El Gobierno aprueba un conjunto de medidas para la aplicación del acuerdo sobre el empleo

El Consejo de Ministros aprobó ayer distintas medidas de aplicación del acuerdo nacional sobre el empleo, entre ellas: la elevación del salario mínimo, extensión del seguro de desempleo a trabajadores fijos del campo, decretos sobre control de empleo, recaudación ejecutiva de cuotas a la Seguridad Social por parte de empresas no declarantes, racionalización del sistema de Seguridad Social y agilización de los trámites para los expedientes de regulación de empleo.El Gobierno autorizó el gasto de más de 3.246 millones de pesetas en dotación de vehículos policiales, motocicletas para la Guardia Civil, radioteléfonos y otro material de las fuerzas de seguridad, así como para obras de construcción de la Escuela de Policía de Avila y un alojamiento para la Policía Nacional en La Coruña.

En materia de educación, el Consejo de Ministros aprobó diez decretos de creación de centros públicos de enseñanza, que supondrán la entrada en servicio, el próximo año académico, de cerca de 35.000 nuevos puestos escolares, la mayor parte de ellos en enseñanza profesional. Asimismo, el ministro de Educación informó al Consejo sobre el estado parlamentario del proyecto de ley de Autonomía Universitaria, y el Consejo dio su conformidad a que se hagan las gestiones necesarias cerca del grupo parlamentario del Gobierno para una rápida culminación del proceso legislativo.

En relación con el acuerdo nacional sobre el empleo, una de las medidas aprobadas por el Consejo se refiere al control de empleo, por el que se incrementan sistemas destinados a combatir el fraude en la percepción de las prestaciones por desempleo. A tal fin se pone en pleno funcionamiento el cuerpo de controladores de empleo, facultado para comprobar y controlar la exactitud de los datos relativos al cumplimiento de requisitos para la obtención de las prestaciones, su no compatibilización con el trabajo por cuenta propia o ajena y otras circunstancias.

El Consejo acordó igualmente la cobertura de las pérdidas registradas por las empresas Astilleros Españoles y Astano, lo cual implica la modificación del presupuesto del INI. El motivo de esta autorización -se explica en la ampliación de la referencia del Consejo- es solucionar la situación patrimonial de ambas empresas, lo que supone que el Instituto deberá facilitar 17.398 millones de pesetas a Astilleros, y 4.968 millones a Astano. También se aprobaron actuaciones urgentes, en el sector de producción, del aluminio primario electrolítico.

En cuanto a la ley sobre Infracciones de Pesca, tiende a procurar que los convenios negociados por España no sean puestos en peligro por las violaciones de nuestros barcos, así como a recuperar el máximo rendimiento sostenible de los recursos vivos de las aguas jurisdiccionales españolas. El proyecto propone la elevación de las sanciones por infracciones en materia de pesca, la ampliación del límite de faltas muy graves y el establecimiento de un procedimiento sancionador especial.

También se aprobó la campaña de regulación de carnes 1981/1982, cuyas principales novedades son la ampliación del automatismo de compra en régimen de garantía al sector porcino -ya venía practicándose para el vacuno- y se modifican los criterios para la salida al mercado de la carne congelada, que no podrá realizarse hasta que los precios de mercado se sitúen por encima del precio indicativo fijado.

El Consejo de Ministros acordó el envío a las Cortes de un proyecto de ley para la defensa del patrimonio histórico-artístico, así como un decreto por el que se establece una subvención adicional a las películas españolas de superior calidad o coste superior a 35 millones de pesetas.