La Administración, obligada a replantear la construcción de Nuevo Riaño

La construcción de Nuevo Riaño, donde se pretende albergar a los habitantes de los ocho pueblos afectados por el pantano del mismo nombre, ha tenido que ser replanteada a los cuatro años de comenzadas las obras ante el incumplimiento por parte del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (MOPU) de los compromisos financieros firmados en 1979. Hasta el momento han sido invertidos en el proyecto de construc ción de Nuevo Riaño 207 millones de pesetas, y se estima que su ejecución costará otros 293 millones de pesetas para que puedan construirse los primeros edificios en 1983.

La historia del pantano de Riaño ha sido, desde sus comienzos, un largo calendario de aplazamientos y goteo de millones, según la Administración dispusiera o no de liquidez. Proyectado en la época de la República y resucitado durante los planes de desarrollo de los años sesenta, comenzó a construirse en 1966 con tres años de retraso sobre un plazo de ejecución de siete.

Sin embargo, el muro de presa no fue terminado hasta 1977, y todavía en el Consejo de Ministros del día 3 de julio se aprobó una partida de 1.796 millones para las variantes de carreteras afectadas Por el embalse sin las cuales un buen número de pueblos quedarían prácticamente incomunicados.

En cuanto al plan de regadíos que motivó la construcción del pantano, el mayor de Castilla y León, con 80.000 hectáreas, ni siquiera se ha decidido su trazado. Se estima que éste actualmente costaría unos 17.000 millones de pesetas, tres veces más de lo que se ha invertido hasta ahora en el proyecto.

En medio de este caos burocrático y financiero surgió en 1977 el proyecto de Nuevo Riaño, gestado por la Diputación poco antes de las primeras elecciones democráticas. Entonces se habilitó un presupuesto de cerca de cien millones de pesetas, que se agotaron antes de terminar la explanación de los terrenos. Posteriormente, el ministro del Interior de la época, Rodolfo Martín Villa, gestionó una aportación similar y, por último, en octubre de 1979, Jesús Sancho Rof firmó, como ministro de Obras Públicas, la constitución de una sociedad mixta Estado-Diputación para sacar adelante el proyecto.

De acuerdo con aquel compromiso, el Ayuntamiento de Riaño aportaba 127 hectáreas de propiedad comunal; la Diputación, las inversiones ya realizadas, y el MOPU, el resto, hasta llegar a los 407 millones de pesetas. Se anunció oficialmente que todos los problemas de financiación quedaban resueltos.

El MOPU no cumple

A pesar de Sancho Rof, las obras de Nuevo Riaño se paralizaron en 1979, sin que hayan vuelto a reanudarse desde entonces. No se ha dado ninguna explicación oficial sobre las razones por las cuales la sociedad mixta no llegó nunca a funcionar ni por qué el Ministerio comunicó a la Diputación, en diciembre del pasado año, que no podría cumplir sus compromisos, aunque mantenía la oferta inicial de aportar doscientos millones de pesetas. Ahora, la Diputación ha decidido gestionar en solitario Nuevo Riaño, para lo que calcula que será necesario invertir 93 millones más de lo que promete el Estado. Hará falta todavía remover 450.000 metros cúbicos de roca y tierra para explanar la plataforma más alta de las tres sobre las que se asentará el pueblo, construir una escollera en los terrenos más próximos al agua y retocar los accesos por carretera; luego se procederá a urbanizar las tres plataformas y dotarlas de calles, luz, agua y equipamientos urbanísticos en general.

Ante este estado de cosas, la Diputación ha optado también por modificar el plan de ordenación del nuevo núcleo y ha convocado un concurso al que se han presentado una veintena de equipos de arquitectura. Todo ello ha permitido detectar fallos de importancia en el planteamiento inicial: mala conexión entre las plataformas, dificultades para cimentar en terrenos de relleno, alto coste de infraestructura para frenar el arrastre de tierras de un talud a otro y errónea orientación del pueblo respecto a las carreteras proyectadas por el MOPU, con perspectivas poco favorables para su futuro desarrollo.

Como consecuencia de lo ante rior, el equipo adjudicatario del concurso ha tenido que racionalizar el antiguo plan y concentrar el grueso de la población en una plataforma -la más alta- de sólo cinco hectáreas y dejar el resto para equipamientos, chalés y viviendas unifamiliares. Los arquitectos -Salvador Gayarre y Joaquín Pallas- han propuesto también mantener en los futuros edificios las normas arquitectónicas tradicionales de la comarca frente a las urbanizaciones estandarizadas que han servido de base hasta ahora a este tipo de proyectos.

Sin embargo, no todo ha quedado resuelto en la planificación de Nuevo Riaño, entre otras cosas porque todavía se desconoce cuantos de los vecinos afectados aceptarán trasladarse a él. En principio, el pueblo ha sido pensado para albergar a 3.800 personas, de las que algo más de mil no tendrán allí su residencia habitual (chalés).

La mayoría de los habitantes de la comarca -8.600 en 1970- han abandonado ya sus localidades de origen, hasta el punto de que, en algunas de ellas, el número de vecinos ha quedado reducido a una tercera parte; en la cabecera de comarca, el actual Riaño, quedan en estos momentos setecientas personas.

Otra incógnita que pesa sobre Nuevo Riaño es el dudoso futuro que se ofrece a los ganaderos de la zona, que constituyen el grueso de la población. Tradicionalmente, la izquierda, en especial el PCE, ha venido oponiéndose al proyecto por considerarlo una obra de lujo para una comarca de estas características, cuya cabaña ganadera está condenada a repartirse por los núcleos vecinos, todos ellos deficitarios en servicios. Actualmente, la Diputación se limita a obviar el tema y alega que no puede preverse la incidencia que el pantano va a tener en la economía de los vecinos y que, en cualquier caso, el futuro pueblo tendrá otras recursos, incluido el turismo, como núcleo administrativo y de servicios.

Al actual alcalde de Riaño, Gaspar Alonso, de UCD, la iniciativa de la Diputación de asumir las responsabilidades dejadas por el MOPU le hace estar convencido de que «ahora se va a hacer una cosa buena y seria de una vez».

En cuanto a las garantías de que ésta pueda ser una solución definitiva, el alcalde dijo poder dar nombres de personalidades interesadas en relanzar el proyecto, entre ellas el ministro leonés de Administración Territorial, Martin Villa.