¿Una decisiva oportunidad perdida?

Aunque este breve artículo se refiere desde luego, a los que se han venido en denominar pactos autonómicos, no es su objeto ni intención explicar pormenorizadamente los puntos de desacuerdo que el Gobierno vasco ya ha reiterado en buen número de ocasiones, la última el pasado lunes. Conste, simplemente, para disipar cualquier duda, que nuestra posición no sólo no es de conformidad, o de disconformidad iuxta modum, sino de rotunda y absoluta discrepancia. Pero no es esa la cuestión hoy. Quisiera que estas líneas sirvieran para explicar a la opinión pública de España cuál ha sido la posición del Gobierno vasco al respecto de la llamada cumbre autonómica (que, paradojas de la política., ha excluido a los representantes de las comunidades autónomas ya existentes) -lo que nos conduce a analizar el procedimiento utilizado- y cuál es hoy la actitud y expectativas del Gobierno vasco. La primera constatación es que se han utilizado los mismos procedimientos que tan denostados son ahora en esa nueva «política de gestos» que pretende marcar diferencias con la época Suárez. Suárez «hurtaba al Parlamento o al debate las grandes cuestiones», pero he aquí que el Gobierno de coalición UCD-PSOE utiliza idéntico esquema de funcionamiento con un solo cambio o adición: conscientes de su falta de autoridad moral en esta cuestión de las autonomías, deciden cobijar bajo un único manto su vida anterior y se escudan en opiniones de una comisión de expertos que algunos han calificado benévolamente de argucia (EL PAIS, 1 de agosto), y nosotros, de coartada. Este es el momento de la concepción, en el que se deja ya claro que es un menage a deux, contemplando simplemente la posibilidad de actores secundarios en los momentos finales, bien entendido que los problemas se resolverían siempre sólo a dos bandas, aunque en la mesa se pudieran sentar otros partidos llamados nacionales. El proceso ha concluido con un brillante parto: han alumbrado un hermoso ratón desde la perspectiva de relación de fuerzas políticas en Euskadi, que representa un salto atrás de seis años. Aunque. eso sí, un ratón con espléndida dote (Ayuntamiento de Barcelona). Pues bien, interesa precisar cuál ha sido la actitud del Gobierno vasco en este tema. Hay que decir primero, con toda claridad, que no ha existido invitación alguna a participar en las negociaciones, sino tan sólo información a posteriori y en impoluto papel blanco. Hoy es el día en que el Gobierno vasco no ha recibido copia de los acuerdos aún, limitándose a conocer su contenido a través de lo publicado en los medios de comunicación. Remedando la frase célebre, «no se puede engañar a muchos todo el tiempo»: han bastado unos pocos días para que se confirme la veracidad de nuestra aseveración: no invitación (Raventós, en declaraciones recientes, por cierto, afirmaba que «si no ha sucedido así -se refiere a la presencia de Convergencia de Cataluña-, ello no es imputable a los socialistas, sino al Gobierno»). Pero la historia comienza en febrero de 1981, cuando, a petición de representantes del Gobierno de UCD, algunas personas del PNV mantuvimos reuniones en relación con la investidura del señor Calvo Sotelo. Y aquí hay un dato que la opinión pública española probablemente ignora: cuando se nos pregunta acerca del posible posicionamiento en la votación correspondiente, nuestra postura no fue la de pedir precio alguno (hubo quien, insidiosamente, habló de que habíamos pedido 2.000 millones de pesetas), sino que para saber a qué atenernos a la hora de votar deseábamos hablar, por un lado, de los grandes temas de Estado (política exterior, política económica, autonomías), y, por otro, más en concreto, del desarrollo de nuestro Estatuto. Y allí planteamos la necesidad de fijar, no desde una perspectiva unilateral, como ahora pretenden UCD-PSOE, sino pactada, la interpretación de algunos de los grandes temas contemplados en el Estatuto, que, si bien ya habían recibido una determinada interpretación en el momento de redacción del Estatuto, formalmente quedaban pendientes: así, normas básicas, bases, desarrollo y ejecución, coordinación, ordenación general de la economía, política económica general, etcétera. Se nos alegó la imposibilidad de precisar todas las dichas cuestiones en el breve plazo de que se disponía, pero se tomó nota de todo ello para hablarlo más adelante. Fuimos, en consecuencia, nosotros quienes suscitamos la conveniencia de precisar formalmente dichos temas mediante el procedimiento lógico de diálogo y acuerdo entre las partes afectadas. Pero no ha habido otra oportunidad y, por nuestra parte, hemos querido agotar todas. Cuando surge la feliz idea de los expertos pedimos participar en su extracción, y no fue posible porque no se quiso consentirlo. Cuando se empieza a negociar el primer paquete de acuerdos políticos, se nos dice que no se refieren a los estatutos ya aprobados y, sin embargo, cuando conocimos el primer texto, tras mencionar el deseo de procurar el acuerdo con las comunidades autónomas ya existentes, se habla de estudiar el procedimiento constitucional o legal para que en todo caso les fueran de aplicación (lo que, al parecer, se ha corregido con el texto firmado: pero, insisto, se ha corregido...). Cuando, a pesar de la negativa UCD-PSOE a que nos sentáramos a la mesa, el señor Martín Villa declara a la Prensa que si no estamos es porque no queremos (16 de julio), se le envía un télex para que manifieste si estamos invitados o no, y la contestación no es la invitación...

Dispuestos al diálogo

Hemos estado dispuestos al diálogo, incluso en trarríos de las negociaciones (finales de julio) en que, por estar ya casi todo hablado, quedaba afectada la dinidad del Gobierno vasco. Pero se ha preferido hacerlo como se ha hecho. Falta a la verdad quien afirme lo contrario, y quien califique la cuestión de error hístórico debe anotarlo en su debe.

Hoy, seguimos ofreciendo el diálogo. Así lo ha hecho público oficialmente el Gobierno vasco. Pero que nadie se llame a engaño y equipare espíritu abierto y de diálogo con benevolencia, lenidad o debilidad. Los partidos firmantes representan quince diputados de los sesenta del Parlamento vasco, es decir, una simple minoria significada: el 25% del total. Sólo el PNV tiene diez diputados más que los dos juntos, y los partidos de ámbito exclusivamente vasco, el 70% del total. Quien quiera analizar la realidad de los pactos en Euskadi con objetividad, anote esos datos. Y estos otros: comparando los resultados de las elecciones del 1 de marzo de 1979, y las del 9 de marzo de 1980 (Parlamento vasco), UCD ha perdido el 52,96%, y el PSOE, el 31,37% (que se eleva al 51,24% si la comparación se realiza con las elecciones del 15 de junio de 1977). Todos los partidos de ámbito vasco han mejorado sus posiciones. Si este nuevo ofrecimiento de solución negociada conociera asimismo el fracaso, el Gobierno vasco defenderá «por todos los medios» el Estatuto y la interpretación que el mismo obtuvo cuando se negoció. Para los profesionales de la insidia y la calumnia contra el PNV o el Gobierno vasco que ha blan del chantaje permanente, se remite un aviso de importancia: lo que el Gobierno se apresta a defender «con todos los medios» es el cumplimiento de una ley votada por abrumadora mayoría por las Cortes Generales. No se trata de «oponerse a...», sino de defender una ley que no es del Parlamento vasco, sino del Parlamento español, y tiene el máximo rango tras la Constitución, por lo que ninouna otra puede alterarla.

Debemos concluir. Esa ley, además, ha sido refrendada por el pueblo vasco en referéndum, reafirmándose su condición de documento político pactado. Tenga el Gobierno del Estado y partidos firmantes la certeza de que el pueblo vasco no va a convertirse en testigo mudo o espectador impasible de la dearadación que se pretende del Estatuto, o, lo que es lo mismo, de la defraudación de su voluntad manifestada en referéndum.

Mario Fernández Pelaz es consejero de Trabajo del Gobierno vasco. Presidente de la Comisión Mixta de Transferencias autonómicas.