El Ministerio de Economía y Comercio desconocía los destinatarios del aceite tóxico

El Ministerio de Economía y Comercio concedió licencias de importación de aceite de colza desnaturalizado desconociendo el destino que pensaba darse al producto, ya que las solicitudes correspondientes se presentaron incompletas.

El dato que falta es, precisamente, la indicación de las empresas a las que se iba a vender el producto, según pusieron de manifiesto ayer, en San Sebastián, los trabajadores de Refinería de Aceite de Pescado, SA (RAPSA), dos de cuyos propietarios y directivos se encuentran encarcelados y procesados.Los empleados de RAPSA aseguraron que las solicitudes de licencia de importación se presentaban habitualmente en la Delegación Provincial de Comercio y que nunca se rellenaba la casilla número 31, que figura en el formularlo BA, para comercio no liberado ni globalizado. En ese espacio deben expresarse, según consta en el impreso triplicado, las «entidades a que se destina la mercancía».

Como ya indicó EL PAIS en informaciones anteriores, a RAPSA le fueron autorizadas por la Dirección General de Política Arancelaria e Importación, del Ministerio de Economía y Comercio, compras en el extranjero de un total de 682.320 kilos de aceite de colza desnaturalizado durante los seis primeros meses del presente año, siendo así que en todo el año anterior las importaciones efectuadas por esta empresa (la principal del sector) totalizaron sólo 505.720 kilos. La ignorancia de la Administración sobre los motivos de este incremento espectacular explica la facilidad con que se llevó a cabo el fraude y el desconocimiento del verdadero agente causante de la neumonía tóxica.

Los trabajadores de RAPSA han insistido, asimismo, en que no existe obligación de declarar en ningún momento a quién entrega la empresa importadora las partidas de aceite tóxico, o, al menos, el Ministerio de Comercio no ha exigido su cumplimiento hasta que se descubrió el fraude. La persona que actúa como portavoz de los trabajadores no quiso comentar el hecho de que, como informó EL PAIS el domingo, un técnico comercial del Estado, director del Instituto Nacional del Consumo hasta junio de 1979 y antiguo miembro del Consejo Superior del Comercio, José María Bengoechea, hubiera suscrito 210 acciones de RAPSA, de las que no se tiene noticias que se haya desprendido.

José María Bengoechea es hermano de Juan Miguel y Fernando, detenidos y procesados en su condición de responsables de la citada empresa, que vendió el aceite de colza desnaturalizado a Raelsa, de Alcorcón (Madrid), presunta autora de la manipulación y venta para el consumo humano del producto tóxico.

Por otra parte, los trabajadores de RAPSA se han mostrado convencidos de que las investigaciones policiales y judiciales practicadas hasta el momento revisten un carácter parcial y no han puesto al descubierto toda la red de intereses implicados en el fraude del aceite tóxico. Entre otros datos, aluden a la incautación de más de un millón de litros de aceite, gran parte del cual es nocivo y consideran imposible que sólo con las 110 toneladas suministradas por RAPSA a Raelsa se haya podido alcanzar tal volumen de fraude.

Según los empleados, no se ha investigado de forma suficiente quiénes son los proveedores de Raelsa anteriores a que ésta iniciara su relación con RAPSA. en el mes de marzo. En tal sentido, han expresado su sospecha de que uno de ellos pueda tratarse de Productos Químicos Jorpi (Jorge Pitch, SA).