70.000 puestos de trabajo y casi 600.000 millones de pesetas, son los costes de una industria competitiva para el futuro

El pasado día 10 de junio, viernes, el Boletín Oficial del Estado recogió el real decreto-ley sobre medidas para la reconversión industrial. Criticado desde todos los ángulos -de él se ha dicho que expresa toda una filosofía de intervención o que es tan ambiguo que pueden darse presiones incontenibles-, el texto, dicen sus redactores, supone la formulación de una apuesta de futuro para la industria española; los detractores insisten en que el Estado, cuando asigna recursos, se equivoca con frecuencia. Sólo el tiempo demostrará la beneficencia o maldal de la iniciativa del Ministerio de Industria y Energía.El Ministerio de Industria, padre de la idea y del neologismo -la palabra reconversión no figura en el diccionario de la Real Academia de la Lengua-, partió para redactar el real decreto-ley de una realidad constatada: la actividad industrial en nuestro país está amenazada por dos crisis, una de demanda y otra de oferta, que pueden estrangular, ahora incluso, toda la actividad.

España no está fuera del alcance de la recesión que campea por las economías occidentales. Todo lo contrario, y un botón de muestra es suficiente. A mediados de la pasada década, los equipos al servicio del Ministerio de Industria previeron que España, en los años 1980-1982 iba a consumir de dieciocho a veinte millones de toneladas de acero. Hoy, España consume siete millones de toneladas al año. Hasta aquí, en esencia, el látigo de la crisis de demanda.

La crisis de oferta es efecto de la anterior. En la actualidad, la capacidad. productiva de la industria española, en parte debido a la acción concertada emprendida en 1974, es muy superior a la existente cuando se formularon las previsiones de demanda para el comienzo de la década de los ochenta. De todo ello se deriva un exceso de producción que no tiene salida en el mercado. En resumen, este es el látigo de la crisis de oferta. Al lado de estas dos fuerzas asfixiantes se alinea una tercera cuyos coletazos se adivinan en un horizonte próximo. El futuro económico español está orientado a pasar por el tamiz de la Comunidad Económica Europea, lo que significa luchar a pecho descubierto con una industria más desarrollada y depositaria de unos costes de producción más racionales, es decir, enfrentarse a una competencia leal, sí, pero feroz.

Tres opciones

¿Qué hacer ante este turbulento panorama? Entre las soluciones clásicas, una predica la conversión del mercado en árbitro del futuro de las empresas. Pero el Ministerio de Industria consideró en su momento que en el empeño caerían no sólo las peores sociedades, sino que se perderían algunas que pudieran ser viables, e incluso aquellas que resistieran el embate podrían llegar al final del camino debilitadas.

Otra de las soluciones clásicas es la planificación, el intervencionismo estatal a ultranza. Opción que desde el principio rechazó el Ministerio de Industria por no ajustarse a la letra y espíritu de la Constitución Española y por quebrar la propia filosofía de UCD. Así las cosas, el Ministerio de Industria y Energía se propuso torcer por la calle de en medio y apoyar a los sectores y empresas en crisis en dos etapas. En la primera, trataría de sanear la situación empresarial para conseguir una productividad y unos costes de producción y financieros competitivos. En la segunda, se ayudaría a la empresa para que pudiera incorporarse al ritmo de los competidores gracias a nuevos procesos de inversión.

¿Objetivo final y motor de la reconversión industrial? Mantener empresas y puestos de trabajo con cierta visión de futuro, aunque para ello haya que acudir a métodos traumáticos. Frente a un mañana incierto, el Ministerio espera tener un pájaro en mano y no ciento volando, es decir, menos empresas, pero más fuertes. Los responsables del real decreto-ley sobre medidas para la reconversión industrial responden con una pregunta cuando se les plantea la eficacia que pueda tener la norma. ¿Qué pasaría si no se hiciera la reconversión?

En el real decreto-ley sorprende la ausencia de definición sobre los sectores y empresas en crisis. En el texto se habla con vaguedad de «en aquellos sectores industriales de interés general que atraviesen situaciones de crisis de especial gravedad».... «en aquellos sectores básicos en los que concurran circunstancias especiales» o «la declaración de un sector en reconversión será considerada como causa tecnológica o económica». ¿Quién decide la condición de sector básico en crisis o empresa en crisis? En principio, una comisión interministerial que preside el propio ministro de Industria y componen los subsecretarios de Economía, Presupuestos, Trabajo e Industria. Los criterios que esta comisión baraja para proceder a la declaración formal de sector o empresa en crisis se refieren a la importancia económica y social que tenga el sector o la empresa, su peso específico industrial, su actividad exportadora, su interrelación con otros sectores y la posible incidencia que sobre su futuro pueda tener el ingreso de España en la CEE. Hasta la fecha son once los sectores y empresas que entran en la calificación de en crisis y sobre los que existe acuerdo para proceder a su reconversión o se encuentran en pleno proceso de reconversión: siderurgia integral, aceros especiales, aceros comunes, grandes astilleros, pequeños y medianos astilleros, textil, papel, electrodomésticos, bienes de equipo, forja pesada y FEMSA-Robert Bosch. El sector del calzado llega a la reconversión a partir de una resolución parlamentaria aprobada el 6 de junio de 1980.

Más de medio millón de trabajadores afectados

Según estimaciones previas, el proceso de reconversión de los mencionados sectores puede afectar a 7.500 empresas y una plantilla de 621.096 trabajadores, aproximadamente. El excedente laboral está previsto que alcance del 10% al 12,3% de las plantillas totales, es decir, entre 62.000 y 76.000 trabajadores.

El coste total de la operación se cifró, en su día, en 570.000 millones de pesetas, de los cuales 230.000 irían a cargo de los Presupuestos Generales del Estado y los 340.000 derivarían de créditos y avales.

El período de tiempo para la reconversión varía de tres a cinco años. Para 1983 está. previsto que concluya la de grandes, pequeños y medianos astilleros y Femsa-Robert Bosch; para 1984, la de aceros especiales y bienes de equipo; para 1985, la de la siderurgia integral y electrodomésticos, y para 1986, la del sector textil y del papel.

Sobre las mesas de negociación hay en la actualidad extendidos cinco documentos de trabajo para los sectores de grandes, pequeños y medianos astilleros, textil, calzado y Femsa-Robert Bosch, que englo-

ban un total de 8.633 empresas y afectan a 530.900 trabajadores.

A tenor de las diferencias habidas en los últimos encuentros entre las partes y lo avanzado del presente mes de julio es posible que en todos los casos se posponga el acuerdo Final para el mes de septiembre.

En opinión de las centrales sindicales, la Administración tiene prisa por poner en marcha un plan de reconversión, razón por la que fuerza el ritmo de las negociaciones o incluso amenaza con la publicación de un decreto-ley que establezcan el plan en un sector específico como el textil. En el fondo, los problemas que alejan las voluntades de las partes se pueden resumir en la gestión de la reconversión, el control del dinero público y aspectos específicos sobre flexibilización de plantillas.

Respecto a la gestión del plan de reconversión, los empresarios creen notar en el ánimo de las centrales sindicales un intento de participación en la decisión que atañe única y exclusivamente al empresario. Los sindicatos, por su parte, argumentan que la reconversión se va a realizar en una gran parte gracias al dinero público, al dinero de todos, lo que da derecho a una opción en la gestión. Sobre los fondos públicos, los sindicatos intentan participar en el control de cuantías y destinos del mismo. En este punto es la Administración quien se opone a esa voluntad por entender que a ella corresponde la facultad de gobierno y, por tanto, de decisión sobre la materia.

Plan para el sector textil

El estudio y negociación del plan de reconversión del sector textil se inició el pasado 25 de junio. Los antecedentes del mismo son una petición formal de Comisiones Obreras en el año 1977 y una reunión promovida por la Administración el pasado verano, donde se decidió que debería redactarse un plan que permitiera a las empresas españolas acceder a una competitividad hoy inexistente. El textil, en la actualidad, se caracteriza por una brutal competencia exterior que aprovecha unos costes de producción baratos en centros localizados en el Tercer Mundo de forma prioritaria, unos costes financieros y laborales enmarcados en la banda alta de los países industrializados, una atomización industrial tradicional, una tecnología en general atrasada y una caída considerable de la demanda. En frase gráfica de un empresario, hace unos años el español cambiaba de traje porque estaba pasado de moda, y hoy lo hace porque el traje lo tiene roto.

Se calcula que están inscritas en el sector 7.200 empresas, que dan ocupación a 420.000 trabajadores. Las partes que negocian el plan todavía no han cuantificado el número de trabajadores que desplazará la reconversión, aunque desde el principio se tomó como sugerencia de trabajo un porcentaje del 10%, es decir, 42.000 trabajadores, en su mayor parte ocupados en la industria de cabecera.

El plan prevé una inversión de 105.000 millones de pesetas de 1980 para renovación de maquinaria -75.000 para la industria de cabecera, 10.000 para el sector químico y 20.000 para la confección-, 12.000 millones para saneamientos financieros y 10.000 para estructuras comerciales.

Las partes que negocian el plan mantienen sustanciales diferencias. Al margen de los despidos, cuyo número aún no está cuantificado por la atomización del sector, los sindicatos denuncian que la Administración no ha realizado un estudio de marketing para conocer cuáles son las necesidades textiles en el mercado exterior y de esa forma, decidir cuál debe ser la producción nacional. Asimismo, acusan a los empresarios, representados por el Consejo Intertextil, de no querer programar el futuro de la empresa.

Respecto a la pretensión de la patronal Intertextil de introducir el automatismo en el expediente de regulación de empresa, los sindicatos exiaen que todo expediente sea ratificado por los representantes sindicales.

Para el cuarto turno solicitado por los empresarios, los sindicatos piden compensaciones de jornada -reducción de horas- y empleo -que el cuarto turno ocupe a nuevos trabajadores-. Sobre el trabajo clandestino hay conciencia general de que es harto difícil cuantificarlo.

Las centrales sindicales tampoco aceptan el mantenimiento del Plan de Reestructuración antiguo y demandan una participación en el control de los fondos públicos que la Administración no está dispuesta a consentir.

Por lo que respecta a salarios y jornada, los sindicatos, dada la duración del plan -cinco años-, prefieren mantener una incólume reserva. Entienden las centrales que es un plazo demasiado largo para cuantificar ahora los incrementos salariales. Este punto concreto puede retrasar un acuerdo final sobre el plan hasta el mes de septiembre. Por último, las centrales denuncian que en el plan no se precisan, los destinos de las partidas monetarlas y en la mesa no toman asiento partes interesadas en el tema, como son las comunidades autónomas -la Generalidad, en concreto-, la patronal de desmotadores y los fabricantes de bienes de equipo.

Sector de astilleros

El estudio del plan de reconversión de los grandes astilleros, que engloba a las empresas Astano y Aesa, se inició el pasado día 15 de abril. El sector -excluido Bazán- cuenta con 3 1.000 trabajadores aproximadamente.

El sector está definido por un mal saneamiento de la estructura financiera. En el año 1978 se alcanzaron unos acuerdos que, en síntesis, permitieron mantener el nivel de empleo -con las contratas incluidas- y se pusieron los medios necesarios para sanear la situación financiera, punto este que no se logró satisfacer nunca.

Hoy, con una cartera de pedidos más que aceptable y un mercado nacional de contratación de nuevos buques cautivo, los gastos financieros se siguen manteniendo, aproximadamente, en el 17% sobre la producción. El objetivo del plan es, precisamente, que al final del mismo se haya conseguido un equilibrio económico y financiero con el mantenimiento del máximo nivel de empleo posible.

Los desacuerdos en la negociación de este plan derivan del ajuste de las plantillas. Las centrales sindicales que participan en la mesa, CC OO, UGT y ELA-STV, no aceptan la pretensión de las empresas de que se reconozca un sobrante de 5.000 trabajadores.

La pasada semana, por otra parte, la patronal estuvio tentada de rechazar el preacuerdo sobre empleo a que habían llegado con anterioridad las partes y que contemplaba, entre otros puntos, que los planes de ajuste de plantillas por centros de trabajo deberían ser acordados por los comités de empresa antes de su puesta en práctica, que se potenciaría la presencia interna o externa de la industria auxiliar en el marco del sector que se prohibiría la movilidad geográfica, aunque fuera negociable el cambio entre centros de trabajo próximos siempre que no suponga cambio de domicilio. Los empresarios. en el capítulo de salarlos, han propuesto un incremento del 7% para 1981 y del 7,5% para 1982 frente a la propuesta de los sindicatos de un incremento del 80% del índice de precios al consumo para 1981 y del 85% para 1982.

El plan de reestructuración de los pequeños y medianos astilleros afecta a un total de veintisiete empresas -cuatro de ellas públicas y las demás privadas- y un colectivo de 17.000 trabajadores.

FEMSA-Robert Bosch

FEMSA-Robert Bosch Española es el único caso particular contemplado en el abanico de sectores que van a acceder a la reconversión industrial. FEMSA y Robert Bosch pertenecen a la multinacional alemana Robert Bosch. FEMSA dispone de once centros de trabajo en todo el país y 6.200 trabajadores, y Rober, Bosch España, dos centros y 1.100 trabajadores. Los problemas que aquejan a ambas empresas derivan de los costes estructurales. FFMSA perdió en 1978 un total de 378 millones de pesetas, 1.580 en 1979 y 3.151 en 1980. Para el presente ejercicio se prevén unas pérdidas próximas a los 4.000 millones. Robert Bosch estudia desde hace ocho meses sus necesidades con la Administración, que considera la actividad de sus centros -componentes eléctricas del automóvil que en gran parte disponen de tecnología española- una actividad básica.

La empresa ha presentado a la Administración un plan de salvacion, cuyo principal coin ponente es la solicitud de 10.031 millones de pesetas, 7.400 de los cuales serían créditos y aplazamientos, y 2.631, subvenciones. La sociedad aportaría 4.250 millones: 3.000 en una amplicación de capital, y 1.250, en créditos preferentes. Los trabajadores harían una aportación que las centrales calculan próxima a los 20.203 millones de pesetas. Robert Bosch cerraría, además, cinco centros de trabajo con un coste social de 1.400 trabajadores. Al tiempo se procedería desde la Administración a poner dificultades a la competencia, la empresa se integraría en la Robert Bosch alemana y se concederían derechos de franquicia para el intercambio de piezas. Objetivo de¡ plan: fabricar productos de futuro. Por su parte, y este es el objeto de discusión en la actualidad, con la Administración como juez, los sindicatos han hecho un plan alternativo en el que tratan de demostrar que las previsiones de Robert Bosch son conservadoras en exceso, que se exageran las estimaciones de pérdidas futuras y que, en definitiva, no hay ningún fundamento real para cerrar cinco centros de trabajo porque dentro de tres años la empresa necesitará los mismos trabajadores que tiene en la actualidad. Asimismo, los sindicatos exigen que se mantenga la firma FEMSA y que en España se fabriquen los componentes, tales como bujías, volantes, elevalunas y cierres de puertas, encendido electrónico, distribuidor, baterías y motorreducto, por la dependencia tecnológica que podría derivarse si se abandona esa producción.

Sector del calzado

El sector del calzado accede a la reconversión industrial a partir de una resolución parlamentaria aprobada el 6 de junio de 1980. En esa fecha, el Gobierno se comprometió a presentar un plan para el sector que se tradujo, el pasado día 1 de julio, en una serie de puntos sin cuantificar, entre los que figuran el fomento de la tecnología, de la productividad y de la comercialización, completados con medidas financieras y laborales.

El sector lo componen alrededor de 1.400 empresas -localizadas de forma preferente en el País Valenciano e islas Baleares- y 50.000 trabajadores.

Los empresarios han presentado un plan en el que se cifran en 3.000 a 4.000 los puestos de trabajo que se deben reducir, se calcula un aumento de la productividad del 40% en los próximos tres años y se proponen unas inyecciones financieras de 9.000 millones de pesetas para reconvertir el sector y una cantidad similar para nueva maquinaria. Hasta la fecha, las partes han llehado a ciertos acuerdos de principio sobre jornada laboral y salarial. La jornada se fija en 41 horas semanales para 1982, 40,5 para 1983 y cuarenta para 1984. Respecto a los salarios se estipula un incremento del 9% para 1982, dos puntos por debajo del IPC para 1983 y un punto por debajo del IPC para 1984.