La política financiera, social, regional y agraria de la CEE cambiará sustancialmente

La Comisión Europea, órgano ejecutivo y burocrático de la Comunidad Económica Europea (CEE), hará público hoy en Luxemburgo el proyecto de reformas a las que deberán ser sometidos los actuales sistemas de financiación del Mercado Común, así como las políticas social, regional y, sobre todo, la política agrícola común. Del debate y aprobación de este proyecto, que es crucial para el futuro de la CEE, y que no comenzará, a petición de Francia, antes del próximo mes de septiembre, depende la reanudación de las auténticas negociaciones para la adhesión de España al Tratado de Roma.El proyecto fue «puesto a punto» el pasado fin de semana por los catorce comisarios, reunidos en el balneario de Knokke-Lezoute, y se mantiene en el más estricto secreto. El presidente de la Comisión, el liberal luxemburgués Gaston Thorn, no dejó que ninguno de sus colegas se quedara con una copia de los veinticinco folios que integran el informe, para evitar filtraciones a la opinión pública antes de que el texto llegue a manos del Consejo de Ministros, quien debe decir la última palabra.

Pese a todo, se sabe ya que, en líneas generales, la Comisión, que fue encargada de realizar este trabajo el 30 de mayo del año pasado, a raíz de los problemas causados por la negativa británica a seguir contribuyendo al presupuesto comunitario de la forma en que lo venía haciendo desde su adhesión, ha rebasado el «mandato» de los ministros y presenta un proyecto que implica una seria revisión de prácticamente todos los capítulos de la política comunitaria.

En el sector concreto de la agricultura, que exige actualmente más del 70% del presupuesto anual de la CEE, los comisarios proponen la acomodación progresiva, durante diez años, de los precios pagados por el Mercado Común y los precios mundiales. Más polémico aún, el proyecto quiere ampliar la corresponsabilidad de los agricultores que se dediquen a los llamados «productos excedentarios», así como el equilibrio de los precios de garantía entre los productos nórdicos y los mediterráneos.

El proyecto no incluye ninguna solución definitiva para el «problema británico». Pese a las reformas que puedan ser Introducidas, el Reino Unido, dadas sus especiales características, seguirá beneficiándose muy escasamente de la política agrícola común, por lo que su contribución al presupuesto comunitario seguirá siendo escandalosamente superior a las ventajas que le reporta su pertenencia a la CEE.