Equilibrio entre solidaridad y autonomía en la regionalización de la enseñanza
La planificación educativa necesita armonizar una política solidaria de reparto de recursos, que tenga siempre presente los desequilibrios socioeconómicos y culturales y el progreso equilibrado y sin pausas de dos procesos paralelos e íntimamente relacionados: la democratización de la enseñanza y la autonomía educativa de las nacionalidades y regiones.Esta podría ser la síntesis informal de las conclusiones del seminario sobre regionalización de la enseñanza que ha tenido lugar durante toda la pasada semana en la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo, y en el que se advirtió la inexplicable ausencia de UCD y de las autoridades educativas de los Gobiernos autonómicos.
Pese a la indudable importancia de estas ausencias, no debe concluirse necesariamente un balance negativo del seminario. Ya se ha hablado de la valiosa aportación al actual debate educativo español que supuso el conocimiento del modelo de regionalización de la enseñanza en América Latina, expuesto por German W. Rama, experto de la Unesco, cuya presencia en el seminario de Santander es fruto de la colaboración del Instituto Iberoamericano de Cooperación a través de la unidad de educación que dirige Victoria Galvani.
Por otra parte, la ausencia del partido del Gobierno tal vez pueda considerarse parcialmente compensada con la presencia del secretario general técnico de Educación y Ciencia, Miguel Angel Arroyo, a quien el seminario debe una exposición de la interpretación gubernamental sobre la evolución del proceso de las autonomías educativas y el trazado de las líneas básicas de la futura estrategia política. Todo ello, a la luz de un análisis riguroso de toda la legislación constitucional y estatutaria que, en opinión de Miguel Angel Arroyo, «hasta ahora se ha movido más a impulsos políticos y sentimentales que en base a construcciones intelectuales suficientemente sólidas y reflexivas».
El representante ministerial se esforzó en dejar claro que una cooperación sincera entre el Estado y las comunidades autónomas es la garantía contra la desintegración del sistema educativo, situación a la que sin duda podría conducirnos la persistencia en una dialéctica que pusiera más el énfasis en la consecución de cada autonomía aislada que en la construcción de un nuevo modelo, que la Constitución quiere profundamente solidario.
A esto es, en opinión de Miguel Angel Arroyo, a lo que alude la voluntad de caminar con firmeza en la construcción del Estado de las autonomías, por lo que carece de sentido el interpretar en términos de confrontación el mero enunciado de las competencias exclusivas del Estado en materia educativa, que se perfilan nítidamente en la lectura desapasionada de la Constitución y de los estatutos de autonomía. Competencias que concretó en la ordenación general del sistema educativo, la determinación de las enseñanza; mínimas, la alta inspección y, la regulación de los títulos académicos.
