Los empresarios madrileños se quejan de una excesiva presión fiscal del Ayuntamiento

Los representantes de la pequeña y mediana empresa de la provincia, agrupados en la Confederación Empresarial Independiente de Madrid (CEIM), consideran que la presión fiscal que sobre ellos ejerce el Ayuntamiento no solamente es excesiva (se ha duplicado durante los últimos diez años), sino que, además, ha supuesto un notable agravamiento en la crisis empresarial según manifestó ayer, en una conferencia de Prensa, el vicepresidente de la CEIM, Gonzalo Pascual.

Gonzalo Pascual afirmó que el equipo de gobierno del Ayuntamiento madrileño parece haber centrado su actividad en la búsqueda de nuevas figuras impositivas y en el aumento de las existentes para después hacer una administración de los fondos que deja mucho que desear. «Pensamos que si nosotros y los ciudadanos en general tenemos que sacrificarnos y apretarnos el cinturón, el Ayuntamiento no puede adoptar una actitud consistente en aumentar más la presión fiscal. Creemos que tiene que existir una colaboración real entre el Ayuntamiento y la empresa privada, de forma que se haga un estudio serio de los impuestos locales y se realice una simplificación de los mismos», según el vicepresidente de la asociación de los empresarios madrileños. Gonzalo Pascual citó como ejemplos especialmente abusivos los impuestos sobre contribución territorial rústica, contribución territorial urbana y la licencia fiscal del impuesto industrial, además de las tarifas por publicidad y el impuesto sobre circulación de vehículos.Carlos Martínez Echevarría, presidente de la comisión fiscal de la CEIM, añadió que el Ayuntamiento, a base de aumentar la presión fiscal, ha conseguido en el espacio de dos años duplicar sus presupuestos ordinarios de forma que de los 24.500 millones de 1979 ha pasado a 48.600 millones en este año. «El empresariado madrileño ha sufrido durante este tiempo un fortísimo aumento en sus contribuciones. Además, hay que tener en cuenta que los empresarios tienen que tributar como tales y además como cualquier ciudadano normal».

A preguntas de los periodistas, Martínez Echevarría dijo que no podían cuantificar el coste que les supone la presión fiscal municipal. En relación con la carga fiscal estatal, Martínez Echevarría mantuvo que, en conjunto, podía parecer más fuerte la presión fiscal estatal, pero que, de hecho, no era así, por cuanto si no hay beneficios o éstos son bajos, el Estado modifica las cantidades de sus impuestos, mientras que al municipio hay que pagarle de todas formas, sin importar si la empresa tiene beneficios o está en la ruina más absoluta.

Críticas a la EMT

Los portavoces de la CEIM prosiguieron sus críticas al equipo de gobierno municipal al referirse después al miedo que les da la tendencia a municipalizar las empresas de servicio. «Sería un grave error», dijeron, «porque si cogemos el ejemplo de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), resulta que el coste que supone es totalmente inaceptable. Según nuestros datos, el kilómetro recorrido por un autobús de la EMT cuesta 140 pesetas. Nosotros podemos asegurar que con autobuses gestionados por la empresa privada, con asientos reclinables, aire acondicionado y toda tipo de comodidades, el kilómetro no tiene por qué costar más de ochenta pesetas. Ocurre entonces que, por mala organización de una empresa, el ciudadano madrileño está viendo que sus fondos están siendo mal administrados».