El proceso autonómico no debe aumentar el gasto público ni los privilegios interterritoriales

01 jul 1981 - 00:00CEST

Ni más privilegios, por la desigual valoración del coste de los servicios y de los bienes públicos de cada comunidad, ni mayor gasto por aumento de burocracia son las conclusiones básicas que se desprenden del documento sobre Financiación de las comunidades autónomas entregado formalmente ayer por los cuatro expertos económicos al Gobierno y al PSOE. En el informe destaca también la filosofía de la próxima ley del Fondo de Compensación Interterritorial, según la cual se garantizan los bienes públicos que disfrutan actualmente las comunidades más ricas, pero se estima que los generados en el futuro deberían situarse preferentemente en las zonas menos desarrolladas de España.El mecanismo de redistribución previsto por los expertos que han redaclado el documento de 164 páginas está basado en el reparto de la inversión pública. Este podría ser uno de los puntos más discutidos entre Gobierno y oposición, aunque tanto técnicos gubernamentales como socialistas que han conocido los últimos borradores del informe durante la semana pasada han mostrado su conformidad con las líneas generales del mismo. La discusión se centrará, al parecer, en el porcentaje de la inversión pública -actualmente fijado en el 30%- que cada año deberá destinarse a redistribuir recursos desde regiones ricas a regiones pobres.

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Texto íntegro de las conclusiones y recomendaciones del informe

Si la inversión pública bruta para el próximo año ronda los 800.000 millones de pesetas y se descuenta de ella la cantidad destinada a gastos de inversión para mantenimiento de los servicios transferidos y los gastos de defensa, considerados como de consumo en términos de contabilidad nacional, quedaría una cifra de inversión real neta próxima los 400.000 millones de pesetas.

La asignación actual del 30% sobre las nuevas bases recogidas en el informe supondría unos 120.000 millones, que se repartirían entre todas las comunidades autónomas en proporción inversa a su nivel de desarrollo, medido éste a través de una fórmula polinómica que recoge distintas variables.

Medios socialistas han comentado a este periódico sus quejas por lo que consideran una asignación ridícula, dados los grandes desequilibrios regionales de España y lo exiguo de la inversión pública como único mecanismo de redistribución de los recursos obtenidos por el Estado.

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El informe de los expertos económicos propugna una autonomía sin privilegios ni aumentos del gasto

Los expertos piden que esta programación no esté contenida en la ley del Fondo, que no se alterará en cinco años, Y recomienda que «la forma más adecuada de acometer una planificación regional es en el marco de una planificación general de la economía, prevista en el artículo 131 de la Constitución».El documento incluye un resumen de conclusiones y recomendaciones que reproducimos textualmente en estas páginas, y contiene, además, cuatro grandes capítulos. El primero se refiere al propósito y contenido global del informe. El segundo fija los criterios generales, consideraciones previas, principios inherentes al esquema financiero (acotación de competencias, distribución sucesiva de las mismas, autonomía financiera e internacionalización de costes y la necesidad de una coordinación creciente) y criterios para el desarrollo del proceso de transferencias, tales como economicidad, compromiso de consistencia interna y continuidad del proceso. ,

El tercer capítulo trata de los mecanismos de financiación de las comunidades autónomas. Destacan en él los distintos sistemas de financiación, según sea por concierto o convenio o por la LOFCA y los elementos de contacto que hay entre ambos sistemas. Se detiene con especial detalle en el sistema LOFCA, con su estructura general de financiación, la cobertura del coste de los servicios transferidos, el período transitorio y el definitivo, los mecanismos redistributivos, la garantía de un nivel mínimo de prestación de servicios públicos, el Fondo de Compensación, los programas de desarrollo regional y las necesidades de información económico-financiera.

En este capítulo, los expertos aclaran minuciosamente la base de cálculo utilizada para contar con la inversión pública nueva. Un apartado particular de este capítulo tercero va dedicado al sistema de concierto económico con el País Vasco, con la elaboración del proyecto de ley de cupo para el quinquenio 1982-1986 y el convenio económico con Navarra.

El cuarto capítulo analiza la coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas en materia económico-financiera.