La situación de la vivienda/ y 2

y EDUARDO HERNANDEZEl intento de salir de la crisis tomando como horizonte el que se daba en el sector de la construcción en los años sesenta y comienzo de los setenta (1), sin ninguna medida de reestructuración y haciendo caso omiso de las necesidades de la demanda, sólo puede acabar en un nuevo fracaso, al que parece tender el actual plan de vivienda, cuyos responsables no han procurado, hasta el momento, evitar los errores de los anteriores. Pero esta situación, que se agrava cada día que pasa, no se puede prolongar indefinidamente, dejando sin solución a multitud de familias mal alojadas.

En las circunstancias descritas, la única posibilidad real de acometer el problema de la vivienda padecido por las capas económica y socialmente más débiles, paliando, en consecuencia, la crisis del sector de la construcción, pasa por una decidida intervención del Estado a todos los niveles. En primer lugar, reduciendo los costes, mediante la gestión pública, de suelo y planeamiento, con la adopción de medidas para activar el desarrollo técnico y laboral del. sector, y haciéndose cargo de gran parte de la promoción los entes públicos. En segundo lugar, ajustando las condiciones económicas a las posibilidades de la demanda, promoviendo viviendas de alquiler y con la creación de subvenciones y créditos especiales. Sin embargo, la política seguida hasta hoy por el Gobierno ha sido diametralmente opuesta.

- El decreto de Agilización de Planes de Urbanismo, de junio de 1977, y el decreto de Creación de Suelo, de 14 de marzo de 1980, instrumentan la reducción de los controles que la legislación urbanística imponía a la iniciativa privada, permitiendo la privatización del suelo público que, incluso, podría cederse gratuitamente (2).

- Las revisiones periódicas del módulo de viviendas han triplicado el precio inicial de venta de las de promoción directa en los últimos cinco años.

- La promoción pública está en constante retroceso, representando porcentajes mínimos de las viviendas protegibles (10% en el plan trienal). Hay que añadir que en el primer trimestre de 1981 sólo se ha invertido el 10% de las previsiones.

- Las condiciones se han hecho inalcanzables, al disminuir el número de viviendas de promoción pública y endurecerse sus condiciones económicas (por la supresión del 30% de subvención a fondo perdido y del 75% de las cantidades aplazadas sin interés), ofreciéndose, como única salida, las viviendas públicas de iniciativa privada en las condiciones de 15% de entrada y el resto a amortizar en doce años con un 11% de interés. A pesar de los matices antipopulares de esta política de la derecha, a cargo del Gobierno de UCD, no ha sido, hasta la fecha, contestada por la izquierda parlamentaria, por lo que no ha encontrado obstáculos importantes en su puesta en práctica, ya que, en lo esencial -es decir, el posible relanzamiento económico- hay un nivel de coincidencia, sin tenerse en cuenta el grado de satisfacción de las necesidades. Así pues, no existe una política alternativa de izquierdas, cuya actuación como oposición dentro del marco institucional queda reducida a la crítica de al gunos aspectos de las medidas del Gobierno y a la negociación de programas municipales insignificantes con el MOPU (por ejemplo, las cuatrocientas viviendas para el municipio de Madrid). Tampoco es ninguna solución el fomento del cooperativismo que, desarrollado. en el marco actual, se convierte en una simple comunidad de propietarios, asequible únicamente a la elite obrera y a la pequeña burguesía.

La causa de los pírricos resultados que está obteniendo la izquierda parlamentaria se encuentra, en nuestra opinión, en que ha evitado enfrentarse con los intereses políticos y económicos que obstaculizan la satisfacción de las necesidades sociales de las capas trabajadoras que les votaron. Su opción política se ha dirigido -en el terreno municipal- a la gestión de los problemas, dentro del estrecho marco institucional heredado del franquismo, verdadera camisa de fuerza de las reivindicaciones populares. Pero es que, además, no ha sido capaz -en muchas ocasiones- de crear los instrumentos técnicos o administrativos requeridos por las pocas iniciativas que ha tomado. En este momento, el hecho de que, entre los objetivos de la revisión del Plan General de Madrid en curso, no figuren políticas de vivienda parece indicar una renuncia, por su parte, a afrontar el problema.

Sin ánimo, de alimentar nuevas ilusiones esbozando una política alternativa, si nos parece oportuno indicar algunos criterios generales. Cualquier alternativa que merezca ser considerada debe partir de la estimación de las necesidades globales a nivel municipal), de le creación del patrimonio público de suelo correspondiente y de la intervención del Estado en la gestión y promoción. De ser asumidos estos principios en un programa unitario municipal de izquierdas, con objetivos sociales precisos y contando con la colaboración de los sindicatos -por el problema del paro- y la movilización popular, dejaríamos atrás no sólo la utopía, sino también el actual desencanto.