La nueva situación lingüística catalana

Mi opinión acerca del manifiesto por la igualdad de derechos lingüísticos en Cataluña estaba fuertemente mediatizada por el editorial publicado por EL PAIS el pasado 4 de mayo. De ello me doy cuenta ahora, con la lectura del propio manifiesto -no publicado por EL PAIS hasta el 5 de julio, es decir, nada menos que dos meses después- y del artículo «En torno al manifiesto sobre el uso del catalán», del que son autores cuatro firmantes del citado manifiesto, con los que coincido al creer que «en esta ocasión (EL PAIS) no sólo hace lo contrario de lo que acostumbra y predica, sino que tergiversa, de modo expreso y literal, un texto y ofende a sus firmantes».Con la decisión de «abrir las páginas de EL PAIS a ese debate», el periódico parece ofrecer una reparación digna de elogio a los vapuleados 2.300 intelectuales que viven y trabajan en Cataluña, declarando que desea «contribuir a que las posiciones dialogantes, constructivas y honestas, ocupen el lugar de las diatribas e insultos», lo que parece situar a EL PAIS con respecto a este tema en la línea que de él siempre esperan sus lectores.

Dicho lo que antecede, me gustaría tener la oportunidad de expresar mi opinión ahora que la polémica puede dejar paso al debate constructivo. La lectura del artículo «Cuando las lenguas delinquen», del que es autor Albert Manet, igualmente publicado en EL PAIS del 5 de julio, me ha permitido elaborar una interpretación personal del problema y despejar algunas incógnitas del mismo. El señor Manet dedica más de cuatro columnas a describir la verdaderamente tenebrosa realidad en la que tuvieron que vivir los hablantes en catalán después de 1939, año en el que los vencedores de la guerra civil (entre los que había no pocos catalanes, no lo olvidemos) iniciaron una política nefasta con la que intentaron destruir la lengua y la cultura catalanas, objetivo que, afortunadamente, no consiguieron, gracias a la tenaz e indoblegable resistencia de los catalanes en la defensa de su propia identidad colectiva. Hoy nos encontramos con una lengua catalana maltrecha y en inferioridad de condiciones todavía, es cierto, pero dispuesta a restañar las heridas del pasado para revitalizar una parte sustancial e inalienable del patrimonio cultural de España.

Pero el señor Manet no nos dice nada de lo que está ocurriendo en estos momentos en materia de uso de las dos hablas que hay en Cataluña; al menos, no se manifiesta en este terreno con la misma minuciosidad con que narra los acontecimientos del pasado. Cataluña y el resto de España han cambiado tan sustancialmente a lo largo de casi medio siglo que, en muchos aspectos, podemos decir que el escenario de 1981 poco tiene en común con el de 1936-1939, y no digamos con el de 1924, año del manifiesto en defensa del catalán que dirigió al dictador Primo de Rivera un escogido grupo de intelectuales de habla castellana. Hoy, la mitad de la población de Cataluña es castellanohablante, dato que, por sí mismo, establece unas coordenadas de una importancia decisiva, y que, por consiguiente, nadie puede olvidar -nadie bienintencionado, se entiende- Junto a esta realidad, que es tanto lingüística como socioeconómica, hay una superestructura jurídica, nada menos que una Constitución hecha democráticamente, que, en su artículo número 3, consagra la cooficialidad en Cataluña del castellano y del catalán.

Probadas están, y condenadas, las atrocidades genocidas que los regímenes autoritarios que la nación española ha padecido, cometieron con el catalán y con otras lenguas españolas (incluido el mismo castellano, me atrevería a decir, si no fuera este otro cantar). El Manifiesto de los 2.300 puede haber molestado a los gobernantes catalanes, pero no creo que haya que demostrar ahora que los gobernantes en general, y los españoles en particular, son extraordinariamente susceptibles cuando los administrados enjuician su labor, y no creo que los catalanes sean una excepción. Es muy posible que los autores del manifiesto hayan puesto el dedo en la llaga; cualquier observador imparcial puede tener la sensación de que algo de lo que denuncia el manifiesto puede estar ocurriendo o estar en trance de convertirse en una realidad que mañana puede ser difícil, corregir. Y si eso es así, de nada sirve que se insulte a los firmantes del manifiesto insinuando que añoran el franquismo, despreciándolos públicamente y tratándolos de cerriles y de voces oscuras que emplean «calumnias y manipulaciones sobre la situación del castellano en Cataluña», como dice el señor Manet, director general de Actividades Artísticas y Literarias de la Generalidad.

El tema se ha politizado, quizá inevitablemente, en la peor dirección que cabía imaginar. En Cataluña, sobre todo en Barcelona, las polémicas se podían montar alrededor de los opuestos catalanistas-meselarios, mientras en Madrid se montaban en torno a los progresistas-reaccionarios. Mucho me temo que el simplismo haya llegado al absurdo de equiparar catalanista con progresista y mesetario con reaccionario, tal vez con la ayuda del ripio. Y si ello es así, no es de extrañar que la polémica pueda estar alcanzando «un grado de crispación y virulencia que amenaza con ser utilizado por los adversarios del régimen democrático», como apunta EL PAIS. Hay que saber oír al que denuncia, por ácida que sea la forma utilizada, y es de mal estilo el insulto fácil y prepotente contra la minoría disidente y denunciante, sobre todo cuando el insulto y la prepotencia provienen del poder político, sea éste central o regional. La situación que crea el bilingüismo es siempre harto peligrosa a causa de sus muchos componentes políticos y emocionales, es decir, básicamente irracionales en el mejor sentido de la palabra, y cuando su espiral se desata de poco suelen servir ya las medidas que se adopten para remediar sus devastadores efectos. Estoy por afirmar que, caso de llevar razón el manifiesto, estamos todavía a tiempo de evitar que en la cuestión lingüística catalana se aplique, consciente o ínconscientemente, la penosa ley del péndulo. Bueno y positivo es que el catalán recupere el tiempo perdido, pero, por favor, que no sea a costa de los inalienables derechos de los que se ha dado en llamar les altres catalans.

Tanto el artículo citado del señor Manet como el editorial de EL PAIS del 4 de mayo recurren. a argumentos de tipo histórico contra el manifiesto de 1981. Es lamentable en este sentido la publicación del manifiesto de 1924 por dicho periódico remitiéndose al «buen criterio del lector», del que espera que sea capaz de «extraer sus conclusiones sobre ambos textos». El procedimiento parece, en principio, un alarde de escrupulosidad periodística que, sin embargo, podría esfumarse en un análisis algo más detenido, hasta el punto de empañar seriamente la imparcialidad que aparentemente pretende con el ofrecimiento de sus páginas para el desapasionado tratarhiento del tema. Debo repetirlo una vez más. En 57 años las realidades sociales de nuestra patria han cambiado tanto que bien pueden merecer manifiestos de contenido diametralmente opuesto escritos bajo idénticas preocupaciones. En otras palabras: me parece perfectamente verosímil que quienes firmaron el ejemplar manifiesto de 1924 ante una situación de peligro para el catalán, hubieran firmado en 1981 un manifiesto similar denunciando el posible peligro del castellano en Cataluña. Porque es aquí donde reside la cuestión fundamental del asunto que nos ocupa, en la igualdad de derechos de dos comunidades españolas que hoy viven en Cataluña y entre las cuales se pueden apreciar diferencias no sólo lingüísticas y culturales, sino también, y muy especialmente, diferencias de nivel de vida.

A cualquiera que de verdad le interese que ambas comunidades convivan pacíficamente por el bien de Cataluña y de España le puede parecer que, por muy complicado que sea el problema, la sociedad, y muy especialmente sus representantes democráticamente elegidos, tiene el deber de ofrecer fórmulas no discriminatorias de solución que respeten los derechos de las dos hablas hermanas que hoy se usan en Cataluña. Que a los catalanes de origen se les garantice la enseñanza del catalán y en catalán es un derecho fundamental que nadie en España debe poner en tela de juicio. Pero, por la misma razón, hay que garantizar que los catalanes de adopción que lo deseen puedan recibir enseñanza del castellano y en castellano. Sería de esperar que estos últimos se interesaran por conocer cada día mejor el idioma y la cultura del pueblo que les está permitiendo tener un puesto de trabajo, y, para fomentarlo, no estaría de más que recibieran también enseñanza del catalán. De igual modo, es muy probable que los catalanes de origen se interesen por dominar el castellano, aunque es aconsejable poner a su alcance los medios para lograrlo. Cataluña, que ha sido bilingüe en sus capas más cultas durante los años más negros de la dictadura, debe seguir siendo bilingüe en la libertad de la democracia.