El susto del IVA

EN LA AZAROSA marcha hacia el Mercado Común nuestros negociadores se encuentran perennemente con nuevos obstáculos. Ahora el ministro de Asuntos Exteriores, Pérez-Llorca, ha tropezado con el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). Un impuesto indirecto semejante al Impuesto de Tráfico de Empresas (ITE), pero más grande. En Francia supone alrededor del 20% del precio de venta de muchos productos. Este impuesto grava el valor añadido de cada fase de producción (el fabricante de automóviles, por ejemplo, paga un valor de cien unidades por los diversos materiales, incluídos impuestos, que transforma en un automóvil, cuyo precio final antes del impuesto es de doscientas unidades. Con la diferencia de cien unidades paga los salarios, técnicas, organización, en definitiva, el coste del valor añadido del automóvil. El impuesto se aplica precisamente a ese valor añadido de cien unidades de modo que el precio final del automóvil, incluído ya el IVA, sería de 220 unidades (doscientas más el 20% sobre las cien unidades del valor añadido). El IVA se desgrava cuando el producto se destina a la exportación, dado que en el país receptor está sometido a un impuesto equivalente. Los productos extranjeros importados también están sujetos al pago del IVA, ya que de otro modo gozarían de una situación de privilegio.El IVA es prácticamente el único impuesto indirecto (es decir, los que gravan al producto y no a la renta de las personas físicas o a los beneficios de las personas jurídicas) en los países de la CEE. En España existen diversos impuestos indirectos (ITE, Transmisiones, Lujo, Impuestos Especiales, etcétera), y su incidencia global en, cada mercancía corresponde teóricamente al llamado «Impuesto de Compensación de Gravámenes Interiores» (ICGI), que, con independencia del arancel, grava a las, mercancías importadas. Cuando se venden al extranjero se devuelven al exportador esos impuestos a través de la desgravación fiscal. Anteriormente, Alemania e Italia tenían un sistema equivalente. Los italianos conocen, por experiencia, que es muy difícil llegar a cálculos precisos que engloben los diversos impuestos; caben, así, primas o subvenciones encubiertas en determinados casos. Por este sencillo motivo, los negociadores comunitarios anunciaron ya en tiempos de la firma del Acuerdo Preferencial España-CEE, en 1970, la conveniencia de adaptar nuestro sistema fiscal al IVA.

Además del aviso comunitario existían otras buenas razones. Por un lado, las reglas que regulan la competencia internacional, elaboradas por los países más ricos, discriminan en contra de quienes disponen de sistemas fiscales equivalentes al nuestro. Muchos de los pequeños disgustos que nos han dado las autoridades aduaneras norteamericanas se han debido a esta desconfianza sobre subvenciones potenciales encubiertas en cualquier exportación española que se mostrase enojosamente competitiva.

Pero la razón fundamental para haber iniciado hace ya años el cambio no es otra que la propia discriminación que hace nuestro sistema impositivo contra la contratación de mano de obra vía pago de la cuota de la Seguridad Social. Entre dos empresas que fabriquen con los mismos costes un producto igual, la que emplee más mano de obra está fiscalmente penalizada. Al comienzo de los setenta se puso de manifiesto la urgente necesidad de reducir las cuotas de la Seguridad Social y establecer un impuesto sobre el Valor Añadido que compensase al erario público las pérdidas de recaudación por ese concepto. Se habrían evitado así discusiones internacionales y, al mismo tiempo, se habría favorecido la contratación de trabajadores. Políticamente, estas modificaciones carecían del atractivo de la reforma tributaría, pero visto lo ocurrido con el incremento de las cuotas de la Seguridad Social y el dramático aumento del paro se comprende la frivolidad de no haberse detenido a escuchar aquellas recomendaciones.

El ministro de Asuntos Exteriores, Pérez-Llorca, se ha encontrado ahora, en Bruselas, con el susto de esta nueva dificultad: para entrar en la CEE hay que implantar el IVA. Pero, afortunadamente, el presidente del Gobierno, Calvo Sotelo, nos ha consolado desde México anunciando que el señor Mitterrand le había dicho que no haría del IVA una cuestión de principio sobre nuestra entrada en la Comunidad. No sabemos si tendremos que felicitamos o no, porque lo deseable sería una pronta y clara revisión de un sistema impositivo que penaliza el empleo y discrimina en favor de unas producciones y, por tanto, en contra de otras. En épocas de altas oscilaciones de los tipos de cambio, pensar en que las hipotéticas subvenciones encubiertas determinan la marcha de nuestras exportaciones es una absoluta ingenuidad. Lo único que provocan son perjuicios a la asignación más racional de nuestros propios recursos. Los sustos y los consuelos de nuestros políticos por el tema del IVA carecen, así, de significado. Lo dificil sigue siendo elegir si es ahora la gran ocasión para entrar en la CEE y, sobre todo, cuál es la estrategia que le conviene a un país necesitado de inversiones extranjeras para diversificar y ampliar su modesto equipo industrial y comenzar a absorber rápidamente el gran ejército de parados.