El desconcierto de Aranjuez

NO RESULTA fácil escalonar las responsabilidades de las desgracias que pudieran ocurrir en el fin de semana que se nos avecina. Fuerza Nueva figura, no obstante, a la cabeza de las premoniciones por su propósito de utilizar el 45º aniversario de la sublevación militar contra las instituciones democráticas, que desencadenó una larga y cruel matanza entre españoles, para alimentar la actual estrategia de la tensión. Pero no le va a la zaga el gerente del Patrimonio Nacional, cómplice arrendador de la plaza de toros de Aranjuez como lugar de cita de la ofensiva fascista.El Ministerio del Interior, que ha estado dubitante y confuso, optó anoche por la solución salomónica de prohibir lo de El Escorial y permitir lo de Aranjuez. Esperemos que no tenga que arrepentirse. Las recientes actuaciones de Fuerza Nueva en Madrid, Valladolid y otras capitales españolas han resucitado las viejas estampas del período de entreguerras, cuando las variantes locales de la Internacional Fascista provocaban en las calles de pueblos y ciudades de Italia, Alemania, España o Austria los enfrentamientos violentos, el desorden ciudadano y el derramamiento de sangre con la Finalidad de justificar como inevitable el golpe de Estado y la abolición de las Iibertades democráticas. La convocatoria del sábado en Aranjuez presagia -y Ojalá nos equivoquemos- un intento de repetición de los incidentes y agresiones a que nos tienen acostumbrados.

Fernando Fuertes de Villavicencio, pintoresco personaje del pasado al que incomprensiblemente se le ha respetado en el presente su canonjía en el Patrimonio Nacional, se ha destapado ahora como un eficaz colaborador para la celebración del acto de mañana, sábado, en Aranjuez. La historia enseña que durante el franquismo nunca hubo ideas demasiado claras acerca del carácter público que el adjetivo nacional agrega al concepto de patrimonio, y que los bienes de ese importante activo social fueron utilizados durante décadas al servicio de gustos y usufructos personales o de grupo. Suponemos, sin embargo, que la permanencia de ese veterano administrador al frente del Patrimonio Nacional no lleva aparejada la condición vitalicia. Su continuidad en ese gratificador cargo parece del todo incompatible, tras su decisión respecto a la plaza de Aranjuez, con las necesidades del régimen constitucional. Pero ya está visto en otros casos que el respeto a la soberanía popular y a las leyes de la lógica está reñido con la política gubernamental de estos tiempos. Aquí el único amenazado parece el director general de Televisión, quizá porque está empeñado en que ésta sea de todos y no sólo del partido en el poder.

Queda, finalmente, la inhibición del Ministerio del Interior en el tema de Aranjuez. Parece ampararse en la ley de 29 de mayo de 1976, que sólo exige para reuniones en local cerrado unos requisitos mínimos, fácilmente cumplimentados por Fuerza Nueva la prohibición del acto de El Escorial se motiva sólo porque se presentó la solicitud fuera de plazo, y no por el contenido. Sin embargo, esta apoyatura jurídica parece demasiado débil.

La ley de 1976, que desarrollaba el artículo 16 del franquista Fuero de los Españoles, establece que el derecho de reunión, en lugar cerrado o abierto, sólo puede ejercerse parafines lícitos -y existen precedentes que hacen dudar de la licitud constitucional de los actos que, organiza Fuerza Nueva- De otra parte, la tesis de que la concentración de Aranjuez constituye reunión en local cerrado, basada en el sofisma de que una parte de su programa va a realizarse dentro de la plaza de toros, es bustante insostenible. Los temores del vecindario de Aranjuez y de El Escorial no provienen de lo que pueda ocurrir en los ruedos o en las gradas, sino de la reunión en lugar abierto que inevitablemente organizarán los excursionistas durante horas, antes y después del mitin, en las calles de esos dos pueblos. La repugnante agresión en Madrid, días pasados, a un grupo de niños por una banda de matones fascistas sería motivo suficiente para repensarse la medida.

La Constitución de 1978, posterior a la ley de 1976 y de rango superior a cualquier norma, sólo elimina la autorización previa para el derecho de reunión cuando ésta no sea pacífica y sin armas. ¿Cabe extraer de experiencias anteriores la conclusión de que las concentraciones de Fuerza Nueva se distinguen por su carácter pacífico? La Constitución también señala que «en los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas y bienes».

No discutimos el derecho que tienen las minorías de Fuerza Nueva a manifestarse -el mismo derecho que ellos quieren, a veces hasta violentamente, negar a la inmensa mayoría de españoles-. Llamamos simplemente la atención sobre el hecho de -que al amparo de una fecha de horrible significación un grupo de carácter fascistoide, implicado repetidas veces en actos violentos y afirmaciones anticonstituciona les, prepara una provocación a todo el pueblo de Aranjuez. Que lo hace con la complicidad del general Fuertes de Villavicencio, en un lugar propiedad de los contribuyentes, contra los deseos de la Corporación municipal y del vecindario. Es de esperar que las medidas del Gobierno sean suficientes para garantizar la paz ciudadana y que el pueblo de Aranjuez no resulte doblemente víctima -como en otras ocasiones ya ha ocurrido- de los provocadores y del servicio de seguridad policial previsto.