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Se retrasa la entrega al Gobierno y al PSOE del dictamen sobre la financiación de las autonomías

El informe sobre cuestiones económicas y financieras de las comunidades autónomas, elaborado por un equipo de expertos, bajo la dirección del profesor García de Enterría, podría no ser entregado hoy formalmente al Gobierno ni al PSOE, en contra de informaciones difundidas ayer que tenían su origen en unas declaraciones de Leopoldo Calvo Sotelo efectuadas el domingo en Granada. Una fuente gubernamental manifestó anoche que la entrega del documento se retrasaba por encontrarse ausente de Madrid García de Enterría.

Sin embargo, la fuente reconoció que aspectos del dictamen son conocidos ya por miembros del Gobierno. No se descarta, por tanto, que la entrega formal se posponga, por razones políticas, para dar lugar a que en la reunión de mañana el Gobierno y el PSOE introduzcan modificaciones previas.Asimismo sufrirá algún retraso la entrega del proyecto de la ley orgánica de ordenación del proceso autonómico, cuya elaboración figuraba entre las recomendaciones del primer dictamen elaborado por siete juristas bajo la dirección, también, de García de Enterría. Leopoldo Calvo Sotelo manifestó el pasado domingo en Granada que en uná reunión prevista para hoy entre miembros de su Gabinete y una delegación del PSOE, se haría entrega del dictamén antes citado y de este proyecto de ley orgánica de desarrollo del título VIII de la Constitución. Este proyecto de ley, aunque se encuentra casi ultimado, todavía no se ha concluido.

El objetivo central de este segundo dictamen es la fijación de los criterios que permitan desarrollar la ley orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), pieza clave para la ordenación hacendistica del nuevo Estado autonómico.

Dentro de este objetivo general, destaca la necesidad de la puesta en marcha de inmediato del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas, que tiene atribuidas importantes competencias y cuya constitución condiciona a su vez la del Fondo de Compensación Interterritorial, que ha de figurar en los Presupuestos Generales del Estado para 1982. Al Consejo de Política Fiscal y Financiera le corresponde fijar los,criterios para la distribución de los fondos de compensación y también, y aquí viene lo conflictivo a corto plazo, revisar las valoraciones de los servicios transferidos a las comunidades autónomas y las de los servicios cuya gestión se reserva la Administración central.

El equipo, de expertos constituido por Jaime Trebollez, Miguel Angel Fernández Ordóñez, José Víctor Sevilla y Francisco Fernández Marugán concluye en su dictamen que es necesario proceder a una revisión de las valoraciones que han permitido fijar el cupo provisional que la comunidad autónoma vasca ha de satisfacer al Estado por las competencias no asumidas por la Administración autónoma.

Un miembro de este equipo de expertos manifestó recientemente, a título particular, que, en virtud de esta valoración del cupo, la comunidad autónoma vasca retendría en su favor no menos de 10.000 millones de pesetas que realmente deberían revertir a la Hacienda general.

Contra este criterio de revisión del cupo provisional y lo que ello supondría para la fijación del cupo definitivo para los años 1982 a 1985 se ha pronunciado en días pasados el Gobierno vasco en términos tajantes, hasta el punto de amenazar con la creación de otra comisión de expertos que demuestre lo contrario; es decir, que el cupo está sobrevalorado porque no tiene en cuenta la pérdida de renta registrada en los últimos años en la comunidad autónoma vasca.

El problema de la revisión del cupo será el tema central de la entrevista que mantendrán el jueves el presidente del Gobierno y el lendakari vasco.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 23 de junio de 1981

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