El Gobierno pide el procesamiento de 11 guardias civiles que asaltaron el Congreso

El Gobierno está decidido a propiciar el procesamiento de los guardias civiles que más se identificaron con la actitud del Teniente coronel Tejero Molina durante el asalto al Congreso de los Diputados. Coincidiendo con esta decisión, el juez militar que instruye el sumario por la operación desestabilizadora detectada recientemente por la policía, decretó ayer la libertad del comandante Campos Pérez, con lo que tan sólo permanece a disposición judicial el comandante Sáenz de Ynestrillas -trasladado ayer a la Audiencia Nacional-, al que el Ministerio del Interior aplicó la ley Antiterrorista tras su puesta en libertad por el juez militar.

El Gobierno instruirá al fiscal togado del Consejo Supremo de Justicia Militar para que solicite de la a la de Justicia el procesamiento de los once guardias civiles que dieron más pruebas de identificación con los propósitos del teniente coronel Tejero durante el asalto al Congreso. Esta decisión ha sido adoptada una vez concluido el sumario por el juez instructor, general José María García Escudero, que ayer elevó sus actuaciones al mencionado Consejo.José María García Escudero, consejero togado, fue designado juez especial de la causa 2/81, «instruida en averiguación de los sucesos del pasado 23 de febrero, que culminaron con el asalto al Congreso de los Diputados», según los términos de la nota que ayer hizo pública la oficina de Prensa del Ministerio de Defensa. La designación se hizo mediante Real Decreto de 26 de febrero, acordado en el primer Consejo de Ministros celebrado por el actual Gobierno.

Las actuaciones del juez especial que ha lleva o a cabo la instrucción de la causa 2/81 incluyen todas las diligencias practicadas que corresponden al período sumarial. Su elevación al Consejo Supremo de Justicia Militar se hace en cumplimiento de lo preceptuado en los artículo 712, 842 y concordantes del vigente Código Marcial.

El artículo 712 establece que, «practicadas por el instructor todas las diligencias que considere necesarias para la comprobación del delito y averiguación de las personas responsables, hará un resumen detallado de todas las actuaciones y, sin exponer su parecer sobre la resolución que pueda adoptarse, elevará la causa al auditor con todas las piezas de responsabilidad civil y prisión, en su caso».

A tenor del artículo 101, la causa 2/81 debe ser conocida en primera instancia por el Consejo Reunido -integrado por los consejeros y el secretario, sin los fiscales-, ya que los delitos han sido cometidos por un teniente general con rrando y otras autoridades militares que ejercían jurisdicción.

El procedimiento continúa ahora, según las prescripcionesdel artículo 842. Corresponde en esta fase al fiscal togado informar sobre posibles omisiones o defectos esenciales en las diligencias sumariales, que, en el caso de existir, serán subsanadas por el instructor. En consecuencia, el Gobierno se ha dirigido al fiscal en el momento procesal oportuno para que solicite el procesamiento de los once guardias civiles más arriba aludidos, especialmente destacados en el asalto al Congreso de los Diputados. Fuentes solventes aseguran que en esa misma línea se expresó con toda rotundidad el propio director de la Guardia Civil, general Aramburu Topete.

El Consejo Reunido, tal como ha sido descrito, acordará lo que proceda, ante el informe que evacue el Fiscal togado, conforme al número cuatro del citado artículo 842: «Ampliación de diligencias por el juez especial o elevación de las actuaciones a plenario, con nombramiento de consejero instructor». La agencia Europa Press precisa en uno de sus despachos que la causa 2/81 tiene ya más de 6.000 folios. Cuando el Consejo Reunido decida la elevación de las actuaciones a plenario, la causa pasará al fiscal jurídico militar, quien, en el plazo de cinco días, debe formular el escrito de conclusiones provisionales.

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33 procesados en el sumario del 23-F