Administración y organizaciones de ámbito estatal luchan por el control de las cámaras agrarias locales

El Ministerio de Agricultura y las organizaciones agrarias de ámbito estatal ya han comenzado a maniobrar para hacerse con el control de las cámaras agrarias locales, cuyas elecciones se celebrarán la próxima primavera. Las organizaciones socialistas han denunciado el retraso en la realización de censos actualizados de agricultores y de una definición sobre quién es agricultor y quién ganadero. El control de las 8.000 cámaras agrarias que existen en España implica el control del campo español y supone un potencial político apetecido por todos los partidos.

Al desaparecer los sindicatos verticales del régimen anterior, y con ello la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos, surgió el problema de articular una representación válida para el campo y el de crear unos organismos de servicios que cumplieran los cometidos asignados a los anteriores sindicatos. Por otro lado, comenzaron a surgir las organizaciones profesionales agrarias, cinco de las cuales se pueden considerar de ámbito nacional: Ufade (Unión de Federación Agraria de España), FTT (Federación de Trabajadores de la Tierra), CNAG (Confederación Nacional de Agricultores y Ganaderos), COAG (Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos) y el Centro Nacional de Jóvenes Agricultores. A través de éstas se ha canalizado la mayor parte de las reivindicaciones del campo.Sin embargo, quedaba por resolver el problema de la parte de servicios que prestaban al agricultor las antiguas hermandades, tales como pagos de las cuotas de la Seguridad Social, servicios de estadísticas y otros. Para ello se crearon las cámaras agrarias, por un real decreto de 2 de junio de 1977, con una estructura local, comarcal, provincial y nacional. En total, existen en España más de 8.000 cámaras agrarias y están presentes hasta en las más pequeñas y perdidas aldeas. De ahí deriva su gran potencial político, que supone una auténtica golosina para todos los partidos, organizaciones y grupos de presión. Se puede decir que quien controle las cámaras agrarias controla el medio.

En España al igual que toda Europa, excepto en Suiza, las cámaras agrarias tienen el carácter de corporaciones de derecho público y están compuestas por todas aquellas personas que ejercen la actividad agraria. El principal problema radica en definir quiénes son los individuos que ejercen una actividad agraria. Las fórmulas de elección en las cámaras varían según los países, en Francia se hace a través de nueve colegios electorales; en Alemania también se utiliza esta misma fórmula, aunque varía el número. Mientras tanto, en Austria, al igual que España, las elecciones de los órganos rectores de las cámaras se efectúan por votación universal, directa y secreta. En otros países, entre ellos Bélgica, se accede a los órganos de gobierno a través de la designacion.

Con el advenimiento de la democracia llegaron también otros hábitos y costumbres. Uno de ellos, que los agricultores eligieran a los propios representantes. Así, en 1978, se celebraron las primeras elecciones a cámara agrarias locales, posteriormente se eligieron los órganos directivos de las provinciales, y al comienzo del verano de 1980 quedó constituida la Conca (Confederación Nacional de Cámaras Agrarias). Como presidente de este organismo resultó elegido el también presidente de la Cámara Agraria de Barcelona, José Giralt, a la vez miembro destacado de los Jóvenes Agricultores, sindicato que en un principio estuvo apoyado por UCD. A las elecciones para comité ejecutivo de la Conca sólo se presentó una lista, producto de un pacto del ministerio y algunas de las principales organizaciones agrarias.

Salvo en los dos últimos meses, en que se ha detectado una toma de postura más clara, la Conca se ha limitado a vegetar y bastante ha tenido con aguantar los embites de algunas organizaciones agrarias, fundamentalmente la COA y las cortapisas del IRA, con su director general, Luis Vicente Moro, a la cabeza, a través del recorte de los presupuestos.

En el decreto sobre Cámaras Agrarias, además de su definición como corporaciones de derecho público, se especificaba que actuarían en sus respectivos ámbitos territoriales como «órganos consultivos de la Administración en la preparación, aplicación y elaboración de normas que afectan a temas de interés general agrario». No obstante, sus misiones no han quedado muy delimitadas, y en muchos casos coinciden con las asignadas al IRA.

Con la creación de las cámaras agrarias, y dado que había de celebrar votaciones democráticas para que los agricultores eligieran a los representantes, se abría la posibilidad de que el ministerio perdiera el control que hasta entonces había ejercido sobre el campo. Para impedir esto se creó el IRA, y cuando Jaime Lamo fue nombrado ministro eligió a un hombre de su máxima confianza, Luis Vicente Moro, para el cargo de director general. Algunas de las competencias de este organismo coinciden con las de la CONCA, y así existen diversos servicios duplicados, como el de las relaciones exteriores.

Sin embargo, lo más importante de las relaciones entre ambos organismos es que la CONCA está sometida a la intervención previa del representante del Ministerio de Hacienda en el IRA, por lo que los presupuestos de la confederación se han visto recortados al máximo y también su capacidad de maniobra. A pesar de las múltiples presiones ejercidas, los representantes de los agricultores no han conseguido todavía una solución satisfactoria.

La otra vía del control de las cámaras por parte del IRA radica en los funcionarios. Los secretarios y funcionarios de las cámaras dependen del IRA y, por tanto, de Luis Vicente Moro. La mayor parte de ellos han recibido una carta de este último organismo, en la que se les prohibía facilitar los datos que les solicitara la Confederación Nacional de Cámaras Agrarias.

De otro lado, las subvenciones a las cámaras provinciales, en las que también interviene el IRA, llegan tarde y mal, ocasionando graves problemas de funcionamiento y de pago a los funcionarios contratados, problemas que se hacen extensivos a los colaboradores de la revista Actualidad Agraria, órgano de la CONCA, que llevan un retraso de cinco meses en la percepción de sus colaboraciones.

Las organizaciones toman posiciones

Durante la próxima primavera se tienen que realizar las elecciones a cámaras locales, al cumplirse los cuatro años de mandato de las actuales. Las organizaciones agrarias de ámbito nacional ya han tomado posiciones con vistas a este proceso electoral; así, por ejemplo, la FTT celebró recientemente unas jornadas sobre cámaras agrarias cuyo objetivo principal era redactar un documento que será sometido al comité federal.En su opinión, la actuación de las cámaras agrarias ha impedido el desarrollo del sindicalismo agrario en España, y la CONCA interfiere en las competencias de las organizaciones agrarias. Aspiran a que haya una reducción del número de cámaras con el tiempo, y a que en el paquete de las transferencias agrarias a las comunidades autónomas estén las de las cámaras.

Nueva ley electoral

«Hay que ir hacia una nueva ley electoral, ya que el actual sistema desvirtúa el proceso, por lo que rechazamos el sistema electoral vigente», ha manifestado a EL PAIS Vicente Bernáldez, secretario general de la FTT. «También solicitamos la elaboración de una nueva ley de bases de Cámaras Agrarias, cosa que también ha pedido la CONCA recientemente, y pretendemos su municipalización ».Para Arturo López, secretario general de UFADE, las cámaras son necesarias y se complementan perfectamente con las organizaciones agrarias, «lo que hay que hacer es delimitar claramente las competencias de cada una». Respecto a la CONCA opinan que el ministro de Agricultura ha jugado con ella, y que no ha podido ejercer sus competencias por falta de medios económicos.

El tema que se presenta más conflictivo cara a las nuevas elecciones es el de la realización de los censos de agricultores y la definición de quién es agricultor y quién ganadero. Para UFADE se debe negociar tanto la norma electoral como la forma de realizar dichos censos.

Para el sindicato socialista, los censos se deben realizar con la participación directa de los agricultores, a los que se debe entregar un carné profesional,- ello permitiría saber quién vive de la agricultura y quién no.