Silencio del Consejo de Justicia Militar sobre el solicitado procesamiento de los guardias asaltantes del Congreso

El Consejo Supremo de Justicia Militar, reunido en sala de justicia, ha denegado la declaración de nulidad de actuaciones solicitada por varios defensores de los golpistas del 23-F, por el cese y nombramiento de varios miembros del citado Consejo Supremo, cuyo pleno constituirá el tribunal para juzgar esa causa.

En su resolución, el Consejo Supremo señala que el cese de los consejeros es un acto administrativo y no judicial y que los miembros designados reúnen las condiciones exigidas en el código marcial.La agencia Europa Press, al dar cuenta de esta noticia, recoge nuevamente la argumentación de los defensores de los golpistas en relación con los cuales escribe Lorenzo Contreras en su crónica política de Hoja de Lunes lo siguiente: «Dentro, en la sala de vistas, una posibilidad se abre: que los defensores, invocando agravios o limitación de pruebas, hagan del consejo de guerra un Burgos de signo inverso, y así como en la capital castellana se procesó al franquismo, diez años después sea la democracia quien padezca la vicisitud».

En otra resolución, el Consejo Supremo de Justicia Militar responde a los defensores que argumentaban con las declaraciones del ministro del Interior, Juan José Rosón, a las señoritas periodistas que desayunan en el hotel Ritz. El órgano de la justicia castrense estima que las citadas declaraciones «no se refieren a los hechos procesales en forma que pudieran afectar con carácter jurídicamente relevante a los mismos, y que, además, el Consejo Supremo carece de facultades jurisdiccionales de control de los actos administrativos o políticos de los miembros del Consejo de Ministros».

Algunos observadores consideran que esta alusión a las facultades de que carece el Consejo Supremo de Justicia Militar está llena de reticencia hacia el Gobierno. En apoyo de las diferencias entre el máximo órgano de la justicia militiar y el Gobierno, las mismas fuentes aducen también su extrañeza por la falta de respuesta a la petición que a través del fiscal togado ha formulado el ministro de Defensa, para que se procese a los guardias civiles que participaron en el asalto al Congreso de los Diputados.

Medios castrenses de toda solvencia han declarado a EL PAIS su extrañeza por la decisión de cerrar el sumario con un solo procesamiento civil, el correspondiente a Juan García Carrés. Se sabe y así lo informó al Pleno del Congreso el 17 de marzo el ministro de Defensa, Alberto Oliart, que el Gobierno había decidido constituir un grupo especial para la investigación de la trama civil del golpe.

Toda la profusa literatura y la abundante bibliografía sobre el golpe y los golpistas del 23-F pasa de puntillas sobre la trama civil, manifestaba un coronel de probada lealtad al sistema constitucional la pasada semana, al informar a EL PAIS que el citado grupo encargado de investigar las implicaciones civiles, integrado por seis personas, apenas llegó a celebrar dos reuniones, la última de las cuales tuvo lugar el pasado abril. Desde entonces, señaló el aludido coronel, todo es silencio.