Pío Cabanillas y Fernández Ordóñez tratan de llegar a un acuerdo sobre la televisión privada

Viene de página primera

Hubo otra circunstancia en aquella reunión ministerial que se aleja igualmente de los procedimientos habituales que rodean a una normativa legal de gran importancia: Pío Cabanillas anunció que contaba con un informe realizado por el Consejo de Estado por el que se dictaminaba favorablemente sobre la legalidad y constitucionalidad de la vía del decreto. Tampoco nadie conocía el contenido de dicho informe, elaborado a toda velocidad, ya que Pío Cabanillas lo solicitó el día 21 de julio y lo presentó en el Consejo de Ministros diez días después. Ni Pérez-Llorea ni Fernández Ordóñez aceptaron tales apresuramientos, y por ello se ha decidido que el tema fuera tratado en la ejecutiva del partido tras la entrevista conjunta Cabanillas-Fernández Ordóñez de ayer tarde.

El citado decreto ha sido elaborado por catedráticos de telecomunicaciones, técnicos de Radiotelevisión Española y expertos del departamento de Pío Cabanillas, el Ministerio de la Presidencia, y su contenido tampoco era conocido anoche por los ministros.

El informe preparado por la permanente del Consejo de Estado establece, por su parte, que la disposición final del Estatuto de RTVE conforma la legalidad de la fórmula del decreto en base al siguiente razonamiento: esta disposición «autoriza al Gobierno, previa audiencia del Consejo de Estado, al desarrollo de lo previsto en este estatuto». La permanente, en base a criterios de Derecho administrativo, alega que lo previsto en este estatuto establece la titularidad del Estado sobre RTVE, y, por tanto, en base precisamente a esa titularidad puede conceder permiso de explotación de dicho servicio público a empresas privadas.

Sin embargo, en el Ministerio de Justicia no se opina lo mismo, y sus equipos jurídicos alegan que no puede sustraerse al Parlamento algo que afecta a uno de los derechos fundamentales de los españoles previsto en la Constitución. Fernández Ordóñez, pues, planteó ayer a Cabanillas que son necesarias dos leyes para su regulación: una primera, que podría ser vía decreto-ley, para autorizar las cadenas privadas en su ámbito estrictamente empresarial, ya que la Constitución establece la libertad de empresa y de mercado en nuestro país, y otra ley posterior, de rango orgánico, para regular el contenido de las empresas privadas, puesto que la información es uno de los derechos fundamentales constitucionales, y su tramitación debe ser obligatoriamente mediante ley orgánica.

En todo caso hay una coincidencia de intereses dentro de la propia UCD para que se autoricen cuanto antes las cadenas privadas. El Gobierno parece muy inquieto ante los últimos sondeos electorales, ya que éstos dan como vencedor de los próximos comicios al Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Según las fuentes consultadas ayer por EL PAIS, la prisa de UCD responde a que el funcionamiento de las cadenas privadas antes de las elecciones podría ser empleado para realizar campaña electoral, puesto que el PSOE no parece dispuesto a financiar, de momento, su propia cadena de televisión. Los socialistas se muestran ahora interesados en las emisoras de radio, y su oposición a la libertad de empresas televisivas hay que buscarla en su presunción de que los inversores de dichas cadenas no serían partidarios de que el próximo Gobierno español fuera socialista.

Los votos del Parlamento

Por otro lado, si el Consejo de Ministros de mañana decide emplear la fórmula del decreto-ley, éste entraría en vigor inmediatamente, y el Parlamento lo ratificaría o rechazaría poco después. Actualmente, las matemáticas parlamentarias dan la victoria a los partidarios de la coexistencia entre televisión pública y -privada. Coalición Democrática y UCD podrían obtener el apoyo de las Minorías Vasca y Catalana a cambio de crear el tercer canal estatal en Cataluña y el País Vasco, controlado por las comunidades autónomas. PSOE y PCE quedarían, por tanto, en minoría.

En algún sector centrista se considera conveniente abrir un debate público en el Parlamento acerca de este tema, puesto que de esa manera se obligaría a los socialistas a argumentar su oposición. Hasta el momento, Felipe González se ha declarado contrario a la creación de canales privados, «porque en países de fuerte tradición democrática se está estudiando la posible injerencia extranjera en la soberanía nacional a través de los recursos tecnológicos que implican las emisoras-canales televisivas». Este argumento, referido por el secretario general del PSOE en una reciente conferencia de Prensa, no acaba de convencer a sus oponentes.

El debate sobre el citado decreto no figura en el orden del día de la reunión de la ejecutiva centrista -prevista para hoy. Sin embargó, la entrevista de ayer entre los mencionados ministros hace pensar que sí será abordado. Otro tanto puede pasar en el Consejo de Ministros de mañana. Los subsecretarios no cuentan con este tema, aunque sí con un anteproyecto de ley sobre las actividades de los radioaficionados.