Responsabilidad ante la crítica

LA DENUNCIA de un periódico madrileño contra el alcalde de San Fernando de Henares, militante del Partido Comunista, por supuestos abusos, legales o morales, en la percepción del subsidio de desempleo ha dado lugar a inmediatas y concretas réplicas del propio interesado, del Ministerio de Trabajo, del comité ejecutivo provincial de Madrid del PCE y de la mayoría de los concejales de ese municipio, todas ellas dirigidas a explicar con pelos y señales hasta el último rincón del caso y a defender la honorabilidad del acusado.Sin entrar en el fondo del asunto, sobre el que existe ya información suficiente para que cada cual formule su propio juicio, merece la pena resaltar la sensibilidad de los afectados por el incidente para acusar recibo ante la opinión pública de la censura y tratar de esclarecer, con pruebas documentales, datos y argumentos, su conducta. Creemos que esas actitudes son muestra de unos reflejos democráticos que deberían caracterizar a todos los que desempeñan funtiones públicas en este país, especialmente si han sido elegidos directamente por los ciudadanos. Porque una de las más lamentables estampas de nuestra vida política es precisamente tanto la obstinada resistencia de los usufructuarios del poder a dar la cara ante las críticas, como la inerte pasividad con que los responsables de la cosa común -recuérdese el caso de las intoxicaciones mortales producidas por aceites adulterados- encajan, atrincherados en el silencio, las protestas por sugestión a la espera de que la tormenta amaine.

Es cierto que la mecánica del seguro de desempleo crea ámbtos para los abusos, para la picaresca e incluso para las estafas. Esto no significa, obviamente, que esa forma de redistribución de los fondos públicos, cuya necesidad es tan indiscutible como la conveniencia de impedir los fraudes a su costa, sea el único vivero de aprovechados y bribones. Recordemos así que todavía se halla pendiente de discusión en el Congreso la ley de Incompatibilidades, cuyo primer proyecto fue torpedeado por el Grupo Parlamentario Ceritrista, a propuesta de su portavoz ante el estupor del propio Gobierno.

En este sentido, el comentario de José María Alvarez del Manzano, concejal de UCD en el Ayuntamiento de Madrid, a propósito de la denuncia contra el alcalde de San Fernando de Henares, sigue siendo válido como afirmación general, aunque no resulte aplicable a Angel Fernández Lupión. Es indiscutible, en efecto, que el ejercicio profesional de alcalde resulta incompatible con el cobro de subsidio de desempleo, conclusión a la que también llegó por su cuenta el alcalde de San Fernando. Ahora bien, sería deseable que los portavoces del partido centrista, en el Parlamento o en los Ayuntamientos, no limitaran su lucha contra la corrupción a los abusos en la percepción del seguro de paro, sino que la extendieran a todos los demás campos del entramado social y de la vida pública.

Por ejemplo, todavía desconocemos las razones por las que un sector de UCD considera la cosa más natural y pura del mundo percibir remuneraciones múltiples del Estado. Porque no resulta fácil comprender la «admisibilidad ética» de que una misma persona, generalmente respetuosa con el sano principio de que hay que reservar horas del día para el sueño, las comidas, la vida familiar, la lectura y los ocios, pueda ser al tiempo diputado o senador, concejal, funcionario público, consejero de empresas estatales y ministro, subsecretario, director general o asesor remunerado de altos cargos de la Administración. Sobre todo cuando tiene el trabajo complementario de recoger mensualmente los respectivos sobres en tantas y tan variadas ventanillas.