Un grupo de acreedores presentará denuncia por presunta estafa contra Financiera Cortes de Navarra, SA

Los abogados que representan a veintidós acreedores de la Financiera Cortes de Navarra, SA (Ficonasa) presentarán la próxima semana una denuncia ante los tribunales por un presunto delito de estafa contra los administradores de esta sociedad, actualmente en estado legal de quiebra. Según ha podido saber EL PAÍS, la denuncia por estafa está fundamentada en el hecho de que algunos administradores de Ficonasa, según un grupo de acreedores, estaría ocultando bienes propios (que están siendo transferidos a familiares próximos) y podrían existir responsabilidades de tipo personal no satisfechas.Ficonasa, sociedad que cuenta con un capital social de 21.000.000 de pesetas, quedó constituida a principios de los setenta como una financiera que invertía el dinero que recibía de sus impositores. La sociedad, según se desprende de un informe judicial, ha ganado en siete años algo más de 170 millones de pesetas, si bien en 1980 tuvo graves problemas financieros que derivaron en una suspensión de pagos.

En primer término, un grupo de acreedores presentó una demanda de quiebra, a la vez que la empresa, días después, en agosto de 1980, solicitó la declaración de suspensión de pagos, que le fue concedida por el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Pamplona. La quiebra, sin embargo, fue denegada en primera instancia y autorizada en segunda, aunque Ficonasa ha recurrido ante el Tribunal Supremo.

Ahora, de forma paralela, un grupo de acreedores va a presentar una denuncia por estafa contra los miembros del Consejo de Administración de la sociedad. Casi todos los acreedores-impositores son personas de avanzada edad, de condición modesta, que habían invertido en Ficonasa todos los ahorros de su vida.

A raíz de la solicitud de declaración del estado legal de suspensión de pagos, el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Pamplona nombró dos interventores judiciales con el objeto de que elaboraran un dictamen sobre Ficonasa, al que ha tenido acceso EL PAÍS. El dictamen, con fecha 9 de febrero de 1981, hace referencia al balance presentado por la sociedad en el momento de la suspensión de pagos (activo, 306.457.341 pesetas; pasivo, 182.247.185 pesetas), significando que, es inexacto, por cuanto el balance real debería haber sido el siguiente: activo, 281.067.803 pesetas, y pasivo, 258.790.319 pesetas.

Por otra parte, la intervención judicial llama la atención sobre las imposiciones afectas a riesgos y, en concreto, con respecto a tres pólizas de afianzamiento mercantil con imposición a plazo, firmadas con fecha 1 de agosto de 1980 (dos semanas antes de la suspensión de pagos), a favor del Banco Central en Pamplona. Los interventores precisan que es difícil comprender los motivos que impulsaron a Ficonasa para prestar el afianzamiento sin contraprestación por parte del banco cuando prácticamente se habían suspendido todos los pagos, si bien «todos los indicios hacen presumir que las distintas relaciones personales existentes entre miembros del Consejo de Administración de Ficonasa y el Banco Central impulsaron a dar a este un trato preferencial, en perjuicio del resto de los acreedores».

Con respecto a los acreedores, que según la intervención judicial suponen 252.288.602 pesetas, el informe asegura que, en el curso de las investigaciones, los interventores se han encontrado, en el período comprendido en los seis meses anteriores a la fecha de presentación del expediente de suspensión de pagos, «con numerosos reintegros de préstamos realizados con anterioridad a su fecha de vencimiento».

Al referirse al estado de la contabilidad en la fecha de la suspensión de pagos, la intervención judicial observa importantes irregularidades, destacando el hecho de que Ficonasa utilizó una doble contabilidad: la oficial y la real. Para los interventores, la sociedad nunca llevó la contabilidad al día: los administradores incumplieron el artículo 40 del Código de Comercio, ya que no firmaron el balance de situación del cierre del ejercicio y la cuenta de resultados. Y Ficonasa, que se acogió a la ley 50/1977 sobre regularización voluntaria de su situación fiscal, engañó al fiscal cuando manifestó que hasta 1977 no había llevado contabilidad, cuando la intervenciónn judicial precisa que «se conoce perfectamente que se llevaba contabilidad, ya que la intervención ha dispuesto y examinado balances y otra documentación contable correspondiente al período citado».

Con los datos obtenidos «de forma contable y extracontable», la intervención asegura que los beneficios de Ficonasa ascendieron, en el período 1972-1979, a 170.308.901 pesetas.

Según el listado de los interventores, figuran junto a más de 180 particulares, la Hacienda púbica, la Diputación Foral de Navarra, la Diputación Foral de Guipúzcoa, Insalud, los siete empleados de la sociedad (a los que se les adeuda, por salarlos pendientes, 1.650.000 pesetas), y los bancos de Pamplona, San Sebastián y Bilbao, Central, Hispano Americano, Industrial del Sur, del Norte, Bilbao, Zaragozano, Vasconia, Noroeste, Vizcaya, Santander, Guipuzcoano, Comercial Español, Pastor, Exterior de España y Popular.