Procesado el abogado que descubrió las falsas nulidades matrimoniales de Zaire

El juez Calderón de la Iglesia ha dictado auto de procesamiento contra el abogado Ignacio Careaga por presuntas injurias al juez de exhorta del arzobispado de Madrid-Alcalá, Aquilino Ruiz. De los quince millones de pesetas que éste solicitaba en concepto de desagravio, el juez ha dispuesto que, en principio, Careaga abone cinco millones para financiar las responsabilidades civiles derivadas del proceso.

El abogado procesado fue quien descubrió las falsas sentencias eclesiásticas que anulaban matrimonios españoles en Zaire, y Aquilino Ruiz, el sacerdote que ratificaba su validez para nuestro país.Careaga ha recurrido contra el procesamiento porque considera que sus derechos están protegidos por la Constitución, «y cuento con los medios necesarios para probar la veracidad de cuanto he dicho». Igualmente, la Asociación de Mujeres Separadas, entre cuyas afiliadas se encuentran algunas de las víctimas de las falsas anulaciones de Zaire, se personará en la querella que el fiscal general del Estado interpuso contra los tribunales eclesiásticos en cuanto la Prensa publicó el fraude de las anulaciones matrimoniales.

«El procesamiento de Careaga y el estancamiento de la querella del fiscal del Estado son una prueba de cómo está funcionando la justicia en este caso concreto», manifestó a EL PAIS la presidenta de la Asociación de Mujeres Separadas, Ana María Pérez del Campo. Por esta razón tienen previsto ejercer la acción popular y personarse en la querella.

Como se recordará, el fraude consistía en la tramitación de anulaciones matrimoniales en unos supuestos tribunales de Zaire, cuyas sentencias se podían obtener con asombrosa rapidez previo pago de elevadas cantidades de dinero a los abogados. En cuanto estas sentencias llegaban a los tribunales españoles, los jueces eclesiásticos tenían que darles validez o rechazarlas. Un juez eclesiástico del arzobispado de Zaragoza se negó a ratificarlas, al comprobar que carecían del sello correspondiente y que faltaban las firmas reglamentarlas. No obstante, el juez de exhorto de Madrid-Alcalá estimó que cumplían todos los requisitos legales y dio el visto bueno a un indeterminado número de sentencias.

Precisamente una mujer de la Asociación de Mujeres Separadas recibió un día la notificación de que su matrimonio había sido anulado canónicamente, cuando ella no había sido llamada para intervenir en el proceso. Esta irregularidad, unida a la falta de requisitos que podían observarse en los impresos de las sentencias, llevó al abogado Careaga, que se hizo cargo de su caso, a escribir a la Signatura Apostólica de Roma para intentar clarificar el asunto. En diciembre del pasado año, la Signatura -el máximo tribunal de la Iglesia católica- contestó con un sorprendente escrito: los tribunales donde supuestamente se habían tramitado los procesos de nulidad en Zaire no existían ni habían existido nunca. En mayo de 1981, la Signatura se ratificó en lo dicho.

Para Ana María Pérez del Campo «resulta muy sospechoso que no se haya procesado todavía a quienes de verdad estuvieron implicados en este negocio fraudulento, tanto los jueces eclesiásticos como los abogados que las tramitaron, y el primer auto afecte precisamente a quien descubrió la estafa».

Ignacio Careaga, por su parte, manifestó a este periódico que, «lejos de ofender a personas determinadas, me he limitado a cumplir con un deber, como ciudadano del Estado español y como católico convencido.