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Más de 700 emigrantes y exiliados, pendientes de convalidar sus títulos

Rosa Rivas

El 5 de diciembre de 1980 apareció en el BOE una orden, del entonces Ministerio de Universidades e Investigación, que desarrollaba el real decreto de 31 de julio de dicho año sobre convalidaciones de estudios superiores y títulos universitarios extranjeros obtenidos por españoles exiliados políticos o emigrantes. A comienzos de 1981 -ya con el Ministerio convertido en Secretaría de Estado-, los acogidos a esta convocatoria especial empezaron a preocuparse: su integración profesional en España dependía de un trámite del que pocas o ninguna noticia tenían. En estos días ha salido la respuesta en forma de convalidaciones.

«No puedo desarrollar mi profesión por culpa de la lentitud burocrática», se quejaban, en mayo, Miguel Perea y Bernardo Moreno, ambos exiliados y titulados por la Sorbona en Historia y Filología, respectivamente, a la vez que trabajadores eventuales -camareros, traductores, vendedores-. El segundo ha tenido suerte. Su expediente es uno de los 32 primeros tramitados, cuyos destinatarios están recibiendo destinatarios están recibiendo ahora la notificación de que su título también vale aquí. «Cuando preguntábamos por nuestros papeles en trámite, sólo nos decían que estaban en las comisiones de convalidación, sin dar fechas o datos exactos de los pasos a seguir. Y ¿quién nos aseguraba que el expediente no estaba perdido?», dice Perea, pues el otro solicitante, precisamente, suspendió, en junio de 1980, la reválida exigida en el sistema normal de convalidaciones, y, al exigir del tribunal la copia de su examen le dijeron que se había extraviado. Por otra parte, también a primeros de mayo, EL PAIS dejó un cuestionarlo en la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, en el servicio de convalidacíones, y el secretario general técnico lo ha recibido al cabo de un mes.

Alberto Gutiérrez Reñón, responsable de la Secretaría General Técnica de Universidades, intervino en el equipo de Luis González Seara, en la prepara ción del procedimiento especial de convalidacíones para los titulados exillados y emigrantes que pretende «su reincorporación al quehacer cultural y económico de España. A su juicio, la lentitud en la legitimación española del título extranjero no se debe «al abandono burocrático». Admite, que los funcionarios se han encontrado con una avalancha de trabajo y que, a partir de ahora, «con la gente acostumbrada -tuvieron que nombrarse catedráticos para las comisiones de convalidación, establecerse criterios-, se acortará el plazo de concesión». Plazo que no fija el decreto.

Un lento camino

Hay dos procedimientos a los que los titulados superiores y universitarios en el extranjero puede acogerse normalmente: uno, en el que, tras el informe que sobre el expediente académico hace la Junta de Universidades, revisado por el Ministerio de Educación, el interesado debe revalidar sus conocimientos ante un tribunal; otro, en el que, mediante convenio, la convalidación es poco menos que automática. Y la dife.rencia de tiempo es notable: de seis meses a un año en el sistema ordinario y unos quince días en el trámite de legalización diplomática del convenio.El 5 de diciembre de 1980 se publicó y desarrolló en el BOE un real decreto de julio de ese año que fijaba un sistema especial -y supuestamente más ágil- para que los residentes españoles en el extranjero -el exilio político y el económico- pudieran volver y ejercer aquí su profesión. Hasta el momento, han sido 732 los titulados que han optado por esta vía y, al parecer, cerca de quinietos habían presentado un expediente incompleto, algo que, según fuentes oficiales, ha contribuido al retraso de los trámites.

El camino de las convalidaciones especiales ha resultado similar al de las normales: seis meses, y también son parecidos los factores que influyen en la lentitud. En todos los casos, los títulos deben comprobarse, pidiendo informes a las universidades o centros extranjeros correspondienles. «Hay que poner filtros para evitar falsificaciones. El Estado debe garantizar el ejercicio responsable de las profesiones.

La petición de documentos, aun por vía diplomática, también resulta lenta, y esto se alarga en el caso de los refugiados políticos, por las condiciones especiales -incluso ilegales- de su partida. Pero un nuevo elemento de tardanza son los propios títulos, nues muchos de ellos no están recogidos en la tabla española de equivalencias -por ejemplo, el título suizo de ebanista, o el francés de ingeniero en máquinas agrícolas-. Sin embargo, para las titulaciones no españolizables, el citado decreto prevé la acreditación general, a todos los efectos, de doctor, licenciado o diplomado.

«Se ha tratado de ofrecer a exiliados y emigrantes un régimen más favorable de convalidación, sin reválida, como el de los convenios», explica Gutiérrez Reñón. Pero sucede que España tiene conciertos en materia educativa con los países hispanoamericanos- está previsto un convenio con México y Brasil, no así con Cuba-, y no con los principales países europeos -a excepción de Italia-. La mayoría de los solicitantes de la convalidaclón especial ha cursado sus estudios en Francia, Inglaterra, Suiza y Alemania Occidental.

Al cuello de botella que se forma con la espera del envío de acreditaciones por parte de los distintos centros expendedores de títulos, hay que añadir -según los propios funcionarios- la falta de cohesión entre los negociados que intervienen en la resolución de convalidaciones y a más alto nivel, entre los organismos que entran en juego: universidades, ministerios y centros autónomos.

Esta es una de las cuestiones a las que hizo referencia la diputada comunista Eulalia Vintró en la pregunta que presentó en el Parlamento el pasado 4 de mayo, a propósito del «silencio administrativo ante las reiteradas peticiones de información». También se planteaba si la separación, en 1979, del departamento de convalidaciones de títulos universitarios del Ministerio de Educación -donde se tramitan los de enseñanza media- y el reciente cambio de Ministerio a Secretaría de Estado de Universidades e Investigación han influido en la lentitud del procedimiento.

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Sobre la firma

Rosa Rivas
Periodista vinculada a EL PAÍS desde 1981. Premio Nacional de Gastronomía 2010. Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense. Master en Periodismo Audiovisual por Boston University gracias a una Beca Fulbright. Autora del libro 'Felicidad. Carme Ruscalleda'. Ha colaborado con RTVE, Canal +, CBS Boston y FoolMagazine.

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