acusado de participar en el incendio de la sede del Partido Comunista de Euskadi (PSE-EPK), de San Sebastián, y en la voladura de una tómbola del equipo de baloncesto Askatuak. La causa fue sobreseída. El documento asegura que Iturbide realizó trabajos para la Presidencia del Gobierno y, refiriéndose al período anterior a su detención definitiva, dice que «viene de vez en vez por San Sebastián a hacer acciones o a ver cómo anda esto. Se cree que ahora milita en el Batallón Vasco Español, por lo que habla de él, y últimamente fue visto en San Sebastián dos días antes del atentado de Hendaya». La detención de Iturbide, en fecha posterior a la de la confesión, permitió comprobar la exactitud de su adscripción al BVE y su actividad en Amorebieta, donde llegó a cobrar sueldo de la Policía Municipal antes de las primeras elecciones democráticas, sin vestir nunca el uniforme ni prestar servicio conocido (véase EL PAIS del 5 de marzo de 1981).
El ultra arrepentido acusa a Ignacio Iturbide de trabajar en estrecho contacto con Kokoliso, apodo de un individuo muy conocido en el País Vasco, que logró infiltrarse en ETA. Según el documento, Kokoliso reside en Madrid, y «se cree que es otro de los más importantes del BVE».
En cuanto a los restantes miembros del grupo, se identifica a un militante de Fuerza Nueva de San Sebastián, detenido en 1978 y puesto en libertad al cabo de un mes; un vecino de Hernani, detenido y liberado junto al anterior, y otros tres.
El documento identifica a dos presuntos miembros del GAE, organización que reivindicó la autoría de algunos atentados ultraderechistas. Se trata de una persona detenida, en 1979, por robar un automóvil a punta de pistola, y de un médico de San Sebastián que alardeó de haber participado en la voladura de las oficinas del Consejo General Vasco. En 1980, fue detenido cuando se encuontra en un bar, a la espera de cobrar un impuesto patriótico, y puesto al poco tiempo en libertad.
A preguntas de EL PAIS, el abogado y senador de HB Miguel Castells dijo que el documento le había sido entregado en su despacho jurídico, en los primeros días de mayo, por una persona distinta a su redactor. Castells lo trasladó al juzgado de guardia. El Juzgado de Instrucción número 2 de San Sebastián lo admitió a trámite y. después de cierto tiempo, se inhibió en favor de la Audiencia Nacional. Esta situación supone de hecho, en opinión del letrado y senador de HB, la apertura de una investigación sobre el BVE.
Castells manifestó que se trata de un hecho de trascendencia, al facilitar un principio de indagación de las actividades de los sectores ultraderechistas y sus implicaciones, sobre la base del interrogatorios e investigación de las personas identificadas, y de un testimonio escrito. Destacó que, en la situación actual, no puede conocerse el desarrollo de los trámites judiciales. «A la vista de la trascendencia del hecho y los evidentes riesgos y dificultades que esta investigación supone, sería importante sumar una amplia colaboración ciudadana a la investigación judicial. En este sentido, creo que podría interesar la personación jurídica en el sumarlo, ejercitando la acción popular que compete a todo ciudadano».
