El derecho al retorno

LA HUELGA de gasolíneras corivocada para los próximos días 29, 30 y, 31 de este mes coincide, una vez más, con fechas claves, para el retorno- de los veraneantes a sus ciudades. Los empresarios -si puede darse este arriesgado noiribre a quienes graciosamente disfrutan y abusan de un privilegio administrativo- lanzan a sus empleados a la huelga para que sean éstos los que consigan del Gobierno una elevación de sus comisiones de venta o un anticipo de veinticinco céntimos más por litro vendido a cuenta de la próxima subida. De esta forma, una huelga de los empresarios contra el Gobierno se convierte habitualmente en una huelga de los obreros, contra los usuarios de vehículos.Cada verano se repite la misma historia. En julio se inician las conversaciones para la negoclación del convenio del sector. Los empresarios no se sientan a la mesa qon los sindicatos por no tener aún garantías del Gobierno sobre su próxima subida de comisiones -una fija al año y otra variable por litros vendidos-. A continuación los trabajadores amenazan con una huelga en días claves para las operaciones de retorno capaz de paralizar medio país. El Gobierno interviene para fijar un plazo negociador, tras el cual, si no hay acuerdo entrelas partes, dictará un arbitraje que automáticamente transforma la huelga en ilegal. Ayer se rompieron oficialmente las negociaciones y dentro de cinco días termina el plazo que tiene la Administracción para dictar el laudo de obligado cumplimiento.

Una primera consideración que pueden hacerse, no sin cierta razón, los usuarios de gasolineras es que, si la sociedad española se empobrece como consecuencia del encarecimiento del petróleo, los concesionarios de estaciones de servicio para el automóvil no deben ser una excepcion. En lo concerniente a las decisiones de la OPEP, no hay razón para que los gasolineros tengan una bula especial, porque ellos también deberían empobrecerse en la misma medida que los demás. Sin embargo, ocurre todo lo contrario. Los concesionarios del surtidor hacen su agosto con cada subida del precio de los carburantes, ya que el margen de beneficios crece a medida que simplemente aumenta el volumen de negocio, aunque la comisión sea la misma. El año pasado la patronal pedía, por estas fechas, un incremento de 34 céntimos sobre la comisión de 1,98 pesetas por litro vendido. Con efecto desde 1 de enero de 1981 la Administración elevó sus márgenes a 2,08 pesetas el litro de gasóleo y 2,22 el de gasolinas, comisiones junto a las cuales las gasolineras reciben anualmente de Campsa una cantidad fija de 960.000 pesetas por el hecho de su establecimiento. Pero la subida no satisfizo las ambiciones de los empresarios que tienen en sus manos aproximadamente la mitad de las 3.400 gasolineras (el resto son explotadas por trabajadores autónomos o directamente por Campsa).

En esta situación, los gasolineros esperaron confiados a que llegara el verano. Con las carreteras abarrotadas y una negativa rotunda a sentarse a renegociar el laudo de 1980 que expiraba a finales de junio, se presentaría otra vez la ocasión propicia para lanzar indirectamente a los sindicatos contra el Gobierno; esperaban, no sin cierta lógica, que, después de un laudo que elevó los salarios el 12,5% a un colectivo que sufrió el 16%, de inflación, los trabajadores se lanzarían al paro para pedir al menos un 15% de aumento salarial en el convenio de 1981. Los trabajadores ofrecerían así en bandeja a los empresarios la oportunidad de obtener del Gobierno otro aumento de las comisiones o un anticipo.

Los sindicatos conocen la táctica empresarial del presidente de la Confederacion Nacional de Estaciones de Servicio, señor Melón, quien les acusa además de ser incapaces de llevar a cabo la huelga por falta de fuerza entre los trabajadores. Representantes sindicales parecen haber sugerido a la Administración que se dé prisa en dictar el laudo para evitar que esta impopular huelga se lleve a cabo en pleno retorno de veraneantes.

Los empresarios, por su parte, están presionando demasiado sobre una situación de privilegio que se les puede acabar con el primer soplo de libertad. Como ya señaló este periódico en su editorial del pasado 30 de julio, el sistema de restricciones malthusianas a la libertad de implantación de industrias y negocios es probablemente la causa fundamental de esta huelga, que amenaza el derecho al retorno de nuestros veraneantes.