El juez declara fraudulenta la suspensión de pagos de las cuatro sociedades de Sofico

Seis años después de que el grupo Sofico presentase la suspensión de pagos de sus sociedades: Sofico Renta, Sofico Inversiones, Sofico Vacaciones y Sofico Servicios Turísticos, el juez especial civil que viene conociendo de los expediente de suspensión de pagos de estas sociedades ha declarado fraudulenta la insolvencia de la primera, al estimar que su pasivo es superior al activo.

En el fallo de la resolución judicial se dice: «... Estimando la demanda producida por el ministerio fiscal en este proceso de calificación seguido contra Sofico Renta, SA, debo declarar y declaro fraudulenta la insolvencia definitiva de la expresada compañía, con todas las consecuencias inherentes a las personas de quienes fueron sus representantes y administradores ». La resolución judicial ha venido a dar la razón a los abogados que defienden los intereses de los 17.000 afectados de Sofico Renta, que siempre calificaron de quiebra la situación real de esta sociedad.La consecuencia inmediata de la resolución judicial es que quienes fueron representantes y administradores de Sofico Renta deberán cubrir con sus bienes personales la diferencia existente entre activo y pasivo. Constituida en escritura pública el 27 de junio de 1969, Sofico Renta estaba dirigida en 1974 por un consejo de administración del que formaban parte Eugenio Peydró, como presidente e impulsor del grupo de empresas Sofico; Eugenio Peydró Brillas, hijo del anterior, como consejero delegado; Rafael Cavanilles Prosper, teniente general; Hipólito Jiménez y Jiménez, abogado; Segismundo Martín Laborda, magistrado, que dimitió en abril de 1974; José María López Pelegrín, intendente de Hacienda, quien también dimitió antes de producirse la suspensión de pagos; Juan Losada, coronel de la Guardia Civil y jefe de seguridad de la Casa Civil del anterior jefe del Estado; Juan Martín Pariente, abogado y teniente coronel de Intendencia del Aire, y Luis Nieto Antúnez, ya fallecido.

Casi 3.000 millones de déficit

La suspensión de pagos de Sorico Renta fue presentada al juzgado el 2 de diciembre de 1974 con un balance de la situación económica, del que resultaba un activo de 3.905.802.720 pesetas por un pasivo de 3.221.052.884 pesetas. El superávit alcanzaba la cifra de 684.479.876 pesetas. Sin embargo, el balance oficial definitivo, una vez terminada la labor de la administración judicial, dio el siguiente resultado: activo: 1.231.614.599 pesetas; pasivo: 4.014.872.585 pesetas; déficit: 2.783.257.986 pesetas.

Actualmente, los miles de afectados de Sofico Renta, que invirtieron en dicha sociedad una media de unas 260.000 pesetas, tienen posibilidad de recuperar alrededor del 30% de sus inversiones. El bien más importante del patrimonio de Sofico Renta, constituido por el conjunto urbanístico Marbella-2, en la Costa del Sol, fue vendido a principios de este año por la comisión liquidadora constituida por los afectados a la compañía mercantil Castellana-13, ligada al Banco de Descuento. La transacción fue cerrada en 1.100 millones de pesetas, de los que cien millones han sido destinados para saldar las deudas de Sofico con el Tesoro público, y el resto será abonado a los acreedores en distintos plazos de aquí a 1984.

Al estallar en 1974 el escándalo Sofico (un total de 25.000 afectados que invirtieron sus ahorros traídos por una buena campaña de publicidad que garantizaba el 12% de rentabilidad neta anual) fueron nombrados dos jueces especiales: uno en el ámbito penal, para resolver las numerosas querellas criminales formuladas por los afectados, y otro en el ámbito civil, para tramitar la suspensión de pagos de las empresas del grupo Sofico. El primero procesó en mayo de 1976 a Eugenio Peydró Salrherón y a su hijo Eugenio Peydró Brillas, presidente y consejero delegado, respectivamente, del grupo Sofico, como presuntos autores de un delito de estafa, a los que exigió en concepto de fianza civil el depósito de 6.000 millones de pesetas. En diciembre del mismo año, el juez especial penal remitió las actuaciones a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, por estimar que los indicios de culpabilidad en el caso Sofico se extendían a personas sujetas, por su cargo en la Administración, a la jurisdicción de dicho tribunal. Actualmente, la tramitación de las querellas formuladas por los afectados por el escándalo Sofico ha sido confiada a la Audiencia Nacional, que ha designado el correspondiente juez especial.

Juez especial

En el ámbito civil, la tramitación de la suspensión de pagos de las sociedades del grupo Sofico está actualmente en manos de un juez especial que sucedió en esta tarea al designado en un principio, que fue el magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo, José Ignacio Jiménez Hernández. Este último debió abandonar este cometido al quedar en situación de excedencia en la carrera judicial como consecuencia de haber sido elegido miembro del Consejo General del Poder Judicial.